La abogada cruceña cuenta el grado de machismo y revictimización al que están sometidas las mujeres en la Policía, la Fiscalía y los juzgados. Propone la especialización de operadores.
Fuente: paginasiete.bo
Mery Vaca / Página Siete
Ante un aula virtual de estudiantes del Diplomado de Género, Comunicación y Periodismo de la UMSA, Jessica Echeverría abre su corazón y cuenta que cuando era niña fue víctima de abuso sexual. Y lo cuenta, no para generar un titular, ya que en principio aquella no era una entrevista periodística. Lo cuenta para explicar por qué ella es ahora una activista y una abogada que defiende a mujeres, niñas y adolescentes.
Echeverría litiga en Santa Cruz, donde ha podido palpar que la Ley 348, que ahora está a punto de ser reformada, termina siendo, muchas veces, un adorno. Es más, está siendo utilizada para demandar a las mujeres, pese a que fue creada para que las mujeres tengan una vida libre de violencia.
Echeverría, que es también representante de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, aceptó responder las preguntas de las estudiantes del diplomado. Este es el producto de esa charla, con toda la crudeza con la que ocurrió hace una semana.
¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta en la aplicación de la Ley 348?
Lo que me toca ver a diario en los juzgados, desde el momento de la presentación de una denuncia, lidiar con policías y fiscales, me hace palpar la 348 diferente a lo que otras personas lo pueden ver. Desde el ejercicio de la abogacía, el mismo hecho de que tengamos ese chip de activistas, además hay un tema muy personal, el hecho de que yo sea una sobreviviente de violencia sexual, permite que pueda comprender los temores que puede sentir una víctima, así como también entender por qué en algunos casos las víctimas deciden hablar y denunciar después de años. Considero que la 348 ha significado un avance muy progresista para defender y asistir a las víctimas, pero nosotros tenemos el problema en la práctica, porque esta ley es muy principista, que nos habla, por ejemplo, de la especialidad de los funcionarios que van a conocer desde el inicio la denuncia, pero todos sabemos que eso no sucede y por eso nos vamos a encontrar con actitudes totalmente machistas de policías que dicen: “seguramente usted lo provocó”, o “cuántos hijos tiene usted”, “¿los tres hijos son del mismo padre?”, “¿tiene hijos de distinto padre?” O “¿qué hacía usted bebiendo en la misma mesa con esos chicos?”. Tenemos fiscales que le han dicho a una mamá: “qué tanto escándalo hace si su hija de 15 años no era virgen”. Me contaba una adolescente que fue víctima de violación en estado de inconsciencia, que en la entrevista con la psicóloga del Slim, le decía: “¿así que fue tu primera vez? Sabes qué, no es nada, peores cosas pasan, no le digás nada a tu cortejo, superalo, para qué vas a hacer tanto show”. Tenemos una ley que nos habla del principio de especialidad y no tenemos policías, ni fiscales ni jueces que tienen la especialidad en lo que son delitos sexuales y perspectiva de género. Nos habla esta ley de celeridad, sin embargo, tenemos que acudir a la prensa para que un juicio de feminicidio avance. Tenemos los juicios de feminicidio paralizados desde el 2019 y los han puesto para apertura de juicio en mayo de 2021, tenemos casos de violencia familiar que llevan cuatro años. No existe la celeridad.
¿Eso quiere decir que se revictimiza a las mujeres?
No existe el trato digno, que establece que se debe evitar la revictimización, a las víctimas de violencia en todo momento las viven revictimizando. La revictimiza la jueza de un Tribunal de Sentencia que le dice a una niña de ocho años que declare delante del policía que la violó y que le costó la destitución, la revictimiza la jueza a una adolescente cuando en la cámara Gesell le pregunta en un caso de violación grupal: “de qué color era el calzoncillo del primero que te violó”. Nosotros nos quedamos indignados de todos los abusos y vulneraciones de los derechos de las personas. A mí me molesta, me da rabia ver toda esta parafernalia de las modificaciones de la Ley 348, porque yo quisiera que quienes están a cargo de modificar o de poder ejecutar esta ley se den una vuelta por los juzgados, por la Felcv y pudieran conocer lo que es el diario vivir de una mujer que tiene que peregrinar con las famosas medidas de protección. Todos sabemos que se esas medidas no se cumplen porque cuando una mujer se anima a denunciar y el esposo decide difamarla, decide atacarla a través de la violencia económica, el fiscal no hace absolutamente nada.
¿Cree que los diferentes tipos de violencia que se prevén en la ley reciben el mismo trato?
