Trabajó en YPFB, en la Fiscalía, en el Tribunal Departamental de Justicia y fue magistrado suplente. Analista dice que su interinato es para “propósitos innobles”.
Cándido Tancara Castillo / La Paz
William Eduard Alave Laura volvió ayer a la Fiscalía Departamental de La Paz, de la que se había alejado en febrero de 2020. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que lo posesionó en el cargo en octubre de 2018 en calidad de interino, ayer volvió a entregarle el puesto y bajo la misma condición. Dijo que la pretendida institucionalización de la Fiscalía el último trimestre no fue posible, por lo que entregó el cargo interinamente a Alave, quien obtuvo -según Lanchipa- “los mejores puntajes”.
Alave trabajó en los 14 años del gobierno de Evo Morales, como fiscal, vocal y presidente de Tribunal Departamental de Justicia, y abogado y gerente legal de la estatal YPFB.
Hace más de dos años, Lanchipa pidió a Alave “recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal” y ayer le dijo que “alcanzó uno de los mejores puntajes en el proceso de selección (declarada desierta). Sabemos que pondrá todo su esfuerzo posible, dedicación y trabajo para que la Fiscalía de La Paz mejore cada día brindando una atención de calidad y calidez a las personas usuarias”.
Alave trabajó en gran parte de los 14 años del gobierno de Evo Morales en la justicia, controlada por el MAS, y en YPFB. Fue fiscal de recursos en la Fiscalía General del Estado en 2007; vocal de la ex Corte Superior de Distrito de La Paz, en 2008, dos años fue presidente de ese tribunal de justicia paceña; en 2012 fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, según su hoja de vida.
En 2014 se desempeñó como profesional abogado IV y al año siguiente (2015) asumió la gerencia legal corporativa de YPFB, en la gestión de Guillermo Achá, quien fue echado por Evo Morales en 2017, pero beneficiado por la justicia con detención domiciliaria, por un presunto caso de sobreprecio en la compra de tres taladros a la firma italiana Frillmec por la suma de 148,8 millones de dólares. Poco antes, Morales había negado hechos de corrupción en la estatal petrolera y culpó a los medios de “hacer creer al pueblo” sobre irregularidades en YPFB, aunque entonces Achá era el séptimo presidente de la petrolera que había salido por hechos de corruptela.
Lanchipa y Alave
Pastor Segundo Villca Mamani, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien dijo que “admiro la gestión que él (Evo Morales) ha desempeñado esta última década, sólo (una persona) de la talla como él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia”, posesionó a Lanchipa y Alave como vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en abril de 2017.
Alave es uno de los 53 postulantes finalistas a la Fiscalía General que en septiembre de 2018 quedó inhabilitado, con 72 puntos, en la carrera de selección de candidatos, en el Legislativo. El nuevo fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, obtuvo 116 votos de los parlamentarios del MAS para ser electo.
Lanchipa fue posesionado como fiscal general del Estado el 23 de octubre de 2018 por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera. El 31 del mismo mes y año, Lanchipa posesionó a Alave en el cargo de fiscal de La Paz. Entonces Alave reemplazó a Edwin Blanco, criticado por el caso Alexander y otros procesos. En febrero de 2020, Marco Antonio Cossío sustituyó a Alave y renunció al cargo el 17 de marzo de 2021. Lanchipa también posesionó entonces a otros dos fiscales departamentales entre los que pugnaron con él por la Fiscalía General y afinidad con el gobierno de Evo Morales: de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas Vilte que fue representante de la Procuraduría General del Estado; Aimore Francisco Álvarez Barba, de Tarija, que se desempeñó como subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría y director departamental de la Procuraduría en Santa Cruz.
Entonces también posesionó a Juan Carlos Cuéllar Zurita como fiscal departamental de Pando. Éste fue el fiscal anticorrupción de ese departamento que llevó adelante la investigación del caso Fondioc, acusando al exdirector Marco Antonio Aramayo, que hasta ahora continúa encarcelado y con más de medio centenar de procesos.
Condición interina
Lanchipa precisó que Alave asume la Fiscalía Departamental de La Paz de manera interina, en aplicación de una resolución emitida por la Fiscalía General del Estado. “Al haberse declarado desierta la convocatoria para institucionalización de fiscales departamentales y de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público se designa a Williams Alave Laura como Fiscal Departamental de La Paz a.i.”.
Explicó que se emitió la Convocatoria Externa Nº 001/2021 para la institucionalización de las nueve fiscalías departamentales, en la que en una primera fase se presentaron 105 postulantes; de éstos, 63 superaron la fase de requisitos mínimos, de ellos seis accedieron a la nota mínima de 71 puntos para arriba y ser habilitados a la entrevista personal; cuatro retiraron sus postulaciones, inviabilizando el proceso de institucionalización.
El constitucionalista José Luis Santiesteban sostuvo que el gobierno del MAS no está interesado en la institucionalización de la justicia, y dijo que siempre hará el intento y luego lo declarará desierto, como el ocurrido con las nueve fiscalías y posesionará a quien logró supuestamente mayor puntaje. “No está en los planes de Lanchipa y el Gobierno no le permite hacer institucionalidad”, afirmó y dijo que el “objetivo es utilizar la institución para propósitos innobles”. Afirmó que “no le da la gana posesionar profesionales idóneos porque esos no estarán al servicio del poder político, que sin prueba pide violar las leyes; no se van a prestar a la inconstitucionalidad”.
Santiesteban dijo que la “Fiscalía es el operador del Gobierno, del poder político, del gobierno del MAS, porque nunca acusó ni acusará a los que cometieron delitos en 15 años con el fin de ayudar al Go bierno para que se perpetúe”.
Punto de Vista
José Luis Santiesteban, constitucionalista
Fiscalía, operador del Gobierno
La Fiscalía es una institución desvalorizada y desinstitucionalizada, es el valor atrofiado del Gobierno para cambiar su funcionalidad y convertirse en un peligro para la sociedad. La Fiscalía pasó de defensora de la sociedad en un peligro para la sociedad, porque los fiscales responden al poder político y cometen actos de corrupción y extorsionan; hay consorcios de fiscales y jueces que generan impunidad, persiguen a lo que el Gobierno les dice y generan impunidad en los casos de corrupción; en los casos políticos, no defienden a la sociedad sino al poder político. El Gobierno con los 2/3 nombró a Juan Lanchipa (en 2018) y destruyó la institucionalidad de la Fiscalía porque nombró a un ciudadano vinculado con el poder político que manejaba Evo Morales.
La Fiscalía se convierte parte de la desinstitucionalidad del Estado, hay un procurador del Estado vinculado al MAS, la hija de Evo Morales trabaja en la Procuraduría y la defensora del Pueblo (Nadia Cruz) hace más de dos años es interina y sus actos son nulos plenos de derecho, pero no los declaran nulos porque la justicia es del MAS. La Contraloría General del Estado no protege los bienes y recursos del Estado, nunca hace auditoría al gobierno de Evo Morales, es una institución disfuncional cuando es medular en democracia. La política del Gobierno es andar al margen de la ley y al margen de la Constitución, nunca va a permitir que haya una fiscalía institucionalizada; por eso en Bolivia, de acuerdo a lo que el fiscal mira y el Gobierno mira, no hay buenos abogados en el país; no hay institucionalidad porque es una afrenta para los colegios de abogados que el poder político no encuentra buenos abogados y sigue apelando a los que estaban en gestión de Evo Morales.
La Fiscalía es un brazo operativo, un operador del Gobierno y del poder político del MAS para seguir cometiendo abusos políticos y generar impunidad.