El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, respondió a una entrevista de la ANF en la que sostiene que las debilidades estructurales que enfrenta el sistema judicial «socavan» su independencia y lo hacen vulnerable a las presiones políticas, que durante años se ha visto afectado por corrupción, demoras judiciales e interferencia política.
Sobre la situación que vive el país en torno a procesos judiciales contra procesos judiciales, señala que este escenario pone de manifiesto «los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno, lo que representa una necesidad «urgente» de impulsar una reforma profunda en el país.
En su criterio durante el gobierno de Jeanine Áñez se cometieron «graves violaciones a los derechos humanos», sin embargo, en el caso por el que está detenida dijo que de acuerdo a la imputación no existe prueba de que ella y sus colaboradores hubieran cometido el delito de terrorismo.
Reiteró su preocupación en relación al decreto presidencial de amnistía e indulto, porque tiene un enfoque genérico para «beneficiar» a los procesados durante el gobierno de transición; más aún cuando militantes del Movimiento al Socialismo señalaron que era para sus afines.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En relación a la reelección indefinida, Vivanco señaló que es una «aberración jurídica» y que el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego que el Estado colombiano presentó una solicitud de opinión consultiva «Su decisión será importante, con impacto no solo en Bolivia, sino en el resto de la región», dijo.
La HRW es una organización internacional experta en la defensa de los derechos humanos, que ha mantenido una línea de crítica al gobierno del expresidente Evo Morales, de Áñez y de Luis Arce, en diferentes momentos de crisis en las que se exaltan las acciones vulneradoras de los derechos humanos.
¿Qué opinión le merece la institucionalidad democrática en Bolivia?
José Miguel Vivanco: Bolivia dio un paso muy positivo con la celebración de elecciones pacíficas en octubre del 2020, con una alta participación popular, en las cuales el actual presidente Luis Arce fue electo con un amplio margen de diferencia.
No obstante, Bolivia afronta importantes desafíos institucionales, entre los cuales destaco la falta de independencia de la justicia. Durante años el sistema de justicia boliviano se ha visto afectado por corrupción, demoras e interferencia política. Un sistema de justicia independiente y efectivo es fundamental para la defensa de los derechos humanos y para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Por ello insto a las autoridades y las fuerzas políticas del país a embarcarse en un proceso de reforma genuino, abierto y participativo, que deje de lado los intereses políticos y piense en el futuro y la estabilidad de Bolivia.
¿Qué opinión le merece el Órgano Judicial y el Ministerio Público Boliviano?
José Miguel Vivanco: El sistema judicial de Bolivia tiene debilidades estructurales que socavan su independencia y lo hacen vulnerable a presiones políticas. Por ejemplo, de acuerdo con la última información disponible, alrededor del 80 % de los jueces y del 90% de los fiscales de Bolivia son «provisionales». Eso afecta gravemente la estabilidad en el cargo y puede hacer que tomen decisiones no en base a un análisis imparcial de la ley y las pruebas, sino pensando en cómo esa decisión puede afectar sus posibilidades de mantenerse en el puesto. Eso les hace susceptibles a actuar según los intereses y las agendas de las autoridades de turno. Es fundamental garantizar la inamovilidad en el cargo de las autoridades judiciales.
¿Cómo puede salir Bolivia del círculo de «venganza»? En el país durante el gobierno de transición se iniciaron una serie de procesos judiciales, con el decreto presidencial de amnistía se pretende cerrar todos esos casos; ahora en este Gobierno se están iniciando otros juicios, detenciones, etc, qué opinión le merece esta situación.
José Miguel Vivanco: El círculo de «venganza» que usted menciona pone de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno -un problema crónico que afecta al país- y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda de la justicia.
La falta de independencia del sistema de justicia boliviano se agravó durante los 14 años que Morales estuvo en el poder. El gobierno interino de Jeanine Añez no representó ninguna mejora. Por el contrario, presionó públicamente a fiscales para que favorecieran sus intereses políticos, lo cual resultó en investigaciones penales por sedición o terrorismo contra un gran número de partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Muchos de esos casos tenían motivación política.
