Debido al amplio debate en referencia al Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y en el afán de contribuir a la discusión técnica de los conceptos que sustentan este tributo, es necesario mencionar inicialmente que en términos tributarios resulta determinante la aplicación de impuestos progresivos, a fin de reducir la desigualdad a la que se expone a las personas después del pago de impuestos, es fácil distinguir que para una persona con un ingreso variable que no supere el salario mínimo nacional le resultará especialmente sensible pagar impuestos, por que sus niveles de consumo, ya bajos por sí mismos, se reducen considerablemente ante este tipo de pago, situación que puede pasar desapercibida para otra cuyos niveles de riqueza sean particularmente elevados, lo cierto es que la crisis económica internacional resultante de la emergencia sanitaria nos puso en un escenario diferente; en este sentido, resurgen iniciativas a nivel internacional relacionadas con la implementación de impuestos orientados a gravar la riqueza y el patrimonio, aún a costa de afectar los intereses de los más acaudalados.
En esta línea, el Estado Plurinacional de Bolivia analizó y trabajó en la implementación de un Impuesto destinado a gravar a las Grandes Fortunas de personas naturales, cuando estas superen los Bs. 30 millones o su equivalente en moneda extranjera, durante una gestión; el cual cuenta con alícuotas diferenciadas en los tres tramos señalados en la norma, las cuales alcanzan a 1.4%, 1.9% y 2.4%, situación que otorga una progresividad adicional en este segmento elevado de riqueza; esta medida no va orientada a salvar el momento como permanentemente se sugiere hacer, para luego continuar privilegiando la acumulación de riqueza de unos pocos frente a las mayorías, de lo que se trata es de que al igual que con temas tan sensibles como la salud y la educación, la solidaridad sea un principio aún en política tributaria. Debemos responsabilizarnos respecto a nuestro papel en este mundo y actuar en consecuencia, de forma que ello permita ayudar a superar este difícil momento a los más necesitados.
Sin embargo, existieron críticas en torno a si el IGF cumple con las condiciones que respaldan la aplicación de un impuesto de esa naturaleza, al respecto, es propicio mencionar que sí, pues para empezar la recaudación estimada es adecuada en el contexto vigente, pues alcanza a una proporción extremadamente pequeña de la población boliviana (0.001%), no generando efectos adversos en el resto de la población ya que el segmento de los posibles contribuyentes cuenta con la capacidad suficiente para cubrir este tributo; por otra parte, la medida resulta ser justa en términos de equidad vertical y a su vez la misma norma de creación del IGF establece mecanismos de control que pueden ser aplicados en el corto plazo y realizar el seguimiento respectivo en el tiempo, reduciendo la probabilidad de que los informales puedan evadir el pago.
Lógicamente, el IGF al tener un carácter progresivo, busca mejorar la distribución del ingreso, este objetivo será traducido a través de nuevas políticas encaminadas a favorecer a los más vulnerables; sin embargo, si el análisis se efectúa a ojo cerrado sobre datos fríos y velando intereses de los grandes acaudalados que se ven afectados por la medida, y basándose en las estimaciones previas, se llegará a la conclusión de que con la aplicación de dicho impuesto no se disminuye la desigualdad.
Asimismo, si bien los ejercicios de simulación son valederos, es muy precipitado aseverar que el IGF no contribuirá en la reducción de las brechas de desigualdad pues al ser una medida nueva, que se encuentra en pleno surgimiento, no habiéndose concluido ni el primer año de ejecución, resulta aventurado sostener que no tendrá los efectos trazados. Por otro lado, en términos estadísticos para ver a priori un efecto marcado en los niveles de desigualdad, se necesitaría aplicar la medida con puntos de partida mucho más bajos, donde se verían “afectados” más ricos, pero dueños de fortunas más pequeñas.
Desde el punto de vista académico, los mecanismos para reducir la pobreza y combatir la desigualdad son muchos; varios de ellos analizados y discutidos por las Autoridades del Estado; sin embargo, dada la idiosincrasia de nuestra gente, la aplicación de cualquiera de ellos, dará lugar a comentarios desfavorables y observaciones que provengan particularmente de los obligados a cooperar para lograr dichos objetivos, de los que escudan intereses ajenos o defienden posturas que están fuera de lugar en un mundo que definitivamente cambió.
(*) Los autores son economistas