Evo Morales causó la crisis política de octubre y noviembre de 2019 al desconocer el 21 F e ir a la reelección presidencial por un cuarto mandato.
El informe de Observa Bolivia con respaldo de la Unión Europea y España, en ningún momento hace referencia, cita o señala que la renuncia de Evo Morales se debió a un golpe de Estado ni al establecimiento de una dictadura en el país.
Dos momentos de Morales: el 21 de Febrero de 2016 cuando votó en el referendo que preguntaba a la población si podría repostularse a la presidencia, cuyo resultado finalmente desconocería al verse perdedor. Luego en noviembre de 2020 abandona Bolivia, hecho que sería la culminación de sus intenciones prorroguistas. (Imágenes de archivo)
La crisis política de octubre de 2019 que derivó en la sucesión constitucional del mandato presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia, fue producto de la decisión de Evo Morales de desconocer el resultado del Referéndum del 21 de Febrero de 2016 que rechazó su reelección como presidente por un cuarto período consecutivo. A ello se suma lo obrado por los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), los tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) unos promoviendo, otros aprobando y los terceros viabilizando la intención prorroguista de Morales y Álvaro García Linera.
Esta descripción y precisión histórica forma parte del informe final de la organización Observa Bolivia para el seguimiento ciudadano de los comicios del 18 de octubre de 2020. Iniciativa Ciudadana de Observación Electoral – Observa Bolivia está conformada por un conjunto plural de 16 organizaciones de la sociedad civil boliviana con la finalidad de desarrollar procesos de observación electoral doméstica; su labor tiene la asistencia técnica de IDEA Internacional y el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para al Desarrollo (AECID).
En el acápite introductorio de antecedentes (de la crisis de 2018 y del proceso electoral 2020), el informe identifica a la reelección presidencial indefinida como la causa primera de la crisis del sistema democrático boliviano. Añade que dicha crisis fue “efecto de un proceso de deterioro gradual y progresivo” de la “institucionalidad democrática”.
Dice que los orígenes de la crisis: “se remontan a unos años atrás, cuando se buscó levantar los límites constitucionales al mandato presidencial y se ignoró el resultado del referéndum del 21 de febrero 2016, que rechazó la posibilidad que el entonces presidente Evo Morales postulara a un cuarto mandato consecutivo”.
Rememora que en 2017, los legisladores del MAS “presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado, en relación a que el Presidente del Estado solo puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”.
A continuación, el informe precisa que el TCP “pronunció la Sentencia Constitucional SCP N° 0084/2017, declarando la inconstitucionalidad de dicha limitación, basada en la aplicación preferente del Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Con la decisión de Morales y Linera de volver a postularse, del afán de sus bancadas legislativas para realizar la gestión para habilitarlos a través del TCP y finalmente la decisión de éstos expresada con la Sentencia Constitucional N° 0084, el informe de Observa Bolivia resume que “este hecho (es decir la habilitación por el TCP) generó que la candidatura de Evo Morales fuera cuestionada por el resto de los actores políticos y diversos sectores cívicos”.
Los autores del informe dejan claro que el mismo “es el fiel reflejo de sus hallazgos y conclusiones”. Observa Bolivia cita otros hechos más que alimentaron la crisis a consecuencia de la habilitación a la reelección.
La Ley Nº 1096 de organizaciones políticas y las elecciones primarias para el 28 de enero de 2019. El informe cita que esa inédita convocatoria se realizó en “un clima de protestas ciudadanas, abstención electoral y baja participación de militantes el día de la votación”. “Esta Ley no pudo cumplir sus objetivos de democratizar el sistema político, ya que solo se presentó una candidatura, por lo que no hubo una auténtica competencia interna, ni debates sustantivos que marcaran la diferencia en las distintas organizaciones”, explica.
Debilitamiento institucional del TSE: tercer hecho que alimentó la crisis. El informe rememora que “se dio un proceso de inestabilidad institucional en el OEP, que implicó la renuncia de tres de sus Vocales -incluida su Presidenta-, seguida de una recomposición mediante un nombramiento legislativo que para algunos actores no cumplió con todos los procedimientos necesarios”.
