Con una resolución de directorio ampliado, el Comité Cívico de San Ignacio de Velasco determinó medidas contra los avasallamientos, la expropiación del cerro San Ignacio y la prohibición de la exportación de carne
Con la finalidad de analizar los avasallamientos de tierras, expropiación y amenazas a las áreas protegidas, el lunes por la noche se llevó a cabo una reunión de la institucionalidad de San Ignacio de Velasco, convocada por el Comité Cívico de esa región, de la que emanaron una serie de determinaciones.
Entre los puntos del voto resolutivo del directorio ampliado, se dio respaldo a la Diócesis de San Ignacio de Velasco en defensa de su derecho propietario, ante el intento del Ministerio de Defensa de expropiar al cerro donde se encuentran las antenas de la Radio Juan XXIII y del Canal 9 San Ignacio. Asimismo, pidió que se anule la resolución ministerial sobre el tema, y se encomendó al líder cívico que acompañe la reunión de este martes 27, entre la Diócesis y el Ministerio de Defensa.
También se solicitó a la Alcaldía de San Ignacio que declare a Radio Juan XXIII como patrimonio del municipio, en reconocimiento a sus más de 50 años de servicio.
De persistir la acción de expropiación, que pone en riesgo el funcionamiento de los medios de comunicación, advirtieron con movilizaciones de manera inmediata.
Defensa del territorio
Ante el «plan de avasallamiento que no respeta áreas protegidas», la Resolución 01/2021 del Comité Cívico determinó declarar estado de emergencia, de seguir el «nivel central promoviendo el avasallamiento de tierras». Se decidió la conformación de una comisión interinstitucional para iniciar acciones en defensa de las tierras.
Del mismo modo, exigió al Gobierno Municipal de San Ignacio y a la Subgobernación de la provincia Velasco detener la entrega de personería jurídica a nuevas comunidades, sobre todo en zonas declaradas áreas protegidas y aledañas al Parque Noel Kempff Mercado.
En esa línea, solicitaron a la Asamblea Legislativa Departamental elevar a Ley Departamental la declaratoria municipal de Bajo Paraguá como área protegida.
También demandaron a las autoridades departamentales la convocatoria y conformación de la Comisión Agraria Departamental e impulsar la auditoría del proceso de dotación y adjudicación de tierras, entre 2006 y 2019, a fin de verificar si se hicieron dentro de la normativa y la planificación del suelo.
En otro punto, exigieron la institucionalización del INRA, y específicamente a la Brigada Parlamentaria cruceña que inicie de manera inmediata las gestiones que permitan designar a una autoridad técnica, y no política.
El voto resolutivo faculta al líder cívico a iniciar gestiones ante otros comités cívicos de provincia que hubieran sido afectados por resoluciones de dotación del INRA, con la finalidad de asumir medidas de presión, en caso de persistir este «daño al patrimonio de los chiquitanos».
Exportación de carne
El voto resolutivo se manifestó sobre la prohibición de la exportación de carne. «Rechazamos la medida, al ser atentatoria contra el sector productivo y miles de fuentes de empleo», finalizó el documento.