Funcionarios del Ministerio de la Presidencia intentaron que el nuevo procurador Alberto Morales asuma el cargo, pero no fue posible por temas de formalidad.
Fuente: Página Siete / La Paz
La investigación de tres casos que involucran al Gobierno marcó la salida del procurador general del Estado, José María Cabrera. La autoridad saliente sostiene que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presionó para que se lo destituya por las investigaciones que estaba haciendo por el caso de los gases lacrimógenos y las observaciones que planteó a la privatización de Elfec.
“Sin duda alguna, como lo he expresado ayer (jueves), quien solicita y requirió vehementemente enfurecido la remoción del procurador Cabrera ha sido el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el cuestionamiento de la privatización de ENDE en un decreto supremo anunciado, pero que hasta ahora ningún ministro se atreve a firmar, porque es una ilegalidad y causará un grave daño económico al Estado”, afirmó el procurador destituido.
Agregó que la gota que rebalsó la paciencia del ministro Murillo fue su comparecencia ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa para informar sobre la investigación que siguen en la Procuraduría en el caso corrupción de gases lacrimógenos, para los cuales se hizo un requerimiento de informes en junio y a la fecha no fueron remitidos.
“El 24 junio, la Procuraduría abrió una investigación respecto al caso gases lacrimógenos y se realizaron dos requerimientos, uno al ministro de Defensa (Fernando López), quien cooperó. No sucedió lo mismo con el ministro Murillo, quien no cumplió con su obligación constitucional de cooperar sobre este caso. Se informó esto a la comisión legislativa, lo cual desencadenó la furia del ministro Murillo”, dijo Cabrera el jueves por la noche en una entrevista en Cadena A.
Después de esas declaraciones, para ayer al mediodía estaba prevista una conferencia del Procurador para dar detalles sobre los casos que investigó, no obstante funcionarios del Ministerio de la Presidencia, acompañados del nuevo procurador Alberto Morales Vargas, que fue designado por decreto supremo, intentaron que Cabrera deje el cargo.
Sin embargo, este último afirmó que no entregará el mando a Morales Vargas hasta que la transición se haga en Palacio de Gobierno con la toma de juramento, como establecen los procedimientos y las normativas.
Por tanto, anticipó que mientras él siga en funciones, no se paralizará ningún acto de investigación y en el caso que Murillo no responda el segundo requerimiento procuradurial, vencido el plazo, presentará una denuncia penal contra la autoridad por los delitos de obstaculización a la justicia, estorbar el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes.
Este medio buscó comunicarse con el ministro Murillo, pero no obtuvo respuesta y en comunicación afirmaron que de momento no se referirán al tema.
Primer caso
El 14 de septiembre, por el aniversario de Cochabamba, la presidenta Añez anunció que devolverá las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) a las familias del departamento y a los trabajadores de la misma.
Al respecto, Cabrera apuntó al ministro Murillo de querer privatizar la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través de la entrega de acciones de Elfec por una iniciativa de la autoridad, mediante un decreto supremo, cuando no le compete porque no es de su área, sino que debería ser presentado por el Ministerio de Energía.
Segundo caso
El segundo caso tiene que ver con la denuncia de la adquisición de agentes químicos de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC para ser entregados a la Policía. En días pasados, la Fiscalía General informó que las investigaciones continúan a la fecha con la toma de la declaración informativa del representante de la empresa Cóndor y de forma paralela se hará una auditoría forense.
Tercer caso
De forma paralela, Cabrera informó ayer que se emitió un dictamen procuradurial sobre el caso de la compra de 170 respiradores españoles, en los que se concluye que se hallaron actos ilegales y dolosos; además que se identificaron delitos de corrupción contra 13 personas, entre autoridades, exautoridades, funcionarios públicos, personas particulares y empresarios.