Los guardianes de las áreas protegidas viajaron a la sede de Gobierno para manifestar su disconformidad ante despidos, rotaciones y falta de recursos económicos. Firmaron un acta, pero algunos de ellos, y otros protagonistas creen que es insuficiente
Fuente: El Deber
«Se respetará la institucionalidad de los servidores públicos del Sernap, los guardaparques, además de efectuar las correspondientes rotaciones de los diferentes jefes de protección», dice el primer punto del acta suscrita entre la directiva de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac) y el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
En el segundo punto, la entidad responsable de las áreas protegidas se compromete a aplicar estrictamente el Reglamento General de Áreas Protegidas para el tema de las designaciones, a través de convocatorias, en el nombramiento de los guardaparques, jefes de protección y directores de áreas.
En el tercero y último punto, Sernap garantiza que se efectuarán las gestiones administrativas ante las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de ítems de guardaparques del Sernap, de tal modo que puedan contar con los beneficios del bono de antigüedad, vacaciones, salud y bono de fronteras.
Ni bien acabó la reunión, originada por la disconformidad de activistas y agentes de conservación debido a despidos, rotación de personal y designación sin concurso de méritos, los mismos guardaparques cuestionaron que se trata de un acuerdo muy general.
Uno de los agentes de conservación, Santos Mamani, presidente de Abolac, dijo que el acta es un «parche». «Nos interesa el tema de los ítems y más asignación de recursos», indicó.
Otro guardaparque, que prefirió el anonimato, evidenció su desconfianza. «Sabemos cómo es la política, se dice una cosa y se hace otra. Estaremos pendientes, pero aún no hay conformidad, siempre existe la susceptibilidad. Ya hemos dado un paso y ese paso vamos a vigilarlo, faltan varias cosas, en el acta hay tres puntos, pero el asesor del ministerio se ha comprometido a ayudar, esperemos que sea así», sostuvo.
Robert Salvatierra, jefe de protección del Kaa Iya, dijo que si bien hay el compromiso, existen cosas que escapan a la competencia del Sernap. «Sin embargo está el compromiso del asesor legal del ministerio con fortalecimiento, equipamiento, ítems. Sostendremos reuniones para elaborar agenda con fechas y responsabilidades», anunció.
En representación del Sernap, su director Teodoro Mamani, también hizo una intervención. «Quizás algunos con mala intención nos quieren hacer pelear, como si esto fuera una gran cosa. Agradezco a la dirigencia, nosotros no necesitamos cartas. Acordamos la reunión y solucionamos el problema. No estamos peleados. Acordaremos fechas para seguir abordando temas pendientes que tenemos, hay muchas cosas, como reservas totalmente abandonadas, nuestros hermanos guardaparques están a su suerte», sostuvo.
Expectativas
En representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) estuvo Lizeth Limachi, quien manifestó que el problema es que hay cargos asignados políticamente.
«Es una persona que ha reconocido que desconoce el funcionamiento de las áreas protegidas, se dice indígena y que por eso no lo pueden excluir, pero él sí puede excluir, como hizo con los grupos ambientales de ciudad, con los ingenieros ambientales, los biólogos, etc., cosa que demuestra su nivel de desconocimiento del tema. Lo que dolió al director es que el tema se viralizara, se hiciera público», lamentó.
De la reunión, Limachi ponderó que, al ser los guardaparques dependientes del Sernap, mostraron que no es un problema de hoy. «Lo que hay que hacer es un movimiento que diga ‘guardaparques, no esclavos’. Además, desde el Ministerio de Medio Ambiente se indicó que debía darse una reducción del 30% de los guardaparques, cosa a la que estos dijeron que no», informó.
Para un experto legal en temas medioambientales, y extrabajador del Sernap, que no quiso dar su identidad, el acta es netamente declarativa. Según él, desde la perspectiva jurídica, se hizo el nombramiento de personas sin obedecer al Reglamento de Áreas Protegidas, «cosa que se establece como delito en la Ley Marcelo Quiroga. El pagarles el sueldo consolida nombramiento ilegal y daño económico al Estado, y el director ejecutivo tendría que devolver ese dinero», argumentó.
Sobre el compromiso de los ítems, recordó que es algo que siempre se ha pedido, y que sin embargo no existe presupuesto para esos ítems. «Respecto a la rotación de personal, se lo hará en la medida de la gente que incomoda a la Dirección Ejecutiva, de tierras bajas a altas, sin considerar la Ley General del trabajo porque los guardarques no están sujetos a ella», dijo. «Estamos acostumbrados a las represalias, nos mueven siempre», dijo Santos Mamani.
El experto legal explicó que, con respecto al punto de respetar la institucionalidad de los cargos, es un engaño, «porque la institucionalidad de esos cargos se rige en la medida del contrato que han suscrito los guardaparques, y el 90% no tiene ítem», aseveró.
Reglamento de Áreas Protegidas
Sobre despidos y cambios a directores de áreas protegidas (AP), en su capítulo III, artículo 41°, el reglamento dice que el director será un profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de proyectos. «En su ausencia justificada, y mientras dure la misma, éste designará interinamente al Jefe de Protección del área o el siguiente en jerarquía de conformidad con su Estatuto».
El artículo 42 del reglamento especifica que el director será optado mediante concurso de méritos, y su ejercicio estará bajo la modalidad de dedicación exclusiva, «siendo incompatible con otra actividad pública o privada».
Sobre los guardaparques, el mismo reglamento, en su capítulo V, sección I, artículo 60, establece que los ascensos estarán normados de acuerdo a categorización. Y en la sección 2, artículo 52, estipula que para la selección de estos, participarán los Comités de Gestión correspondiente a cada área protegida.
Problemática
Ambientalistas y agentes de conservación manifestaron su repudio tras conocer el despido de aproximadamente diez funcionarios de las diferentes áreas protegidas del país.
La molestia llegó a tal punto, que se pidió la renuncia del director del Sernap. Asimismo, se hicieron públicos varios manifiestos que cuestionaban la legalidad de los despidos y nuevas contrataciones, ya que algunos de los guardaparques descartados tenían 20 años de antigüedad, e ítem del Tesoro General de la Nación.
En respuesta, el Sernap emitió un comunicado asegurando que 17 jefes de área y 289 guardaparques fueron ratificados en sus cargos, y que los directores de áreas protegidas asumieron interinatos.