Se observa que el ala más dura del MAS quiere controlar todos los cambios
11/01/2021 09:23 | Sucre/CORREO DEL SUR
Fuente: correodelsur.com
PILARES DE LA REFORMA
El Gobierno propuso la modalidad de elección de magistrados, acceso a la justicia, retardación de justicia, corrupción, política criminal, formación y capacitación de jueces. A lo que el Órgano Judicial planteó independencia, presupuesto y pluralismo jurídico pero no fue tomado en cuenta.
Los cinco pilares de la reforma que plantea el Gobierno de Luis Arce:
- Garantizar que el juez deje de ser transitorio en el cargo y sea sometido a una evaluación permanente.
- Acceso a la justicia y diseño del servicio de justicia desde la formación de los abogados del Estado.
- Búsqueda de otras alternativas de solución ante la situación de conflictividad en el país.
- Modernización y uso de la tecnología.
- Reforma al currículo universitario con la capacitación constante de los estudiantes de la carrera de Derecho.
La reforma judicial no encuentra una línea de consenso, todas las instituciones y sectores que tienen que ver con ella apuntan a su lado. Con el cambio de gobierno, la urgencia de la reforma volvió a reflotar a partir del Ministerio de Justicia a la cabeza del exmagistrado Iván Lima, pero ese impulso inicial se va diluyendo porque encuentra reparos al interior de la propia administración estatal.
El 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce asumió la presidencia, se trazó a la reforma judicial como uno de los pilares de su gobierno, para “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos”, dijo.
La tarea fue encomendada a su ministro Lima, que se trazó un plan de cinco pilares: el servicio a la gente, la no imposición, la defensa de los niños, la municipalización de la justicia y la utilización de la tecnología.
CON NOTABLES
Lima se apoyó en un grupo de notables que luego de unos días de análisis colegiado plantearon tres áreas de trabajo: modificar la modalidad de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos tecnológicos.
Todavía con esa energía de impulsar una reforma de fondo, el ministro anunció la realización de un referéndum constitucional el 7 de marzo, anexado a las elecciones subnacionales, para que los bolivianos voten aceptando o rechazando una reforma constitucional que posibilite la reforma de la justicia.
Esa intención no logró el respaldo en el plano político, aunque sí dijo que recibió apoyo “militante” de sectores sociales, colegios de abogados y universidades. Pero eso no fue suficiente, la voluntad política pudo más.
UNA PAUSA
Ante este fracaso, Lima declaró una pausa para seguir “persuadiendo” a la clase política dentro del mismo MAS, aunque prefirió decir que en este tiempo se recolectará propuestas junto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cada departamento.
Lo que sí se observa son propuestas encontradas respecto de la reforma que pretende encarar el MAS. Hacer efectivas las tareas pendientes de la Cumbre Judicial de 2016, fue la propuesta del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en los actos de inauguración del año judicial y constitucional. Chávez no hizo referencia a los planteamientos del ministro Lima, que por cierto no estaba en dichos actos y mandó a su representante, Milton Barón, que pasó desapercibido.
LA CARGA PROCESAL
En acto de apertura del año judicial el 6 de enero, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, enfocó su discurso más en los problemas que en las soluciones y lamentó el cercenamiento del presupuesto judicial en Bs 174 millones y la falta de jueces para atender la carga procesal.
Habló del encuentro nacional del Órgano Judicial del 28 de agosto de 2020, cuyas conclusiones dijo que están reflejadas en un plan estratégico institucional 2020-2025 que apunta al acceso y la digitalización de la justicia, mora procesal, carrera judicial, corrupción y otros.
Admitió que la mora procesal sigue siendo una de las falencias de la administración de justicia pese a los mecanismos ejecutados para la disminución de la mora procesal.
ATENTOS AL LLAMADO
Desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), su presidente Paul Franco, manifestó el compromiso de los magistrados de abrir un proceso de diálogo interjurisdiccional-constitucional, pero también acudir al llamamiento del Ministerio de Justicia o de cualquiera de los ministerios para llevar adelante este proceso de construcción de la reforma judicial que sea altamente participativa.
“Invocamos a un diálogo nacional a favor de la profundización de los cambios en la justicia, con enfoques de política pública, interculturalidad, género, generacional y con perspectiva de derechos humanos”, sostuvo.
Aseguró que todas las instituciones del sistema judicial conocen de sus problemas y sus limitaciones, que se constituyen en la línea base para un diagnóstico y la visión del pueblo en su conjunto para las posibles soluciones para el mejoramiento del sistema de justicia.
REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO
El presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, también apuntó a buscar un pacto entre las instituciones y organizaciones que tienen que ver con la justicia y desde ahí construir las bases de una reforma judicial.
“Con las reducciones presupuestarias estamos limitados a encarar las reformas”, enfatizó Michel.
Yáñez dice que Lima ya no tiene respaldo del Gobierno
El abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, considera que el propósito de la reforma vuelve a diluirse porque –según sus palabras– “los ‘buitres’ del MAS le bajaron las cañas al ministro de Justicia, Iván Lima, incluso podría ser reemplazado en las próximas semanas”.
La ausencia de Lima en los actos apertura del año del Órgano Judicial y del TCP, hace ver un distanciamiento de las autoridades judiciales con esta autoridad y “el retorno del ala dura de MAS representada por el exministro de Justicia, Héctor Arce, en el manejo de la justicia”, dijo el abogado chuquisaqueño.
Sostuvo que por lo que pasó en los actos de inauguración del año judicial se patentiza el triunfo del ala dura del MAS vinculada a Evo Morales y no así al presidente Luis Arce.
“Todo indica que se seguirá concentrando el poder para fines partidarios y fines de impunidad del círculo cercano a Morales y como forma de distracción se habla de retardación y vamos a hacer esto, con lo cual el estado de la justicia no solo va a mantenerse como está sino empeorar”, remarcó.
Sobre la reforma judicial, el diputado Carlos Alarcón (CC), señaló que este proceso se está quedando solamente en buenas intenciones y que el anuncio del MAS de llevar adelante esta reforma sin apuros es una señal para seguir manipulando el sistema judicial y el Ministerio Público.
LO QUE PASÓ ANTES
En marzo de 2015, el presidente Evo Morales anunció la cumbre “para revolucionar la justicia” para abril de ese año, pero fue postergada para enero de 2016 y finalmente se realizó entre el 10 y 11 de junio con la presencia mayoritaria de sectores afines al Gobierno en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura en Sucre.
Un año después, en 2017, el entonces ministro Héctor Arce, aseguró que la aprobación de los códigos “Morales” pendientes, la selección del elemento humano, la infraestructura y los recursos económicos son parte de las tareas que serán encaminadas para la consolidación de la reforma judicial en Bolivia como parte de la serie de mandatos de la Cumbre Nacional de Justicia. Todo quedó en el discurso y lo pasó con el gobierno de transición de Jeanine Áñez.