Pese a que la gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluye a finales de octubre, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en ambas cámaras, tiene en agenda al menos 122 peticiones de informe escrito, oral e interpelaciones contra autoridades del Ejecutivo, pero decidió dejar para la próxima legislatura temas como la ley de 10 por ciento para salud, créditos internacionales y la selección y nombramiento del defensor del pueblo.
Analistas consideran que este órgano del Estado perdió el norte.
“Tenemos 40 peticiones de informe escrito, 49 peticiones de informe oral y 33 interpelaciones. Estamos esperando que pasen las elecciones para programarlas de forma intercalada, día por medio”, informó la presidenta del Senado, Eva Copa.
Entre las convocatorias previstas están a los ministros de Economía, de Salud, directores de empresas estratégicas y otras.
“Nosotros necesitamos tener documentación. ¿Qué pasó con las operaciones conjuntas que hicieron, el 21 de enero, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana? ¿Por qué se compró en esos tiempos el equipamiento para la Policía? Necesitamos saber qué pasó con YPFB, BoA y Entel, además de pedir información sobre los contratos que tenemos con Brasil”, dijo Copa, luego de la notificación de censura a dos ministros, de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
“Esperemos que puedan, por lo menos, entregarnos los informes escritos”, dijo Copa en alusión a las autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que no respondieron a dichas peticiones ni asistieron a las convocatorias del Legislativo, para que brinden informes sobre la administración del Estado.
La ALP, que cesará en funciones en las próximas semanas, deja varios temas pendientes, desde la ley de 10 por ciento para salud hasta el nombramiento del nuevo defensor del pueblo.
De acuerdo con un análisis, durante los 14 años de mayoría que tuvo el MAS en el Legislativo, no llevó adelante cambios profundos en lo que se refiere a la salud, educación, empleo o trabajo, entre otros.
“Esta Asamblea deja pendiente, por ejemplo, la aprobación del 10 por ciento para salud, que, pese a esta pandemia y con el proyecto en mano, decidió no aprobar. No les importó la huelga de los médicos, el trabajo que desarrolló este sector en este periodo crítico”, dijo la politóloga Patricia Velasco.
Pero además tiene pendiente una reforma integral de la justicia, que de un tiempo a esta parte ha venido a menos.
Otro aspecto que queda pendiente es el poco trabajo desarrollado en lo que refiere la generación de empleo formal; al contrario, se generó un mayor mercado informal. Asimismo, quedó en el tapete la profundización de las autonomías departamentales.
A pesar de que la ALP anunció su tratamiento, también postergó el proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo. La actual defensora, Nadia Cruz, ocupa el puesto de manera interina.
La Presidenta del Senado afirmó que no hubo consenso con otras bancadas y que ya no alcanza el tiempo para nombrar al nuevo defensor.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, indicó que la elección de un nuevo defensor del pueblo será llevada a cabo por la próxima legislatura, puesto que ya no tienen tiempo en la actual.
También afirmó que el tema de los créditos estará paralizado hasta que el Gobierno presente informes sobre sus gastos.
Otra tarea pendiente, que no pudo concretarse por la gestión transitoria, fue el nombramiento de embajadores y los ascensos.
Analistas: ALP bloquea al Ejecutivo por cálculo
El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que el MAS se ha dado cuenta de que hay una serie de vacios legales, por lo que está aprobando leyes para blindarse. “Su objetivo es hacer la guerra y bloquear todos los proyectos que haya presentado el Ejecutivo, porque ya no maneja este órgano”, sostiene.
A su vez, el también abogado constitucionalista José Luis Santistevan señala que la actual Asamblea en su prórroga de gestión se dedicó a violentar lo que establecía su mandato, que era dar estabilidad y realizar un proceso electoral de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
“Mediante leyes y mediante actos, lo único que hacen es poner en riesgo la estabilidad democrática, además de dictar normas que nadie puede salir después de tres meses, arraigo, cuando ése es un tema eminentemente judicial, no corresponde a la Asamblea Legislativa generar ningún tipo de arraigo, viola el derecho de locomoción y el derecho a la legítima defensa. Además, están todas esas leyes que se han dictado en franca contravención a la Constitución”, afirmó.
Sin embargo, varios legisladores del MAS sostienen que en este periodo han realizado un trabajo en defensa de los derechos humanos, de las organizaciones sociales, rechazo a la persecución política y resguardo de los intereses del Estado, velar por las empresas estratégicas.
Pero los legisladores en minoría en la Asamblea señalan que lo único que han logrado en este tiempo los representantes del partido azul es entorpecer el trabajo del Ejecutivo, además de constituirse en policías, fiscales y jueces a la vez, aseveró en su momento el diputado Gonzalo Barrientos (UD).
Fuente: lostiempos.com