Hoy, los Bancos y entidades financieras emiten comunicados con reclamos airados en contra de las medidas dispuestas por el gobierno, con relación al plazo de gracia acordado con el sector de los choferes, acusando que el Estado estaría atentando contra ese sector y responsabiliza a éste por cualquier cosa que pudiera pasar en el futuro. No obstante, es bueno recordar que en el pasado los bancos no se portaron tan bien y que fue el Estado quien pagó por los platos que rompieron los banqueros.
Primero, debemos recordar que durante las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, las entidades financieras fueron beneficiarias de la liberalización de su ámbito comercial, en cuya virtud tenían bajas regulaciones para interactuar en sus respectivos mercados y, como producto de esa ausencia del Estado, se registró una serie de quiebras de bancos y entidades financieras donde, quienes quedaron al descubierto, fueron los ahorristas que se vieron privados de sus depósitos y , el Estado tuvo que acudir al rescate de todos esos recursos sacando de su bolsillo sin que, en la mayoría de los casos, se pueda recuperar nada.
En ese momento, pese a los cuestionamientos sobre el hecho de pagar por el mal manejo de un privado, se tuvo que echar mano de recursos estatales, todo en aras de la preservación del sistema financiero sin que los responsables hayan pagado sus culpas.
Segundo, cuando la regulación permitió manejos poco honestos con su cartera junto a la crisis producida por el colapso de las economías más grandes del mundo, los bancos tuvieron que afrontar la insolvencia de muchos de esos créditos y en consecuencia, ingresar en procesos de cobranza judicial que tampoco solucionaron sus problemas de liquidez. Entonces fue el Estado quien les otorgó recursos por varios cientos de millones de dólares con medidas como el Fondo de Reactivación – FERE, NAFIBO o el FONDESIF que entregaron dinero del Estado a los bancos para subsanar su situación. Una vez más a costa de quienes menos posibilidades tenían.
Asimismo, no debe perderse de vista, que de no proponerse una alternativa a quienes se encuentran peleando por mantenerse en el mercado, importa que en el futuro inmediato estas personas se encuentren sometidas a procesos judiciales; lo que repercutiría en gran medida al interior de sistema financiero.
El rechazo categórico del acuerdo suscrito con el gobierno y los transportistas, deja ver una denuncia del uso de un discurso de asistencialismo para los prestatarios, pero también queda develada la intención de que el Estado sea quien provea de recursos a las entidades financieras para que ellas los coloquen, a interés comercial, en créditos al público, como se hizo en el pasado.
En el contexto planteado, debe tenerse muy presente que es imperioso contar con el concurso de todos los involucrados para brindar una oportunidad de rescate a la mayor cantidad posible de unidades productivas y, entregarles así, la oportunidad de reaccionar a los embates de la situación provocada por la pandemia.