La pandemia también puso en el tapete de las discusiones y de las preocupaciones del Estado y de la sociedad dos elementos centrales para el desarrollo y el bienestar de las personas: la salud y la educación. Ambas protegidas y amparadas por la Constitución Política del Estado, que demanda a los gobernantes de turno darle las máximas prioridades en los planes de inversión, en el presupuesto general y en las decisiones coyunturales que se puedan tomar.
¿Qué está pasando con la educación fiscal y privada en el país? El Ministerio de Educación y las unidades educativas están haciendo los esfuerzos necesarios para afrontar los retos y las dificultades que viene ocasionando la pandemia, que ha obligado a que los estudiantes se recluyan en sus casas y desde su computadora, celular u otro aparato sigan las clases virtuales que sus profesores les dan.
A raíz de ello han aflorado una serie de problemas, como el acceso al internet, los costos del mismo, la falta de equipos y otros. Es un tema que en el sector fiscal se lo debe resolver con la participación del gobierno, padres de familia, empresas privadas, profesores. Precisamente para cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional: La educación es la suprema función del Estado y es un derecho humano (Art. 17, CPE) y para que ello se cumpla, hay una serie de factores institucionales, acciones conjuntas en varios campos que deben confluir de forma armónica para garantizar a la niñez y juventud el proceso de su formación escolar.
Pero en el sector privado, el tema que se está afrontando tiene varias connotaciones, porque la mayoría de los colegios han dado respuestas a esta nueva dinámica de estudios de los niños y jóvenes, quienes a la vez deben adaptarse a las exigencias de las tecnologías de la comunicación y de la información, además de hacer uso de sus talentos, creatividades para salir airosos de estos desafíos.
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En realidad, hay un cambio de paradigmas, que llega al papá y la mamá, por cuanto ahora ellos están mas pendientes de la formación escolar de sus hijos, porque estos están en casa, pasando sus clases. Para todos el covid-19 nos movió el piso y corresponde adaptarnos y afrontar victoriosos estos retos pandémicos. Desde la Asociación Departamental de Colegios Privados (ADECOP), se asumió los desafíos, pero a la vez exige del Gobierno atender su demanda, como ser, una razonable rebaja en las pensiones escolares, no en la dimensión que exige el Ministerio de Educación, de un 35% de forma general e incluso algunas organizaciones de padres de familia, piden 50%, ambas generarán un golpe duro y mortal a muchas unidades educativas del país, las mismas que dan formación a más de 350.000 estudiantes.
Definitivamente, la pandemia del covid-19 nos ha afectado y nos seguirá afectando a todos, sin excepción, a nivel familiar, personal, empresarial, y también ha generado hacer uso de todas las capacidades para afrontar las adversidades, proceso en que ADECOP ha sido protagonista en las respuestas que se ha dado a la comunidad educativa.
La realidad de los impactos negativos del covid-19 no se la puede ocultar ni minimizar en relación al conjunto de las unidades educativas privadas, cuyos representantes han tenido que recurrir a acciones de salvataje e iniciativas compartidas para sobrellevar la difícil gestión escolar del 2020. En la presente gestión del 2021, las restricciones y la disposición gubernamental de las rebajas en las pensiones escolares, el camino se hace cuesta arriba, que provocará serios problemas al interior de las 806 unidades educativas privadas, repartidas en todo el país; sin embargo, los colegios privados han afirmado que están dispuestos a coadyuvar junto al Ministerio de Educación para que la formación escolar no sufra mayores golpes ni inconvenientes.
Es una responsabilidad compartida. Así tenemos que asumirla en estos tiempos difíciles para todos. Así lo deben entender los actores que son parte no del problema, sino de la solución: Ministerio de Educación, ADECOP, padres de familia. Tres actores que tienen su pilar en los docentes y en los estudiantes, que son los sujetos del mandato constitucional, la educación como derecho humano y del cumplimiento del Art. 17 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles”.
Hernán Cabrera M. es Lic. en Filosofía y periodista