La decisión de la Fiscalía General, tras una pericia de un grupo de investigación internacional, agitó las aguas políticas en Bolivia.
Fuente: correodelsur.com
La decisión de la Fiscalía General, de cerrar el caso Fraude electoral tras la pericia de un grupo de investigación internacional, agitó las aguas políticas en Bolivia. Desde el lado del MAS, autoridades y exautoridades salieron a defender que no hubo el fraude establecido por la OEA en 2019, mientras en la oposición, denunciaron una vez más manipulación de la justicia.
El expresidente y excandidato Carlos Mesa, sí como el gobernador cruceño y exdirigente cívico, Luis Fernando Camacho, recordaron que hay un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció irregularidades en las elecciones generales de octubre de 2019; ese año, las denuncias de fraude desataron una serie de protestas que terminaron con la renuncia de Evo Morales, que pretendía su cuarto mandato pese a lo establecido por la Constitución y amparado en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Del lado del MAS, la expresidenta del Senado, Gabriela Montaño, destacó la conferencia de prensa del fiscal general, Juan Lanchipa, y remarcó que “no hubo fraude” ni se detectó “la manipulación de la base de datos”, mientras el actual titular de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, sostuvo que “tiene que haber responsables” y cerrarse el caso para encaminar al país hacia una pacificación.
No fueron las únicas reacciones. Se pronunciaron otras autoridades y exautoridades de ambos bandos.
La decisión del Ministerio Público y las reacciones se dan justo cuando activistas y cívicos de diferentes departamentos se pronunciaron contra lo que consideran “ilegales persecuciones, detenciones, torturas, violación a los derechos humanos y abusos de poder en contra de ciudadanos, militares, policías y dirigentes de los comités cívicos de nuestro país”, según un documento firmado este martes 27 de julio por dirigentes de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Durante estas últimas semanas se reactivaron las detenciones de exjefes militares acusados de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 o de las muertes durante esas crisis.