Proceso. Una audiencia con los involucrados en el caso Pari-Banco Unión.
La justicia boliviana comete los delitos que debiera procesar y sancionar. Esa es la dimensión de su crisis, una crisis que, según más de una voz especializada, no tiene precedentes. Va sumando una virtual antología de un mundo al revés en una de sus versiones probablemente más perversas. Entre ya incontables casos, quedan algunos donde se evidencia el delito, pero los motivos y varios de sus autores están en medio de una nebulosa.
La justicia boliviana en los últimos años ha llegado, en más de una oportunidad, a perseguir, procesar y casi sentenciar a quienes denuncian delitos. Sucedió así, por ejemplo, con Mariela Valdés Romero, quien ejercía como subgerenta regional del Banco Unión en La Paz y llevaba ya una prestigiosa carrera bancaría de 23 años. A mediados de 2017, observó la conducta sospechosa del jefe de operaciones de la agencia de Batallas, Juan Franz Pari. Se trataba de un polémico funcionario a quien ya había enviado diversas amonestaciones.
El 22 de septiembre, formalizó la denuncia ante el gerente de operaciones de La Paz, José Quiroz, sobre la probable apropiación irregular de fondos por parte de Juan Pari. Fue respaldada además por dos cajeras. Cuando estalló el escándalo envió a la gerente general un reporte en el que detallaba que los egresos irregulares realizados por Pari ascendían a 37,6 millones de bolivianos (casi 5,5 millones de dólares). Había cumplido con sus funciones incluso mejor que quienes, desde Santa Cruz, debían fiscalizar aquella cuenta normalmente.
De manera sorpresiva para sus propios compañeros de trabajo, para analistas independientes y quien haya evaluado el caso, Valdés, junto a las dos cajeras que la respaldaron, fue detenida después de realizar la denuncia y ofrecerse para declarar voluntariamente y aportar al esclarecimiento del caso. Luego, la imputaron por “enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa”, sin prueba o indicio alguno.
Pasó un año recluida en el penal de Obrajes. Finalmente, tras tortuosas gestiones, un juez dispuso que Valdés continúe su proceso bajo arresto domiciliario.
Más víctimas por caso
Decenas de notas de prensa, cartas de apoyo y reclamos formales abogaron infructuosamente por quienes denunciaron el desfalco ejecutado por Pari. El fiscal Edwin Blanco y la juez Claudia Castro evadían y hasta intimidaron (en el caso de Castro) a la prensa que demandaba explicaciones. En el transcurso de las angustiosas semanas para salir del penal, a Valdés se le impidió ver a su progenitor, ir a apoyarlo tras un accidente que le rompió la cadera y, luego, asistir a su sepelio.
Afectada por diversos problemas de salud, cuando finalmente logró retornar a su hogar, Valdez declaró: “Me han destrozado la vida por denunciar a Juan Pari. Procesan a quien denuncia y no a quienes son responsables”. La exejecutiva bancaria no es la única denunciante de un delito que en los últimos años, paradójicamente, ha sido objeto de rudos procesos por los responsables de administrar justicia. Pareciera, además, que, si la denuncia resulta de mayores proporciones, la respuesta de la extraña justicia boliviana fuese aún más dura contra quien la formula.
La justicia boliviana acosa, se ha vuelto una de sus características más perversas. Un caso llegó al extremo de que se sugiera sea inscrito en el libro de las plusmarcas mundiales. “Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y campesino (Fondioc), debería figurar en el libro de récords Guinness como la persona que sufre más injusticias en el mundo -ha sugerido el analista Andrés Gómez Vela-. No sólo por la cantidad de juicios en contra, sino por las torturas en cada viaje. Pues, recorrer enmanillado tres mil kilómetros en un vehículo incómodo es una tortura”.
El mayor asalto, impune
Que se recuerde, las grandes estafas y asaltos directos a bienes públicos nunca implicaron que se hable de miles de millones en el país. Por ello, probablemente, el caso Fondioc también implique un récord a nivel Bolivia. Sin haberse determinado el total aún, a la fecha, se calcula que el daño económico por el caso Fondo Indígena supera los 1.173 millones de bolivianos, es decir, 170 millones de dólares.
En diciembre de 2015, Aramayo denunció el desfalco en su condición de director del Fondioc. Había ejercido aquella función durante nueve meses hábiles y advertido serias irregularidades de las que informó a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. No hubo respuesta y, peor aún, cuando investigaciones de prensa revelaron el colosal escándalo, se dispuso el encarcelamiento de Aramayo y otros directores.
Aramayo respondió con abundantes pruebas que incluían documentos, audios y videos en las que se revelaba lo que antes ya había advertido a Achacollo: más de 200 polémicos proyectos involucraban a destacados dirigentes del Movimiento Al Socialismo, como Felipa Huanca, Juanita Ancieta, Rodolfo Machaca y Ever Choquehuanca. Se evidenciaban pagos de diezmos, proyectos fantasmas, desvíos a cuentas personales, cobros irregulares, etc. La Ministra había desechado la sugerencia de que realice auditorías.
El mundo al revés. El denunciante del desfalco al Fondioc ha sido objeto de nada menos que 259 juicios que le han abierto las autoridades. De ese total, han avanzado 86. Se le han iniciado procesos en casi todas las capitales departamentales y debe asistir a los mismos realizando extenuantes viajes enmanillado. Sufre ya su sexto año de reclusión, mientras tanto, los denunciados están libres.