Además hubo “una secuencia de más de 30 renuncias de mandos medios y profesionales de larga trayectoria en la función electoral, alimentando un proceso de pérdida de confianza pública en el TSE, que recibió duras críticas desde diversos sectores de oposición por la habilitación de la candidatura presidencial de Morales, así como por la permisividad en el uso del aparato público por parte de la candidatura oficialista”.
Un informe de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (MEE-UE) concluyó que aquel TSE “careció de credibilidad e hizo poco por corregir la falta de confianza en su imparcialidad y competencia”.
Elecciones del 20 octubre de 2019: cuarta realidad de la crisis. Observa Bolivia indica que se llegó a los comicios en un contexto, difícil y polarizado, “cargado de desconfianza política” y pese a una jornada pacífica de votación, cuando el cómputo estaba al 83,79% el TSE suspende la difusión de la Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP). “Al día siguiente, cuando se reanuda la difusión, se anunció la victoria del entonces presidente (Morales) en primera vuelta. Esto produjo extendidas expresiones de protesta ciudadana y el llamamiento a un paro cívico, desconociendo los resultados”. El propio gobierno boliviano solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) audite los resultados electorales que fueron cuestionados por las misiones de expertos internacionales de la OEA y la MEE-UE. Expertos de la UE coincidieron en decir que durante “el proceso de escrutinio y cómputo hubo irregularidades generalizadas que vulneraron gravemente los principios de certeza, legalidad, transparencia e independencia”. La OEA finalmente no validó los resultados y recomendó otro proceso electoral con nuevas autoridades electorales para que los comicios sean confiables.
Morales renunció y las movilizaciones ciudadanas se intensificaron, particularmente en las áreas urbanas de todo el país, demandando la anulación de las elecciones, y como consecuencia vino la renuncia de las máximas autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo abriéndose un proceso de sucesión constitucional que permitió la asunción a la Presidencia de Jeanine Áñez, entonces segunda Vicepresidente del Senado Nacional.
“Siguieron unos días de alta conflictividad y violencia política, que sumió al país en una crisis de derechos humanos, con al menos 26 víctimas fatales, centenares de heridos, cerco de ciudades, incendio de casas y medios de transporte, dejando como resultado una profunda herida y polarización en la sociedad boliviana”, indica el informe en lo que refiere al fin de la gestión de Morales.
Ahora el MAS encumbrado en el poder desvirtúa los acontecimientos de esos días y cambia el relato para «plantar» su historia oficial del supuesto «golpe de Estado», pero basta un breve repaso cronológico a la prensa boliviana para refrescar la memoria colectiva.
El 15 de diciembre de 2016 la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizó el noveno congreso nacional para abrir la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales en el cargo de presidente.
El 29 de noviembre de 2017, El Deber informa: «A pocas semanas de terminar sus mandatos, los magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade firmaron la resolución que habilita a Evo Morales y Álvaro García Linera, a postularse por cuarta vez consecutiva a los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, desconociendo el resultado del 21 de febrero de 2016».
El 23 de agosto de 2018 cita Correo del Sur «la mayoría del MAS en la Cámara de Diputados aprobó en grande la Ley de Organizaciones Políticas y dio el primer paso para blindar la reelección del presidente Evo Morales en 2019, incorporando la figura de las elecciones primarias, en medio del rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que puntualizó sobre la inviabilidad de las internas, y denuncias de la oposición política de desconocimiento a los resultados del 21F».
Página Siete informó que el 4 de diciembre de 2018, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvieron la habilitación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que puedan postular a las elecciones primarias y luego a un cuarto mandato en los comicios generales de 2019 (…) Y, lo hicieron contra lo que manda la Constitución Política del Estado, que sólo permite dos mandatos continuos y contra la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016″.
Análisis en retrospectiva por eju.tv