En agosto de 2010 el hoy condenado por corrupto Marcelo Soza Álvarez era un omnímodo fiscal de materia, encomendado por la tiranía de Evo Morales para perseguir, so pretexto de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad del Estado, a cuanto opositor al gobierno se animara a alzar cabeza en la región oriental de Bolivia. Ya llevaba dieciséis meses “investigando” (en realidad persiguiendo y extorsionando) a los señalados como sediciosos y veía que el tiempo se le acababa (la norma procesal penal establece un máximo de dieciocho meses para la etapa preparatoria de un juicio oral).
Locupletado del patrimonio ajeno el fiscal de marras que había aterrorizado a Santa Cruz y Beni con sus anuncios de viajes con nuevas citaciones y mandamientos durante el transcurso del tiempo transcurrido entre el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas (+) y ese momento, decidió que la ordeña de la mañana no era suficiente para su incrementado patrimonio.
Así que, en un reconocimiento implícito de su propia incapacidad, dirigió oficio a la que antes fuera juez cautelar al servicio de la tiranía y entonces ya había sido premiada como Fiscal Departamental de La Paz, abogada Betty Yañiquez, solicitando la apertura de una nueva investigación, destinada supuestamente a investigar y llevar ante la justicia a los financistas de la mentada célula terrorista.
La fiscal departamental Yañiquez ni corta ni perezosa atendió el pedido del títere del gobierno de Morales y García Linera, pero en la típica maniobra de quien aspira a la mayor parte del festín, en ejercicio de su poder, designó a otro fiscal para llevar adelante la inusitada investigación. La caterva de funcionarios de la fiscalía dio a luz al segundo engendro: El caso terrorismo 2. Una saga putrefacta y maloliente, destinada a seguir impartiendo miedo, sometiendo a los opositores y apropiándose de patrimonio ajeno por la vía de la extorsión y el chantaje. Fueron los tiempos de Harry el sucio.
Cinco años duró la investigación. El primer fiscal renunció a la función pública después de una primera y fructífera etapa. En estos primeros meses la persecución fue sañuda. En particular contra dos jóvenes mujeres, a quienes se separó de sus hijos menores, se les presionó y amenazó de varias formas, para lograr que firmaran declaraciones que no habían realizado. El coraje y la valentía de ambas, les valieron largos periodos de detención preventiva.
Al primer fiscal lo sucedieron otros y finalmente el caso recayó en quienes llevaban la primera parte de la tramoya. Una frondosa comisión de fiscales, herederos de la acusación formal de Marcelo Soza – una piedra caliente en las manos que solo se podía sostener por el enroque entre ministerio de gobierno de la tiranía y jueces obedientes en el Tribunal de juicio – que tuvieron que concluir su “investigación” conminados por una juez cautelar que ya no quiso ser tan funcional al gobierno. A regañadientes y sin ninguna prolijidad, se escribió un mamotreto a guisa de Acusación Formal, contra catorce ciudadanos cruceños.
Tan descuidada y desprolija era la nueva trama que repitieron cargos y delitos contra tres ciudadanos que ya estaban siendo juzgados en la primera causa (donde ellos asistían como acusadores); incluyeron a otros tantos que habían sido imputados y luego sobreseídos por el ya entonces fugado Marcelo Soza; también incluyeron a quienes tenían rechazo de denuncia. Un abuso de marca mayor, que encima querían continuar, porque acudieron a la justicia constitucional mediante Acción de Amparo, solicitando que se les permita proseguir “investigando”. Algo de vergüenza habrán tenido los jueces de garantías que les negaron su tutela y así confirmó el Tribunal Constitucional. A la postre, se quedaron con su mamotreto mal escrito y peor concebido.
Otros cinco años y nunca se inició el juicio oral. Algunos audaces acusados opusieron incidentes y excepciones en la etapa de preparación del juicio y lograron victorias parciales para ser excluidos del proceso; pero las mismas se enredaron en los inescrutables laberintos de las salas penales paceñas, donde iban y venían los expedientes mal foliados, incompletos, recusados, excusados y siempre huyendo al bulto de asumir que no era procedente juzgar dos veces a la misma persona o que el tiempo inexorablemente había operado a favor de los encausados.
