En la última década la FAO y la UNESCO han iniciado un proceso de reconocimiento de agroecosistemas de gran valor para la conservación de recursos fitogenéticos, bajo normativas internacionales.
La FAO ha creado la SIPAM (Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial), entre sus principales objetivos tiene el de fortalecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los recursos naturales, disminuir la vulnerabilidad del cambio climático, mejorar la agricultura sostenible, protección de áreas protegidas y, como resultado, contribuir a la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza.
En este sentido, la agrobiodiversidad es muy valorada al incluir entidades únicas en términos evolutivos que contribuyen a la diversidad funcional de los agrosistemas.
Está representada por poblaciones vegetales, con características propias, adaptadas en el transcurso de la historia a través de múltiples prácticas agronómicas y ecológicas, a las condiciones ambientales en una zona concreta de la geografía nacional o local. Muchas resultan de importantes sistemas agrarios de producción eficiente en términos de servicios ecológicos como: la quinua, tarwi, soja, maíz, maní, frijoles, etc.
Los agricultores que desarrollan su actividad en estos agrosistemas promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad deben ser reconocidos como auténticos gestores del medio ambiente, cuya labor resulta en beneficios sociales, que cubren la demanda y seguridad alimentaria de la población.
Su reconocimiento podría justificar la intervención de los poderes públicos, mediante el estímulo de reducción de impuestos, tasas, subsidios o regulaciones que permitieran la internalización de medios, de los costes y beneficios sociales correspondientes por parte del productor y/o de la sociedad.
Como otro factor determinante para la valoración económica-social de la agrobiodiversidad, son los criterios de uso y no uso de suelos, así como la frecuencia en tiempos, profundizando en el estudio de los bienes y servicios que provee la diversidad agrícola; donde la regulación normativa debe jugar un rol importante que proporcione seguridad a los que emprenden estas actividades que son preponderantemente ecológicas. Además, de no invadir áreas protegidas o parques nacionales, considerados como bienes comunes.
En nuestro país, contamos con 22 áreas protegidas nacionales de las cuales 13 tienen el reconocimiento de Parque Nacional. El primer Parque Nacional Isiboro Securé se creó en 1965, Sajama (1969), Amboró (1973), Tunari (1978), Noel Kemph Mercado (1979), Toro Toro (1989), Carrasco (1991), Cotapata (1993), Kaa Iya (1995), Madidi (1995), Otuquis (1997), Aguaragüe (2000) y Iñao (2004); todos suman un total de 9.699.183 hectáreas de superficie, que el nuevo censo se encargará de confirmar o, por el contrario la depredación a la que ya han sido sometidos por colonos del Chapare; no otra cosa significa la señal que da el gobierno, despidiendo a los guardabosques con dilatada experiencia.
Con toda la riqueza forestal y la biodiversidad de nuestros parques nacionales, lo que más nos inquieta y preocupa es la discrecional distribución de tierras a los interculturales y hordas del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP), que por intereses electorales y esencialmente económicos les han conferido en una extensión aproximada de 24 millones de hectáreas, sin respetar las Áreas protegidas y Parques Nacionales; siendo el Departamento de Santa Cruz la víctima del avasallamiento por parte del Gobierno y su brazos operativos el INRA y la ABT, que en 15 años han convertido el negocio del -oro verde y tierra fértil-, en el más atractivo disfrute a caudales, sin el riesgo que les reportaba la cocaína del trópico de Cochabamba.
Los pueblos de las provincias de Santa Cruz están densamente poblados, de ahí que no se justifica que se promuevan movimientos de personas del Valle Bajo de Cochabamba, a no ser que el trasfondo no sea otro, que cambiar la visión de quienes estuvieron ligados con el narcotráfico y organizaciones criminales o, invertir radicalmente las posiciones del pensamiento fraterno y humanista que ha caracterizado al cruceño.
La aventura sistemática con normativas peligrosas que promueve el gobierno -arrasan áreas protegidas-, inicialmente con conversión de Municipios en Autonomías Indígenas, sin consensos y con Estatutos inconformes con la Constitución, sin controlar los avasallamientos de propiedades (verbigracia Gutiérrez, Charagua) y, actualmente con el mercantilismo de las tierras, olvidan que el medio ambiente, la biodiversidad y la agrobiodiversidad son derechos constitucionales y subsecuentemente el deber de conservarlos, se halla atribuido no solo al poder de turno extraviado; sino a todas las autoridades de la región que deben hacer prevalecer el Estatuto Autonómico.
La prestigiosa humanista y defensora de los bienes comunes Canceller, Antonella, (2019: 15) dice: “Sin ética no hay civilización y sin cultura no hay reconciliación”.
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.