Por: Mauricio Quiróz Terán

Desde que el exministro Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos, donde se lo investiga por recibir sobornos y conspirar para el lavado de dinero, las tensiones internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se redujeron, de acuerdo con la evolución en las posturas de actores del oficialismo y análisis de especialistas.

Además, el “efecto Murillo” provocó un reverdecimiento de la narrativa del “golpe de Estado” por las nuevas acciones legales activadas desde la Fiscalía, incluida una declaración que entregó la expresidenta Jeanine Áñez, el 7 y 8 de junio, sobre este caso.

“La detención de Murillo le llega al MAS como una suerte de regalo, un buen regalo para poder soldar una relación entre Luis Arce y su gabinete, así como con diputados y senadores del MAS. Con este hecho, se cohesiona la base más dura masista con su base extendida, incluso de los simpatizantes que le dieron la victoria electoral del 55,11% de 2020”, señaló el politólogo Marcelo Arequipa a EL DEBER.

Tras la victoria electoral que llevó a Luis Arce a la Presidencia, el partido había previsto celebrar un congreso interno a finales de 2020 para la renovación de liderazgos, pero el evento se postergó en medio de disputas internas por la selección de candidatos para participar en las elecciones subnacionales.

De los 336 municipios que existen en el país, el MAS cantó victoria en 240; en 2015, esta fuerza política ganó en 227. No obstante, las principales ciudades capitales del país quedaron en manos de la oposición y tras la segunda vuelta del 11 de abril, el partido de Evo Morales terminó controlando únicamente las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí.

Rodolfo Machaca, uno de los dirigentes nacionales del MAS que fue cuestionado por imponer candidatos con “un dedazo”, volvió a negar que la causa de la derrota del oficialismo en las zonas más pobladas del país haya sido la imposición de la cúpula del partido. El dirigente forma parte del bloque partidario que no cuestiona el liderazgo de Morales, quien ya enfrentó tensiones internas por la forma en la que dejó el país en la crisis de 2019. “Ha sido una selección natural, autónoma de los precandidatos”, dijo Machaca.

La postura del dirigente es contraria a la corriente de renovación que llegó a cuestionar el liderazgo de Morales. “Que no vuelvan las viejas roscas. Lo que el MAS quiere en este momento es renovación, quiere fundadores y dirigentes que asuman un cargo institucional. Esos fundadores o dirigentes que nunca tuvieron la oportunidad de ser senadores, diputados o ministros, hoy en día deben ser la renovación. Ellos asumen con nueva cara y nueva imagen el partido”, afirmó el diputado Rolando Cuellar en mayo, una semana antes de la detención de Murillo en Estados Unidos.

Los roces internos estaban en la antesala del congreso nacional que se convocó para el 3 de junio, pero esa fecha también terminó siendo modificada. Evo Morales anunció el 14 de junio la decisión de realizar el encuentro político el 4 de agosto en Cochabamba. Cuando comunicó esa decisión, el debate público entre “históricos y renovadores” prácticamente había desaparecido.

“El Movimiento Al Socialismo no ha dejado de resolver sus problemas internos y que tiene que ver con la discusión de quienes van a ocupar los espacios más importantes dentro del partido. Por eso se postergó el congreso que estaba fijado inicialmente para diciembre de este año. Ahora se vuelve a modificar la fecha para agosto. Esos movimientos que han hecho la postergación obedecen a problemas que no han sido solucionados o que están solucionándose en favor de algunos actores políticos. Esa es la señal política que se percibe”, apuntó Arequipa.

El sociólogo y experto en políticas públicas Franco Gamboa consideró, además, que el MAS no ha cambiado el objetivo de buscar “un proyecto hegemónico” que “se reflejará en el resultado del congreso de agosto”. El especialista cree, además, que la detención de Arturo Murillo “ha provocado un impulso en las corrientes internas del MAS que están más afines a la construcción de esta hegemonía”. “Aun así, las fracturas internas aún persisten, aunque por el momento no sean tan notorias”, precisó el experto.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos monitoreó las comunicaciones de Arturo Murillo y de su colega Luis Fernando López desde fines de 2019, cuando se produjo el contrato con Bravo Tactical Solutions (BTS), una compañía estadounidense que pudo pagar sobornos para poder cerrar un negocio por $us 5,2 millones con el Estado boliviano para la provisión de gases lacrimógenos y munición no letal para la Policía. El precio de este contrato es también investigado en Bolivia debido a que la empresa brasileña Cóndor, fabricante de estos insumos, cobró $us 3,2 millones por los pertrechos.

El 24 de mayo, Murillo fue detenido en una ciudad del sur del estado de Florida, en Estados Unidos, donde estaba viviendo desde noviembre del año pasado.

Una semana antes de ese operativo, las pugnas internas por cargos en el MAS, que ya se habían manifestado durante el periodo electoral subnacional, reaparecieron en Santa Cruz. Varios sectores juveniles del MAS demandaron espacios de trabajo en el Gobierno, un escenario que se repitió en varias ciudades del país, pero especialmente en La Paz, donde al menos cuatro ministerios —Obras Públicas, Gobierno, Planificación y Desarrollo Rural— soportaron presiones de organizaciones afines al gobernante MAS.

“En el MAS se advierten pugnas por el acceso a cargos públicos, por el acceso a cuotas de poder que están dotadas de movilizaciones corporativas y de carácter sindical. También son pugnas por diferencias de espacio antes de confrontaciones ideológicas”, afirmó el exministro de Gobierno Carlos Romero a EL DEBER.

El 2 de junio, el ministro de Justicia Iván Lima fue interpelado por legisladores de la alianza opositora Creemos que pidieron explicaciones sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de acceder a la presidencia sin haber cumplido los requisitos legales para ello. La autoridad afirmó, entonces, que las denuncias de fraude, que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019, no habían sido probadas por el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tres días después, y por el mismo tema, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acudió al hemiciclo del Legislativo para responder a las inquietudes de la oposición sobre si se cumplió con el debido proceso en la detención de Áñez. Durante la interpelación se produjo una gresca entre legisladores opositores y oficialistas luego que el ministro acusó a sus adversarios de respaldar a un gobierno “corrupto y asesino”, esto por el caso Murillo y las vulneraciones de derechos humanos que se investigan por los fallecidos en las protestas de Senkata y Sacaba.

“A partir de esas interpelaciones a los ministros de Justicia y de Gobierno los legisladores del MAS se acercaron a la administración de Luis Arce. Más que para terminar de cerrar la disputa interna, lo del golpe terminó por cohesionar al Ejecutivo con el Legislativo”, remarcó el politólogo Marcelo Arequipa. De hecho, antes de estas comparecencias, Del Castillo y Lima habían sido criticados por sectores del MAS por no acelerar las investigaciones por los fallecidos en la crisis política de 2019.

Gamboa recordó que, de todas maneras, el Gobierno y el MAS esperarán el informe que en julio entregará el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre Sacaba, Senkata y el resto de la violencia. “Para entonces, la historia de Murillo ya no será tan relevante para el MAS y las diferencias volverán a aparecer”, remarcó el profesional.

El GIEI presentará un informe el 20 de junio, según anticipó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien prevé, incluso, una posible demanda ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Jeanine Áñez.
La exmandataria fue detenida el 13 de marzo y dos días después fue remitida a prisión preventiva que cumple en el penal femenino de Miraflores de La Paz.