Fuente: Radio Fides
Un informe de la Contraloría General del Estado, deja en manos de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, analizar y definir la continuidad o no de las funciones del gobernador paceño, Santos Quispe y de su esposa Ana María Salgado, asambleísta por la región.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, quien presentó la denuncia ante la contraloría el pasado 20 de mayo, manifestó que, si la asamblea departamental paceña no toma una decisión en torno a la suspensión de funciones de Quispe o su esposa, se incurriría en delitos penales.
“Está en manos de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz tomar la decisión, si la señora Ana en su condición de asambleísta departamental continúa o no en el cargo (…) o se evaluará también la continuidad como gobernador del señor Santos Quispe”, manifestó.
El pasado mes de mayo, el diputado oficialista presentó ante la Contraloría denuncias contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y de su hijo que es concejal en el municipio y contra el gobernador paceño y su esposa al considerar que en ambos casos se incurre en incompatibilidad de funciones al ser familiares cercanos.