Ya no se podía juzgar, menos condenar, entonces la decisión política fue estirar los plazos y los tiempos. Que los encausados sufran y se les acaben sus recursos de defensa. Quizá el objetivo era lograr juicios abreviados, para seguir proclamando con sentencias condenatorias en las manos, que se confirmaba la trama del terrorismo separatista.
Lo que los operadores políticos de la tiranía – en el Órgano Judicial y el Ministerio Público – no preveyeron y los encontró desnudos en media vía, fue el desenlace de las elecciones amañadas de octubre 2019. No se esperaban la respuesta ciudadana, la movilización cívica, la resistencia pacífica, ni el lapidario informe de la OEA. Menos el motín policial y la recomendación de las FF.AA El castillo del tirano se derrumbó, el idolatrado huyó y los dejó solos como huérfanos.
La agenda ciudadana de octubre / noviembre 2019 incluyó el cese de la persecución política a través de la justicia, el retorno de los exiliados y la recuperación de la libertad y la justicia. El Dr. José Luis Camacho, entanto líder cívico, repitió en todos sus discursos esta demanda. La presidente Añez y su ministro Murillo, asumieron el compromiso.
Primero se desató la madeja del intrincado caso Terrorismo 1. El propio ministro Murillo se apersonó en audiencia y le dijo al incrédulo juez presidente Sixto Fernández que el nuevo gobierno no iba a proseguir esa “payasada” que se iba a reivindicar a Santa Cruz y sus líderes perseguidos y que su ministerio no continuaría acusando inocentes. A los pocos días, la fiscalía reconoció que Soza era corrupto y reo rematado con sentencia ejecutoriada, que la acusación estaba entonces viciada, que las jueces ciudadanas renunciaron y una de ellas acusó al ministerio de gobierno de los Romero, Pérez y Moldiz de haberlas financiado, cooptado y controlado para prevaricar en contra de los procesados.
La inevitable sentencia absolutoria conoció la luz y treinta y seis valientes hombres de la resistencia a la tiranía recuperaron su libertad e inocencia. Los presos políticos dejaron la cárcel y los exiliados regresaron a su patria.
Ocho meses después, el Ministerio Público, a instancia de parte, reconoció que en la versión 2 de este montaje no había prueba para procesar, no había condiciones para condenar y que era improcedente iniciar un juicio después de diez años de haberse denunciado los supuestos hechos. El ministro Murillo a continuación, cumplió su compromiso y el 1º de octubre, el ocaso del sol en la calurosa tarde cruceña fue el principal testigo del cierre de un telón en el escenario del terror.
Santa Cruz, la cruz santa de nuestro señor Jesucristo, el emblema de este pueblo, se limpió de la ignominia, de la mentira y la falacia que urdió la tiranía y a su sombra, sus hijos, de límpida frente, recuperaron su libertad.
Es de bien nacidos ser agradecidos. Gracias al valeroso pueblo boliviano que se alzó contra la tiranía. Gracias al conductor de esa insurrección pacífica y cívica, Dr. Luis Fernando Camacho y a los líderes regionales que lo acompañaron. Gracias a la presidente Jeanine Añez, decidida y valiente dama que cumplió el compromiso asumido de cesar la persecución política en la justicia. Gracias al ministro Arturo Murillo que asumió con valentía la decisión formal de acabar con el terror.
Como abogado, solo me queda agradecer a Dios por la fortaleza que nos dio a los colegas y a mí para resistir. A los encausados por la confianza que nos otorgaron. Y a la vida, por la oportunidad de cumplir el juramento de honrar la ley y defender con lealtad a nuestros patrocinados.
¡Se acabó el terror, viva la justicia y la libertad!!
Abog. Gary Prado Araúz