La audiencia será el 8 de octubre, entre virtual y presencial, sobre las denuncias que hay sobre lo que han denominado, los denunciantes, las masacres de Senkata y Sacaba.
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Enfrentamientos en Huayllani, en noviembre pasado. | Carlos López
Fuente: Los Tiempos
El procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, informó que Bolivia se presentará este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las denuncias que se presentaron por los hechos que se dieron en el conflicto poselectoral, en Senkata y Sacaba entre octubre y noviembre de 2019.
“Tenemos una audiencia el 8 de octubre, entre virtual y presencial, sobre las denuncias que hay sobre lo que han denominado, los denunciantes, las masacres de Senkata y Sacaba. Se van a recibir testimonios de quienes se postulan como víctimas en ese caso y el estado boliviano va a participar sobre las gestiones que se han hecho a nivel interno”, dijo Morales en entrevista con LT A Fondo.
Morales señaló que existen cuatro casos con relación a los hechos en Senkata y que tres de ellos están con imputaciones.
También afirmó que en los casos donde hay muertos y heridos, aún esperan tomar las declaraciones para que la Fiscalía haga conocer las imputaciones que corresponden.
Agregó que en esta audiencia se acopiarán testimonios, la Procuraduría informará que en Bolivia existe una investigación y que también se tienen indagaciones por parte de esa institución.
“Son familiares de las personas que perdieron familiares en el momento que se desarmaba la movilización cuando se atacaba la refinería y los depósitos de gas licuado en Senkata. Se tumba un muro, se encuentran bombas molotov entonces se tenía un grave riesgo de un pequeño Chernóbil en Bolivia. En esa intervención preventiva, los denunciantes del estado dicen que han sido brutalmente agredidos y sin motivo por fuerzas del orden, el Estado ha presentado un informe mostrando que hubo un ataque a bienes del estado y a la seguridad pública de la ciudad de El Alto”, detalló la autoridad.
Morales añadió que algunas de las personas que protestaban estaban en posesión de armamento y tenían un financiamiento para proceder de esa manera.