Las zonas más afectadas son las de los pueblos chiquitanos en cinco provincias cruceñas. Según el INRA, hasta la fecha se saneó el 90% de tierras orientales.
Fuente: paginasiete.bo
Leny Chuquimia / La Paz
Asentamientos fantasma y testaferros son parte de los conflictos por tierras que se agravan en la región chiquitana de cinco provincias del departamento de Santa Cruz. Expertos advierten sobre intereses políticos, económicos y de identidad que están generando una tensión que podría derivar en enfrentamientos.
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“Hasta ahora son más de 1.400 asentamientos que existen en toda la zona. No podemos decir que todas son comunidades; son asentamientos fantasma, porque existen en papeles -con entrega de resoluciones- pero si vamos al lugar, la población no está”, señaló la asambleísta departamental que representa al pueblo chiquitano Aida Gil.
El presidente de la Central Indígena Chiquitana de la Provincia Germán Busch, Vicente Paraba, dijo que los problemas son recurrentes en cinco provincias de Santa Cruz, por las que se extiende el pueblo indígena: Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Nuflo de Chávez y Busch.
“Pobladores de Concepción, San Javier, San José, Pailón, San Ramón, San Rafael, San Ignacio, Lomerío y Paraguá -entre otros- han sido afectados con la dotación irregular de tierras a otras comunidades. No vamos a permitir que se nos quite un metro cuadrado más”, advirtió.
El director de la regional oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, sostuvo que para entender lo que sucede en Santa Cruz primero se debe aclarar y diferenciar a lo que se está llamando avasallamiento en este momento y cuál es su origen.
“Entre 2000 a 2004, y también de 2010 a 2012, hubo gente que se organizaba para tomar las tierras privadas. Esa es la figura de lo que se conocía como avasallamientos en años anteriores. Así nació el Movimiento Sin Tierra. Sin embargo, en este momento no es esa la situación”, explicó.
En los conflictos actuales, los predios en disputa no son privados, sino que se trata de tierras que eran de vocación forestal, pero que por efecto del saneamiento de la propiedad agraria han pasado a ser clasificadas como tierras fiscales. En este entendido, a partir de 2011 y con mayor fuerza entre 2015 y 2019, el INRA -como administrador del Estado- empezó a dar autorizaciones de asentamientos en estos nuevos espacios fiscales. Pero ¿cuál es el problema que esto ocasiona?
“Primero, que esas tierras están en áreas forestales y se las está dando para actividad agrícola. Segundo, en esos mismos lugares hay poblaciones que son originarias de la zona y piden ser dotadas de tierra primero y el INRA aún no lo hizo y además lleva a otras. Tercero, no se consideró algunos requisitos que están establecidos en la ley. Y cuarto, esas autorizaciones de asentamiento no son de ahora, datan desde 2011 hasta 2019”, expuso Vadillo.
El tema se complica aún más porque estos asentamientos o comunidades nunca existieron físicamente. Ante ello, el INRA conminó a quienes otorgó la tierra a ocupar los predios dotados para darles derechos a la propiedad.
“Es por eso que en este momento aparecen con mucha fuerza los nuevos pobladores, porque quieren ocupar las tierras que les dieron. Pero del otro lado también tenemos gente que se ha organizado para evitar que éstos se asienten, mientras que no se dote de tierra primero a los habitantes originarios. A esto es lo que se está denominando avasallamiento y conflicto por las tierras”, enfatizó el investigador.
Es decir, que no se están cuestionando las propiedades privadas, lo que está en disputa son predios fiscales. Y los sectores que cuestionan tienen los mismos argumentos: la falta de trabajo y de tierra .
“¿Hay intereses políticos? sí y también intereses económicos y de identidad”, dijo Vadillo.
“No sabemos cuál va a ser el fin de esa tierra que dio el INRA ni quiénes son los beneficiarios ni como la consiguieron”, recalcó Gil.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en una reciente entrevista con Página Siete indicó que en vez de recortar las grandes propiedades o hacer respetar el límite de las 5.000 hectáreas, se dio vía libre para un saneamiento en el que muchos empresarios recibieron tierras en doble y triple titulación a nombre de testaferros. “Son peones, ayudantes, es la gente que no existe ni siquiera en las redes sociales”, dijo.
Para Paraba, los asentamientos son ilegales porque los pueblos indígenas no fueron consultados. Afirma que detrás de los conflictos hay una nueva reconcentración de la tierra para su explotación. “Se da a organizaciones y sectores que solo dañan nuestro territorio y que imponen su forma de producción depredadora en nuestros bosques”, afirmó.
Saneamiento de tierras en el país
- Bolivia El país tiene una superficie total de 109,8 millones de hectáreas. De esta superficie, 6,7 millones de hectáreas son de manchas urbanas y cuerpos de agua, mientras que 103,9 millones son objeto de saneamiento.
- Título Según los datos presentados en la Rendición Pública de Cuentas Inicial de 2021 del INRA, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el país se saneó y tituló 90,7 millones de hectáreas, es decir un 88% de la superficie que puede ser saneada ya tiene un derecho propietario.
- Resto Un 12% (12,3 millones de hectáreas) de la superficie se encuentra pendiente de titulación: 4% (3,9 millones de hectáreas) porque esta en proceso, 6% (6,7 millones de hectáreas) porque esta paralizada por conflictos de tierras y 2% (1,7 millones de hectáreas) es superficie por mensurar.
