Exsecretario ejecutivo de la CIDH revela que gobierno de Añez puso trabas para instalar el GIEI

Fuente: ABI

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, reveló que el régimen de Jeanine Añez puso trabas para la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ahora finalmente realiza investigaciones sobre las masacres de Senkata, Sacaba y otros luctuosos hechos de 2019.

Abrao lideró la misión de la CIDH, que llegó a Bolivia a fines de noviembre del año pasado para investigar los hechos violentos y de vulneración de derechos humanos, que dejaron al menos 36 muertos.



Pero «el gobierno interino (de Añez) fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones, para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. (Por eso) fue necesario el nuevo gobierno para (recién) rescatar su continuidad», dijo el exsecretario, en entrevista con el periódico La Razón.

Agregó que no hay razones para temer por la presencia del grupo de expertos porque su trabajo «reforzará una reconciliación legítima basada en la verdad y la justicia y, además, podrá coadyuvar y cooperar con las autoridades y dar aportes y recomendaciones estructurales para reforzar la independencia y autonomía de su sistema de justicia».

La Secretaría Ejecutiva de la CIDH realizó una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019 con el fin de recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada tras las elecciones del 20 de octubre de ese año. El informe preliminar de la CIDH estableció que en Bolivia se cometieron «graves violaciones a los derechos humanos».

El exsecretario de la CIDH contó que, debido a las innumerables denuncias, videos, fotografías, documentos y relatos de graves violaciones a los derechos humanos que llegaron a la organización, se originó una investigación por parte de la Comisión.

Es así que en la investigación se evidenció «posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso», dijo.

Añadió que también se registraron actos racistas y discriminatorios, retención, golpes y humillación por motivos raciales o de género, incluso en contra de las «mujeres de pollera». Del mismo modo, los derechos indígenas se vieron afectados por la quema y la ofensa a la wiphala. Además, se reportó 50 periodistas agredidos, medios de comunicación atacados o acosados, corresponsales extranjeros amenazados y difamados.

Calificó la visita de 2019 como las «más extensas y plurales que ha realizado la CIDH» porque se reunió con autoridades de los tres poderes, representantes de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, familiares de víctimas y de policías. Asimismo, se visitó cuatro ciudades y hubo contacto con personas en hospitales, cárceles y sedes diplomáticas.

Entre tanto, a pesar de la traba puesta por el régimen de Añez, esta semana arribó al país el GIEI para investigar los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.

La misión de expertos independientes ya se reunió con varios sectores y está previsto que en seis meses concluirá su trabajo con un informe.

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