Caso Senkata: Acusan a un general por asesinato y buscan a 3 exministros del anterior Gobierno

El exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las Fuerzas Armadas (FFAA) es acusado de dar la orden para los disparos con el saldo de 10 muertos.

El general en retiro Luis Fernando Valverde; y los ministros Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora. ARCHIVO

El general en retiro Luis Fernando Valverde; y los ministros Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora. ARCHIVO

 

La Fiscalía concluyó su investigación de lo sucedido en 2019, durante los conflictos postelectorales en Senkata (El Alto), y realizó la primera imputación en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Valverde, por el delito de asesinato, de quien pidió su detención preventiva, según ERBOL. Asimismo, anunció que hay una investigación en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora por este mismo caso.

En la denominada masacre de Senkata del 19 de noviembre de 2019, se reportó que 10 civiles fallecieron y 31 fueron heridos.



El 19 de noviembre de 2019, a las 10.30, en la zona de Senkata, se realizó un plan operativo conjunto entre policías y militares para exfiltración de combustible y gas licuado en la planta de YPFB.  El objetivo era trasladarse al regimiento Ingavi de la urbe alteña y se cumplió con la salida de los convoys de la planta.

“En esta situación, muchas personas de El Alto proceden al tumbado de muros perimetrales y había protestas. Lo curioso de este general de las FFAA es que en ese momento simplemente ejercía el cargo de Director de la ANH en el plan operativo; sin embargo, cuando llegan al regimiento Ingavi, ante el conocimiento de que se estaría intentando ingresar a la planta de Senkata, toma contacto con el exministro de Hidrocarburos, el señor (Víctor Hugo) Zamora, y dispone ponérselo nuevamente en el grado de general y ordena el retorno del convoy a la planta de Senkata”, relató el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

Aseveró que existen testimonios de militares, quienes confirman que el ahora imputado dio la orden.

Según el fiscal, los heridos declararon que las balas salieron desde el convoy que regresaba a la planta, pero también habrían existido disparos desde dentro.

LAS ACCIONES

El general Valverde vive en Cochabamba y ya prestó su declaración. Alegó que el regreso del convoy se había decidido por la necesidad del momento y evitar un «mal mayor». Sin embargo, Cossío, resaltó que no era función de Valverde tomar esa decisión.

En base a la investigación, la Fiscalía lo imputó por los delitos de incumplimiento de deberes y asesinato. Se está solicitando su detención preventiva y se espera que se fije la audiencia cautelar.

El trabajo de la Fiscalía se basó en peritajes balísticos, un dictamen pericial de planimetría de dibujo, el trabajo del equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el geoposicionamiento, fotografías forenses, declaración de testigos y la reconstrucción.

El fiscal Cossío también informó de la ampliación de la investigación contra los exministros, por lo cual se verá la manera en que puedan asumir defensa en el proceso.

Aclaró que Murillo y López están investigados por los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a la emisión de un Decreto Supremo. En el caso del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, el fiscal anunció que también se le ampliará la investigación por los mismos delitos.

Entre tanto, el GIEI-Bolivia (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) se enfoca en el relevamiento y obtención de información. Una agenda de entrevistas individuales y toma de testimonios a víctimas, familiares y testigos de los hechos de violencia fue acompañada de la labor de verificación del material audiovisual sobre los hechos.  Por otra parte, solicitó información oficial de distintas autoridades del Estado boliviano, entre ellos al Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa, así como copia de los expedientes de investigación a la Fiscalía General.