Tras ganar las elecciones en octubre, Luis Arce prometió una reforma a la justicia y creó una comisión de alto nivel para proponer medidas concretas. Hoy esas declaraciones parecen promesas vacías.
Su gobierno ha defendido las detenciones de Áñez y dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos. Nosotros analizamos el documento de imputación formal y no encontramos ninguna prueba que hubieran cometido delitos de terrorismo.
Durante el gobierno de Áñez se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, y los responsables aún no han respondido por sus crímenes. El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto (que más tarde derogó) que otorgó excesivas y discrecionales facultades a las fuerzas militares para emplear fuerza contra manifestantes. Ese mismo día, 10 partidarios del MAS fueron asesinados en la localidad central de Sacaba y el 19 de noviembre otros 10 murieron en Senkata, en las afueras de La Paz. Diversos testigos nos dijeron que las fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes desarmados en los dos casos. Pero el actual proceso penal no es sobre estos graves abusos, sino por las actividades de Áñez antes de convertirse en presidenta interina.
Nos preocupa asimismo el decreto aprobado en febrero por la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, que otorga amnistías e indultos genéricos, con un lenguaje sumamente impreciso, para beneficiar a los procesados durante el gobierno de Áñez por delitos vinculados con la crisis política que empezó en octubre de 2019. Los líderes del MAS han dejado en claro que el decreto está concebido para favorecer únicamente a sus simpatizantes.
Las víctimas merecen una justicia genuina e imparcial, que castigue a todos los responsables por delitos, sin amnistías o indultos en función de la filiación política.
¿Qué análisis tiene de esta polarización entre quienes sostienen que en Bolivia hubo un golpe de Estado y quienes dicen que hubo una transición constitucional?
José Miguel Vivanco: Somos muy conscientes de esa polarización. Es posible encontrar en la ciudadanía opiniones muy disímiles acerca de lo que ocurrió en noviembre del 2019. Por ello es fundamental que un órgano judicial independiente examine los hechos de forma imparcial y determine, con las debidas protecciones al debido proceso, si hubo una violación de las leyes bolivianas.
En mi opinión personal, el hecho de que el comandante de las fuerzas armadas le «sugiera» públicamente a un presidente elegido democráticamente que renuncie es, técnicamente, un golpe de Estado. Eso es lo que ocurrió con Evo Morales. Las fuerzas armadas deben estar siempre subordinadas al poder civil. No son un cuerpo deliberante llamado a opinar si un presidente debe renunciar o no. Darles ese poder es poner al país en manos de los militares.
La crisis en Bolivia se originó desde que el 2016 no se respetó los resultados de un referéndum que rechazó la repostulación del expresidente Evo Morales, se insistió en la reelección a través del Tribunal Constitucional alegando «un derecho humano». Muchos actores recurrieron a la CIDH para impulsar una consulta a la Corte-IDH, no avanzó, ¿cómo ve el rol del sistema interamericano en este tema sensible que ha detonado las crisis en varios países de América Latina?
José Miguel Vivanco: La interpretación a través de la cual el Tribunal Constitucional de Bolivia revocó el límite constitucional del número de mandatos, entendiendo que ello constituía una violación de los derechos humanos del entonces Presidente Evo Morales, es una aberración jurídica.
Invocaron como fundamento una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principal tratado de derechos humanos de América, que establece que los derechos políticos pueden limitarse «exclusivamente» en base a una lista acotada de hipótesis. Esa disposición de la convención fue concebida en 1969 para impedir que gobiernos autoritarios se aferren al poder proscribiendo arbitrariamente a candidatos de oposición, y no para impedir que haya límites constitucionales a las reelecciones que precisamente intentan evitar el surgimiento de caudillos.
Actualmente se encuentra pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva formulada por el Estado colombiano sobre la figura de la reelección presidencial indefinida. Su decisión será importante, con impacto no solo en Bolivia, sino en el resto de la región.
Fuente: lostiempos.com