“He batido todos los récords de trato inhumano degradante. Con André Gautier (psicólogo del Instituto de Terapia e Investigación – ITEI) hicimos una memoria; me asombré yo mismo. Una vez amanecí en plena cumbre en Sabaya (Oruro), en la frontera, para hacer una inspección. Muchas veces, sufrió conmigo mi escolta -le contó Aramayo a Gómez-. Ninguno de los 91 fiscales presentó una prueba. Por eso miré a la cara de fiscales y jueces y los mandé a la mierda. Como no tenían evidencias, sólo me pedían acogerme a juicios abreviados. Querían que admita delitos que nunca cometí a cambio de salir libre”.
Juicios a matar
Bajo esas características, la justicia boliviana ha llegado también a matar. Así lo han denunciado diversas voces al recordar el caso del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic. Tras renunciar a su cargo, en 2006, denunció diversas irregularidades en la entidad caminera. Varias de sus revelaciones se confirmaron o no pudieron ser desmentidas por las autoridades. Entre ellas destacan los casos de contratos con la empresa brasileña OAS, así como curiosas preferencias y tolerancia con constructoras locales.
El denunciante fue objeto de 76 procesos igualmente repartidos por diversas ciudades del país. Durante siete años y medio, Bakovic se dedicó a recorrer Bolivia para defenderse del enjambre de acusaciones que le fueron levantadas. Señaló que había gastado aproximadamente 200 mil dólares de su propio bolsillo en cuestiones legales y viajes.
Para entonces (2013), Bakovic tenía casi 75 años y su salud se había ido resquebrajando. En octubre de aquel año, se le ordenó ir a La Paz para una de las recurrentes audiencias de las decenas de procesos que se le seguían. Su cardiólogo le advirtió que el viaje era peligroso por su estado de salud. Bakovic pidió que la audiencia fuese aplazada o trasladada a un lugar más bajo.
El Gobierno reaccionó con escepticismo y dispuso que un médico, designado por las propias autoridades, diese un diagnóstico separado. El nuevo diagnóstico coincidió y derivó en la misma recomendación: sería peligroso viajar a La Paz. Pero, la Fiscalía le ordenó comparecer. En reconocimiento de su estado de salud, el fiscal Carlos Fiorilo le aseguró que, al llegar su vuelo a El Alto, una ambulancia y una enfermera lo esperarían. Al llegar al aeropuerto, no había ambulancia ni enfermera. Bakovic sufrió un infarto poco antes de la audiencia y falleció aquella tarde, en medio de una cirugía, en Cochabamba.
¿Encubrimiento oficial?
Así como la justicia boliviana llega a causar muertes también encubre delitos relacionados a muertes, sin que importen los consecuentes daños. No se explica de otra forma la misteriosa desaparición del periodista tarijeño Christian Mariscal Calvimontes, hace ya siete años y dos meses. Nadie pudo establecer qué sucedió con él después de que visitase a su expareja, Gabriela Torrez, el 19 de enero de 2014. Curiosamente, la familia de Torrez guardaba importantes nexos con exautoridades oficialistas y de la Fiscalía tarijeña.
El proceso de investigación se convirtió en una virtual competencia de impericias. Las muestras de 12 manchas de sangre halladas en aquel domicilio llegaron contaminadas a los laboratorios forenses y ya no se pudo identificar su ADN. Un extraño allanamiento a la casa del perito informático que investigaba las últimas llamadas de los celulares de los investigados destruyó esa otra posibilidad de pruebas.
El vehículo que Mariscal usaba esa noche, hallado gracias a una pesquisa de sus colegas, fue declarado “chuto” y, que, por lo tanto, “no se lo podía considerar”.
Paralelamente, los investigadores contaban “muy en confianza” a algunos reporteros: “Todo apunta a que Christian decidió irse a la Argentina e iniciar una nueva vida”. En 2016, tras dos años y medio de agobiantes esfuerzos por hallarlo, Jorge Mariscal, el padre de Christian, falleció. Las demandas directas ante el presidente Evo Morales, dos ministros de Gobierno y el fiscal general Ramiro Guerrero no surtieron el menor efecto.
Confesión. La juez Patricia Pacajes tras el escándalo que desataron sus declaraciones sobre el caso bebé Alexander.
Precisamente, el propio Guerrero tampoco salió airoso de otro de los casos que sobrecoge a los bolivianos por la conducta de los operadores de justicia: el caso bebé Alexander. Como es sabido, a fines de 2014, la juez Patricia Pacajes había sentenciado al médico Jhery Fernández a 20 años de cárcel. Lo culpaba de haber violado y causado la muerte del bebé de ocho meses.
Sorprendentemente, cuatro años más tarde, un audio revelaba que a Pacajes y a otros operadores de justicia involucrados en el caso se les había ordenado culpar al médico. En la grabación Pacajes menciona: “Cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente”. Todo apunta a que se buscaba encubrir la impericia de la forense que atendió el caso y señalado que el niño había sido víctima de una violación. Fernández recuperó su libertad, pero ninguno de los autores de semejante intriga en su contra purga pena alguna.
La lista de casos bien podría llenar bibliotecas sólo con lo más reciente. La justicia boliviana también ha extorsionado y robado, a lo grande y en equipo, como en el caso Ostreicher. Ha torturado, como lo denunció el exgeneral Gary Prado Salmón. Y los casos de indolentes conductas, como Franklin Gutiérrez, Felipe Moza, Rita Castrillo, Rodolfo Illanes… suman y se muestran inacabables. ¿Se la puede llamar “justicia”? Entonces, ¿por qué labra su propio prontuario?.