La directora del organismo en Argentina condenó los recientes comentarios del embajador ante la OEA y señaló que la administración de Alberto Fernández “tiene la gran oportunidad y responsabilidad» de «apoyar la extensión y el fortalecimiento del mandato de la Misión Internacional Independiente”
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, cuestionó este viernes la postura del gobierno de Alberto Fernández con respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La postura se desprende de la controversia causada por las recientes declaraciones de Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA quien rechazó el informe de la ONU que denunció diversos métodos de represión ilegal del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Si el Estado argentino realmente se preocupa por el pueblo venezolano y entiende que las autoridades locales tienen la responsabilidad por el pleno respeto a los derechos humanos en su país, debe demostrarlo”, advirtió Belski en un comunicado.
Y agregó: “Argentina ya había demostrado su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos en su último período de sesiones en julio e instado a que este país implementara las recomendaciones hechas en esta ocasión por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablado de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia”.
Los Estados miembro del Consejo de DDHH de la ONU decidirán la próxima semana sobre la continuidad de la Misión Internacional Independiente que evaluó violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en ese país y cuyo informe fue publicado el 16 de septiembre.
Carlos Raimundi realizó el martes una fuerte defensa del régimen de Nicolás Maduro y destacó que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.
De hecho, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a las declaraciones e instó el miércoles al Gobierno argentino a explicitar si hacía suyas las palabras del embajador que relativizó el informe de la Misión Internacional que da cuenta de la represión ilegal en el país caribeño.
“Yo quisiera saber si la representación de su embajador en la OEA es la representación del Ejecutivo en Argentina. Si la relativización del dolor, del sufrimiento humano en Venezuela representa al Ejecutivo en Argentina”, expresó Guaidó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann transmitida por el medio A24.
Y agregó: “No podemos voltear la cara mientras hay un genocidio silencioso en Venezuela. No podemos relativizar el dolor. No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales”.
El informe de la ONU señala a lo largo de 21 páginas a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El documento ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición en la comisión de delitos.
Ante la controversia diplomática internacional, Raimundi modificó su postura y dijo que que no se pueden desconocer las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Fuente: infobae.com