La contratación fue de manera directa por mandato de la Ley 1266 de noviembre de 2019.
Dreamlab Technologies Bolivia Srl es el nombre de la empresa que auditará los resultados de las elecciones del próximo 18 de octubre. El monto del contrato que acordó con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alcanza a Bs 211.091, según los documentos oficiales.
“Servicios de consultoría por producto para análisis de seguridad de sistemas informáticos para las elecciones generales 2020” es el nombre del contrato que suscribieron las autoridades del ente electoral y el representante de esta empresa, Nelson Murillo Prieto.
Hace un año, las autoridades electorales de entonces contrataron a dos empresas para la difusión de los resultados y para la auditoría de los mismos. La empresa Neotec se hizo cargo de la difusión de los datos oficiales de las elecciones; mientras que Ethical Hacking hizo la auditoría de los mismos.
Este año, el TSE informó que serán ellos, con tecnología propia, que publicarán los resultados preliminares. Para ese efecto implementó la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), que dependerá del propio ente electoral, mientras que para la auditoría fue contratada Dreamlab Technologies.
El Direpre consiste en un nuevo programa informático que es desarrollado desde una base cero, en Londres. La compañía británica Reckon es la encargada, luego de haber sido seleccionada por el TSE, tras cumplir los Términos de Referencia (TDR) en una licitación internacional.
Mientras que la información de Dreamlab Technologies es muy escasa, se conoce que es una subsidiaria de la empresa matriz que se encuentra en Suiza, aunque las direcciones en Bolivia varían respecto de sus publicaciones.
Su portal asegura que tienen una experiencia de 20 años en el asesoramiento “a personas, organizaciones y autoridades para ayudarles a integrar la estrategia y gobernabilidad en ciberseguridad en su ciclo de gestión. Los servicios y soluciones abarcan auditorías, consultoría en ciberseguridad, pruebas de penetración, monitoreo, seguimiento y fortalecimiento de sistemas”.
La contratación fue de manera directa y el TSE se apoyó en la Ley 1266 del 24 de noviembre de 2019 que le autoriza, por esta única vez, realizar este tipo de contrataciones de las empresas que prestarán servicios en el proceso electoral 2020.