La COB pide desde despenalizar uso de dinamita hasta jubilación con el 100% del salario ganado

El documento, que incluye la demanda de incremento salarial 2021, fue entregado al presidente Luis Arce.

Fuente: paginasiete.bo



En su pliego petitorio, la Central Obrera Boliviana (COB) exige al Gobierno desde despenalizar el uso de dinamitas hasta la jubilación con el 100% del salario ganado. El documento, que incluye la demanda de incremento salarial 2021, fue entregado al presidente Luis Arce.

“Exigimos la despenalización de la Ley donde se prohíbe el uso de la dinamita en manifestaciones”, señala en el punto que será tratada por la Comisión de Normas, prevista desde la siguiente semana.

No obstante, pese a la prohibición, en los recientes conflictos que se registra en La Paz, entre los miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), se tiene como saldo un herido por el uso de un cachorro de dinamita.

Se trata del agricultor Ronald Merma, que a raíz de la explosión de un cachorro de dinamita perdió una mano, tres dedos de la otra y la vista en un ojo, tras un enfrentamiento con la Policía.

En septiembre de 2013, el expresidente Evo Morales promulgó la Ley 400 para regular el uso de los explosivos para garantizar la convivencia pacífica entre bolivianos. El artículo 8 de esa norma establece: “Queda prohibida la tenencia, porte y uso de explosivos en actividades diferentes a las autorizadas, debiendo la Policía Boliviana incautar o secuestrar dichos explosivos sin perjuicio de las acciones legales que correspondan”.

Además, está vigente el Decreto Supremo 2888, aprobado en septiembre de 2016, que prohíbe el uso de la dinamita y otros explosivos en movilizaciones y protestas.

El decreto fue aprobado, después que una manifestación de los cooperativistas mineros derivó en enfrentamientos con la Policía y terminó con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.

En ese momento, el entonces ministro Carlos Romero dijo que las dinamitas y otros explosivos son armas letales, que no solo dañan la integridad física de las personas sino atentan contra la propia vida de sus portadores, por tanto, la disposición establece que aquella persona que vulnere la norma será sancionada con uno a cuatro años de cárcel.

La jubilación

En el caso de la jubilación con el 100% de los ingresos percibidos para el trabajador, es un pedido que data desde hace años porque solo llega en el mejor de los casos hasta un 30% del salario ganado y se cuestiona que solo sector como son los militares, se beneficie del mismo.

“Al haber transcurrido el tiempo perentorio de la Ley 065, exigimos la inmediata revisión, para tener una jubilación justa y digna con el 100% del salario percibido”, señala otro de los puntos que será tratada por la Comisión Económica.

También se pide evaluar el trabajo de la Gestora Pública, así como de las AFP Futuro de Bolivia y Previsión.

El jueves pasado, el ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, informó que cuatro comisiones serán las que analicen el pliego petitorio, documento que tiene 14 páginas. Entre ellos: la económica que estará a cargo del Ministerio de Economía; la social, que será dirigida por el Ministerio de la Presidencia; la productiva, por el Ministerio de Planificación; y la de normas legales y decretos, a cargo del Ministerio de Trabajo.

Otras demandas

Están la el tratamiento de la Ley de Reincorporación y restitución de derechos laborales. Una normativa sobre el “pago de vacaciones” pendientes a los dirigentes sindicales declarados en comisión, debiendo actualizar la Resolución Ministerial 461/94 a la Constitución Política del Estado.

Piden que los trabajadores de salud pública sean incorporados a la Ley General del Trabajo, como justo reconocimiento a su labor social. La promulgación de una norma que “prohíba” la persecución penal en el ejercicio del derecho a la huelga y protección del fuero sindical en materia penal.

También solicitan la abrogación de todos los contratos denominados “consultores en línea” y se respete la modalidad de contratos, de acuerdo a normas preestablecidas, además de otras demandas planteadas por la COB.