Tenemos diferentes tipos de violencia en la Ley 348, pero solamente el Ministerio Público y la Policía actúan cuando se trata de violencia feminicida y cuando se trata de violencia sexual, pero minimizan y subestiman lo que es la violencia psicológica. La Ley 348 también define la violencia mediática, pero debemos ver cómo sancionamos la forma en que extorsionan a las jóvenes a través de las cuentas fantasmas y falsas de Instagram, donde comienzan a subir desnudos de las chicas, pero la violencia mediática no se sanciona, está ahí de adorno. Y qué difícil es lograr una imputación en violencia económica y patrimonial. Está la ley, pero el gran tema, la gran cuestión es que, en la realidad, en la práctica no sucede, es una ley que lastimosamente fue utilizada para acallar los cuestionamientos de todo un país ante el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, que ya había denunciado varias veces. Con bombos y platillos se promulga esta ley y las mujeres siguen siendo asesinadas. Y, resulta que la Ley 348 que tenía que ser para luchar contra la violencia hacia las mujeres, cuando te estás divorciando y tu cónyuge tiene más recursos que vos y te quiere quitar la guarda, se ha convertido en la nueva arma de los abogados de usar la 348 para denunciar a las mujeres por violencia familiar. Increíble, pero es el nuevo negocio de abogados inescrupulosos, para obligar a las mujeres a que pierdan la guarda de sus hijos o que no exijan la asistencia familiar que les corresponde o el poder reclamar los bienes gananciales que muchas veces se ocultan. Ese es el nuevo negocio de algunos abogados, denunciar a las mujeres por violencia familiar y ejercer todo un aparato de persecución a las mismas mujeres, es algo terrible porque esta ley se promulgó indicando que era para protegernos a nosotras, pero la utilizan para lo contrario.
¿Cómo funciona esa utilización a la inversa de la Ley 348?
Se ha puesto de costumbre en distintos casos que cuando la mujer quiere solicitar asistencia familiar o van a ir a pelear los bienes gananciales, o los hombres porque no quieren que tenga una nueva vida, para castigarla, dice “te voy a quitar a tus hijos”, van a la Policía y dicen que es víctima de violencia familiar, que ella le grita, que tiene daño psicológico, o si el niño va a la casa del padre y tiene alguna picazón, la acusan de haber maltratado al niño, pero la que más se usa es la de violencia familiar.
¿Qué otros problemas ha detectado en la aplicación?
Por ejemplo, en el caso Manada la víctima tiene que irse del país porque no la dejan tranquila, no puede estudiar medicina, que es su sueño, la persiguen, la hostigan. Estamos en pleno juicio, pero los acusados de violarla están haciendo tik toks, libres, y ella lejos. La única forma de conseguir justicia pareciera que es protestando, escribiendo en las redes sociales, denunciando en la prensa. Mi pregunta es qué podemos lograr con las modificaciones si tenemos un presidente del Consejo de la Magistratura que llamó a una jueza para que la conceda cesación a un feminicida en Tarija y lo digo con nombre y apellido: Omar Michel. Como pedirle a la Magistratura que controle y se pueda hacer el seguimiento a jueces y fiscales. Hay además una deuda que tienen los legisladores de la anterior gestión y de esta que es la Ley 1173 (Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres), que es un pésimo retroceso porque es increíble que fue utilizada para ayudar a algunos dirigentes y terminó siendo la mejor arma para que violadores y feminicidas puedan tranquilamente salir de la cárcel (luego de seis meses). Yo que el Ministerio de Justicia hubiera comenzado por trabajar con el Legislativo y hacer las modificaciones de la 1173 porque es un retroceso que ha sido la mejor arma usada por agresores, feminicidas y golpeadores de mujeres.
¿Qué pasa con los casos en los que los acusados son menores de edad? Salen libres, como en el caso Manada y el caso Joselyn en Oruro.
