Defensoría pide al TCP y Órgano Judicial resoluciones enmarcadas en DDHH para el reconocimiento de la unión libre

DÍA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, brinda una conferencia de prensa. Foto: Defensoría del Pueblo



Fuente: erbol.com.bo

La Defensoría del Pueblo instó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Órgano Judicial emitir resoluciones basadas en estándares interamericanos de derechos humanos, la Constitución Política del Estado y el protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género la demanda de la población Lesbiana, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Intersexual, Queer y otras (LGBTIQ+) en los trámites de reconocimiento de la unión libre entre parejas del mismo sexo.

La titular defensorial recordó que estas instancias deben tomar en cuenta lo que dispone la normativa nacional e internacional de derechos humanos como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina que el vínculo familiar, que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo, debe también ser protegido sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales.

En su criterio, la población LGBTIQ+ merece las “mismas prerrogativas que el resto de la ciudadanía” en lo referido a su derecho a formar familias y gozar de todos los derechos al igual que las parejas heterosexuales, a propósito del Día de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en Bolivia.

“Muchas parejas del mismo sexo se encuentran en desprotección e inseguridad jurídica, pues no pueden gozar de derechos, como la seguridad social a corto o largo plazo, beneficios laborales, pensiones familiares y sus derechos patrimoniales ante una separación o fallecimiento de la pareja”, afirmó.

La Autoridad, asimismo, advirtió peligros de intromisión de instituciones religiosas en las determinaciones del TCP respecto al reconocimiento de la unión libre, ausencia de protocolos de actuación específicos para atender casos referidos a la población LGBTIQ+, falta de medidas afirmativas por parte del Estado en favor de esta población durante la pandemia, entre otros.

La Defensoría del Pueblo también advierte la ausencia de protocolos de actuación específicos para atender casos de la población LGBTIQ+ y observa que la Fiscalía General  haya atendido solo cuatro casos, entre 2015 y 2020, referidos a delitos contra la integridad o la vida contra personas LGBTIQ+, tres en curso (etapa preparatoria) y solo uno con sentencia condenatoria.

Esta información no coincide con la cantidad de reportes diarios de hechos noticiosos ni con los registros de las organizaciones de esta población, lo que se traduce en que las víctimas de la intolerancia y la transfobia, como Alessandra, Gabriela, Litzi, Adri Adely y otras, aún esperan justicia.

La Defensoría del Pueblo durante la gestión 2020 registró 36 denuncias de vulneración de derechos de la población LGBTIQ+, y hasta mayo de 2021 suman 17 casos, casi el 50% de las denuncias recibidas en relación a la pasada gestión, lo que evidencia un incremento de éstas.

El Estado no atiende estos problemas con la urgencia que se requiere, pues si bien existen campañas orientadas a prevenir la discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género, éstas no son permanentes ni tampoco consideran enfoques de interculturalidad ni generacional, importantes para amplificar el mensaje hacia todos los sectores de la población. Tampoco existen sanciones para los mensajes de odio y de intolerancia que son recurrentes en la sociedad.