Las cifras que hace conocer la Universidad Johns Hopkins de EEUU., que en el mundo hay más de 132,2 millones de infectados con Covid-19; más de 2,8 millones de fallecidos y 693,3 millones de vacunados de una población mundial de más de 6.700 millones de personas; preocupan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los procesos de entrega de vacunas y los sistemas estratégicos de vacunación en los países fuera del patio de la Unión Europea (UE) y desarrollados, se vean desacelerados.
La salud pública es un -derecho humano- y precisamente por esa cualidad peculiar, los gobiernos deben extremar sus esfuerzos y economías para preservarla; es decir, deben obligarse así mismos, priorizarla, superando las regiones declaradas de desastre por el colapso de sus hospitales públicos y la ausencia de Estado en la atención de las condiciones para los médicos y personal sanitario.
El Papa Francisco acaba de hacer una reflexión profunda al mundo sobre la -violación de los derechos fundamentales- y esencialmente de los Derechos humanos, que los gobernantes del mundo y particularmente los países que siguen la doctrina del Constitucionalismo popular que no respetan la soberanía expresada en la Constitución asuman sus recomendaciones.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Enfáticamente, expresa: “Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación; me refiero a oponerse activamente a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos laborales y derechos sociales.
Piensen que ocurre a veces que los derechos fundamentales no son iguales para todos, hay gente de primera, segunda y de descartes; no, tienen que ser iguales para todos. En algunos lugares el desangre de la dignidad puede significar ir a prisión incluso sin juicio, puede significar la calumnia.
Apostilló, cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede negarse por ningún país. Entonces recemos por aquellos que arriesgan sus vidas en dictadura, luchando por los derechos fundamentales en regímenes autoritarios, incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y trabajo den fruto abundante”.
En pandemia tiene que desarrollarse una cultura organizativa planificada sobre todo en Bolivia, con 12.385 fallecidos, 277.966 infectados y menos del 3% de la población vacunada. Además, la versión del presidente Luís Arce Catacora deja dudas cuando afirma: “Gobierno denuncia que hay crisis en la demanda de vacunas porque 10 países acaparan más del 80% de las dosis”; si fuera así Chile no estaría liderizando en América Latina la vacunación con el 23,3% de vacunación completa de su población por encima de Emiratos Árabes (22,7%, de EEUU. (19,4%); Italia (11, Reino Unido (8,22%); España (6,2%); Italia (5,8), Alemania (5,4%) y Francia (4,6%).
¿Cómo se puede pensar que el gobierno prioriza la salud pública? Si hacen 48 días que tiene a los médicos del país y personal sanitario movilizados en las calles (abrogación de la L.1359) reclamando mejores condiciones de bioseguridad, equipamientos, medicamentos, personal especializado y mayor cantidad de vacunas para cubrir por lo menos al 70% de la población que sería lo ideal, según versión del presidente del Colegio Médico Nacional y del CONASA; movilización inteligente y humanitaria que no sensibiliza en lo mínimo al sistema de gobierno ni al guardián de la Constitución (Acción de inconstitucionalidad abstracta contra la L. 1359) cuando debería ser así; sin embargo opta por la campaña política reforzada a sus candidatos (MAS IPSP) en el balotaje del 11 de abril de 2021, con toda la logística y parlamentarios en los 4 departamentos donde se verificarán las elecciones, sin escrúpulo y responsabilidad alguna, como si no hubiera el Tribunal Supremo Electoral ni Ministerio Público para frenar los daños económicos que causa el presidente al Estado y la descomposición de la democracia. En parte se explica, el coraje de arremeter contra la democracia, porque – los amnistiados por ley por delitos contra los derechos humanos, organización criminal, delitos sexuales contra menores, genocidio y fraude electoral- piensan que en persecución política los opositores, deben estar todos en la cárcel; reclusorios que parecen haberse convertidos en cementerios de inocentes, pero como profetizó Nehum: la maldad no volverá a triunfar.
Si omite la obligación imperativa de garantizar y sostener la salud pública de médicos y de los ciudadanos (arts. 35, 36 y 37 CPE), anteponiendo intereses políticos partidarios en desmedro de la salud pública, principalmente de los sectores movilizados: CONASA y ADECOCA, éste último sector con acciones de marchas y bloqueos desde el 15 de marzo de 2021 (23 días) que reclama la abrogación de la Resolución ministerial emitida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que avala el traslado de ADEPCOCA a la zona de Kalajahuira para ser administrada por sectores afines al Movimiento al Socialismo: Su lucha deja un saldo lamentable e inhumano de: 40 personas detenidas, 3 con detención preventiva en el Penal de San Pedro, una mujer con bebé de 8- meses (arrestada), 120 personas presentan roturas de cráneo, heridos por balines, fracturas producidas por toletes y 3 personas que han perdido las manos por el uso de dinamitas de grupos irregulares del MAS (siete en clínicas); la crueldad y tortura que despliega el gobierno justifica en los hechos el título – Dignidad y derechos humanos en las calles – y, lógicamente con medidas de mayor impacto para ser escuchados, como el anuncio de bloqueos de carreteras y de las mil esquinas en la ciudad de La Paz según Armin Lluta.
No podemos olvidar que, sin necesidad de tomar partido a favor de la Filosofía Moral que ofrece mayor claridad sobre todo en aquellos casos difíciles que se presentan en el ordenamiento jurídico y por ende a las autoridades de los Órganos del Estado, que los derechos humanos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales que sobre la materia son ratificados por Bolivia; por ello, en problemas jurídicos y sociales como los referidos están normados y protegidos por la Constitución y resulta difícil concebir fuera de la democracia y la Constitución que, la dignidad de las personas cualidad ínsita a las mismas, corresponde a todo ser humano con independencia de sus concretas características particulares, a las que se contraponen radicalmente los comportamientos prohibidos, bien que la mediaticen o la instrumentalicen con represiones deshumanizantes, olvidándose que toda persona es un fin en sí mismo y el derecho a la protesta de los colectivos sociales es constitucional, que prohíbe el desenlace de tratos degradantes, crueles y hasta de torturas. Los autores intelectuales y materiales pasarán en su momento por la sala insobornable de un juez, no para recibir el azote o la pesadilla de sus cómplices, sino para hacer justicia e indemnizar a las víctimas.
Concluyo el análisis, con Castellá, Josep Mª, (2019: 434) que dice: “Los derechos humanos tienen un doble significado: demandas morales no reconocidas jurídicamente (derechos morales) y derechos de Derecho Internacional…y la dignidad ha de permanecer inalterable cualquiera sea la situación en la que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico y autoridad debe asegurar”.
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.