La expresidenta Jeanine Áñez, quien había brindado una declaración sobre el caso de la compra de gases lacrimógenos que generó la detención de su exministro Arturo Murillo, sufrió ayer por la tarde (7 de junio) una nueva descompensación en su salud.

Un equipo de fiscales ingresó el lunes al penal de Miraflores al mediodía. Durante tres horas tomaron la declaración sobre el caso Murillo. Luego, la interrogaban sobre la ampliación de su imputación a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que se suman a terrorismo, sedición y conspiración que la llevaron a la cárcel de forma preventiva.

Alrededor de las 18:00, la exmandataria se descompensó. Sus allegados relataron que su presión arterial subió a 180/110 (lo normal es 120/80), y se le presentó taquicardia.

Los médicos del penal actuaron inmediatamente, mientras la exautoridad sufrió una crisis en la que expresó que no podía mover sus manos, porque las tenía adormecidas y temblaba.

Por este motivo, se suspendió su declaración. Este medio no puso conocer el contenido de sus declaraciones.

En las redes sociales se hizo viral este lunes una imagen en la que la expresidenta muestra un tejido que hizo con la bandera nacional en la que se podía leer la palabra “justicia”. En Facebook y Twitter se pudo leer mensajes de apoyo, como aquellos que la criticaban.

El Gobierno, con la ampliación de imputación, busca según la oposición que Áñez permanezca en prisión más de los seis meses que una jueza cautelar le dio en primera instancia.

Mientras tanto, Comunidad Ciudadana (CC) anunció que no apoyará en el Legislativo juicios que tengan como sustento la “mentira de un inexistente golpe de Estado” y afirmó que viabilizará los procesos que estén involucrados en el marco jurídico nacional. Además, la alianza que lidera el expresidente Carlos Mesa cuestionó el manejo a la pandemia que realiza la gestión de Luis Arce y reprochó que los actos de corrupción cometidos por el exministro Arturo Murillo sean aprovechados políticamente por el MAS.

“En este contexto, el oficialismo está reactivando juicios de responsabilidades de anteriores gestiones. Ante esa acción, Comunidad Ciudadana ratifica el compromiso de viabilizar los juicios que estén adecuadamente fundamentados, sin dejar de lado la exigencia de que se garantice el debido proceso y que se realicen respetando la independencia y transparencia en la administración de justicia. No respaldaremos juicios que tengan como sustento la mentira de un inexistente ‘golpe de Estado’, o que pretendan criminalizar la sucesión constitucional que derivó en la presidencia transitoria”, afirmó Comunidad Ciudadanaen un comunicado de prensa.

Así, la alianza opositora presentará un proyecto de ley para que en 2023 se pueda acudir a las urnas para elegir a las autoridades judiciales, pero previa selección de los mejores actores jurídicos del país. La intención es postular a personajes “idóneos, independientes y honestos”. CC cuestionó el manejo de la pandemia que realiza la gestión de Luis Arce y la comparó con la de Áñez.