Esto tiene que ver con la 548 (Código Niño, Niña y Adolescente). La Ley 548 sobre justicia penal juvenil tiene otro tratamiento cuando son adolescentes con responsabilidad penal. Sólo se consiguen sentencias de cinco o seis años. Ha sucedido también con Abigail en La Paz, Carlita en Bermejo, cómo es posible que reciban una condena que es absolutamente nada, un saludo a la bandera, esta ley es demasiado flexible con los adolescentes con responsabilidad penal. Se debería tener una modificación, porque creo que una persona de 16 y 17 años que asesine y viole ya representa un peligro para toda la sociedad. Y todos sabemos que no van a cumplir ni los cinco ni los seis años, máximo están un año o año y medio, y la pregunta es cómo va a ser después esa persona. Cuando sucede el caso Manada comienzan a visibilizarse las violaciones grupales en el país y de repente comienza este nuevo fenómeno criminológico y lo que me llama la atención es que los agresores en su mayoría son adolescentes. Estos casos son personas que no tienen el más mínimo remordimiento, logran salir de la cárcel y no van a cambiar. Los casos de violaciones grupales se han multiplicado y muchos de ellos no han llegado ni a etapa de juicio, salvo raras excepciones.
¿Qué se puede hacer con la Ley 548, tomando en cuenta que ahora hay muchos menores infractores que están mezclados con las víctimas en los albergues o que muchos pasan la mayoría de edad, pero se quedan en los centros?
La población juvenil está mezclada entre los consumidores de drogas, problema de pandillas, donde en vez de reformarse van a deformarse. Por otro lado, los jueces del menor, que son los que conocen estos casos, porque no los lleva un juez cautelar, son jueces de muchos años de antigüedad que durante 20 años se dedicaron a autorizar permisos de viaje de menores y que en el caso de Santa Cruz no tienen ese conocimiento de la temática con perspectiva de género y te enfrentás a jueces terriblemente machistas de 60 años y que les miran a las adolescentes y en vez de cuestionar al adolescente violador, preguntan a la adolescente “para qué te entraste al cuarto de tu compañero”, “por qué no educa señora a su hija”, cosas así. Hay mucho para debatir referente a la 548 porque los casos de justicia penal juvenil se están incrementando.
¿Cuáles serían las soluciones para que lo que usted describe? ¿Qué cambios deberían hacerse en la Ley 348?
Sueño y anhelo con la especialidad. Se tiene que impulsar desde la Fiscalía, desde la carrera judicial, la especialidad para poder llevar delitos sexuales, hacer una carrera de jueces y fiscales en perspectiva de género. Las rotaciones nos hacen daño, porque tenemos que lidiar con una especie de lotería para que nos toque una fiscal correcta y luego nos llega el cambio y se va a ver caso de corrupción y uno que estaba en la Aduana viene y tiene que lidiar con delitos sexuales. Lo mismo dentro de la Policía, los rotan. Se tiene que dejar de ver a la Felcv como la hija más descuidada de la Policía, los policías se quejan porque no tienen ni para gasolina, no tienen vehículo. Cuand o no hay especialización es impresionante la revictimización de una mujer. La mujer está acongojada, impactada con el hecho haber sufrido violencia sexual y tiene que llegar ante un policía y contarle lo que pasó, tiene que someterme a esa mirada del policía que va a auscultar. De ahí la van a derivar donde una psicóloga del Slim, donde debe ser la número 15 del día; de ahí donde la médico forense, y otra vez tiene que contarle; de ahí la Fiscalía va a ordenar que le hagan pericia psicológica en el IDIF, y tiene que volver a contar; luego ante la cámara Gesell; ante el juez tiene que volver a decirlo, una y otra vez, una y otra vez. Y si ya encontré una fiscal que está comprometida con el caso y si la destinan a Portachuelo y me llega un fiscal que ha sido castigado, me va a preguntar “a ver, qué quiere, quiere que le pidan perdón, que lo metan preso, quiere plata”. Es doloroso vivir una violación, pero es también doloroso estar ante un proceso penal, en el que van a meses para conseguir una acusación. Tenemos que enfrentar a abogados que una y otra vez van a preguntar si yo llevaba minifalda, si consumía drogas, qué clase de vida llevaba, porque son sin piedad. Hay una rosca de abogados que incluso ya tienen al psicólogo que va a ir a desacreditar a la víctima, el médico que va a decir que no fue feminicidio, sino suicidio, son mafias que se conforman en distintos departamentos, para ganar los casos.
¿No se podría considerar que no sea el policía el primer técnico que atiende a la víctima y más bien escoger a otra institución?
Debería ser una institución del Ministerio Público, donde debe existir el acompañamiento de una carrera de la investigación de delitos antes que dejarlo a la Policía. Hemos ido a provincias, por ejemplo, en San Ignacio de Velasco, donde tuve una reunión con muchas mujeres que nos contaban que no querían saber nada de la 348, que ya era el colmo que cada vez que denunciaban el policía les exigía que lleve huevos, gallinas, un plato de picante y saben que el marido va a ganar, porque el marido les compra trago y se acabó.