- Tenencia Los datos de la entidad agraria revelan que la tenencia de la tierra entre 1996 y 2021 sigue la siguiente estructura: tierra fiscal, 30% (26,7 millones de hectáreas); campesinos e interculturales, 28% (24,8 millones de hectáreas); TCO/ TIOC, 27% (24,3 millones); Empresarios medianos, 15% (13,6 millones).
- Procesos Solo entre 2015 y 2019 se registró mas de un centenar de procesos penales por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del INRA que falsificaban documentos o extorsionaban a la gente.
- RRHH Al 31 de marzo de 2021, el INRA contaba con 502 funcionarios en todo el país, entre personal permanente, eventual y consultores. Con financiamiento del BID se convocará a 408 consultores en las distintas direcciones departamentales.
Los altos riesgos del tráfico y de la reconcentración tierras
“Estoy segura que las tierras dotadas no están siendo ocupadas por las presuntas comunidades beneficiarias. Nos preguntamos, entonces ¿para qué fueron entregadas esas tierras?”, cuestionó la asambleísta del pueblo chiquitano Aida Gil.
El director de la regional oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, indica que en recorridos por estas tierras se encontró que hay comunidades con una alta presencia de personas que trabajan la tierra, pero que también hay poblaciones que solo tiene un letrero y solo hay rastros de una extracción de madera, que probablemente fue ilegal.
“Hay otras comunidades en las que, de la lista de 20 a 30 personas que solicitaron las tierras, quedan solo cuatro o tres. En otros casos han quedado en manos de una o dos familias”, manifestó.
Estos asentamientos se forman a partir de listas de beneficiarios que cambian con el tiempo. Una es la lista de solicitantes y otra la que llega a la titulación.
“¿Por qué son tan dinámicas? porque son la muestra de que hay un mercado ilegal de tierras. Porque hay gente que pide la dotación gratuita al Estado y antes de recibir el título ya la vendieron con derechos de posesión a otra persona. También hemos visto casos en los que los dirigentes quitaron las tierras por no pagar aportes”, dijo.
Por lo general quien compra estas parcelas, que llegan a unas 50 hectáreas, no adquiere solo una, sino que ocupan entre tres y cuatro a un solo nombre y otras dos o tres a nombre de familiares.
“ Se van formando propiedades de alrededor de 500 hectáreas. Es un primer paso no solo para el tráfico de tierras en el que están metidos dirigentes y el mismo INRA, sino para la reconcentración de propiedad. Aunque se doten parcelas de 50 hectáreas, antes que se titulen las tierras ya vemos que hay quienes pueden estar agrupando 500 o 700 hectáreas en una sola comunidad”, detalló Vadillo.
Otra de las irregularidades es que estas dotaciones escapan a los requisitos de ley. Por ejemplo, antes de dar la tierra, la Autoridad de Tierra y Bosque no realiza la certificación de la capacidad de uso mayor que tiene la parcela y a qué se debe dedicar. “La extensión que se da a una persona no es la misma si es para uso agrícola o ganadero”.
Vadillo dice que hay un uso político de quienes entregan tierras a su propia militancia para cambiar la correlación de fuerzas y también de quienes aprovechando esa sensación de invasión organizan una defensa con el mismo fin.
“Es lamentable porque estamos llevando a la gente a niveles de confrontación. Pedimos a las autoridades que busquen diálogo para evitar este tensionamiento que no solo tiene que ver con la tierra sino con político, identidad y producción”, finalizó.
INRA: El 90% de las tierras cruceñas están saneadas
Según un informó el INRA, el 90% (31,5 millones de hectáreas) de las tierras de Santa Cruz ya están saneadas y tienen derecho propietario. El 19% de estos predios está en manos de los grandes y medianos empresarios.
Los datos oficiales indican que los pueblos indígenas de Santa Cruz (Guaranís, Ayoreos, Chuquitanos, Yuracarés-Mojeños y Guarayos) tiene 5,3 millones de hectáreas, que significan el 16%.
Asimismo, los campesinos, los interculturales y pequeños agricultores tienen -también- un 16% de la tierra.
Pese a las cifras los pueblos Chiquitanos aseguran que sus procesos de titulación no avanzan y no descartan una serie de medidas, como el inicio de un nueva marcha por la tierra y territorio. Pero por ahora trabajan en comisiones junto al INRA para dar solución a sus demandas.
“Exigimos al INRA acelerar los procesos agrarios pendientes para la comunidades indígenas de la Chiquitania, no vamos a permitir que se nos quite un metro cuadrado más a favor de sectores u organizaciones”, dijo el diregente indígena Vicente Paraba.
Añadió que también se está pidiendo la reactivación de la Comisión Agraria Departamental (CAD), con la participación de los representantes del pueblo chiquitano y los otros pueblos indígenas del departamento. “Esta comisión debe iniciar cuanto antes con la fiscalización y auditoría de los asentamientos ilegales en toda la región”.
Hace un par de semanas el legislativo y ejecutivo departamental de Santa Cruz impulsaron el “Congreso por la Tierra”, donde se denunció los conflictos que se viven en el departamento. Además se solicitó una reunión de la CAD para debatir y fiscalizar el proceso del saneamiento de tierras, pero la misma quedó en nada debido a la inasistencia del INRA.
Desde la instancia agraria se indicó que las denuncias y los eventos convocados en oriente son políticos.
“El INRA no asistió a la reunión que convocó el gobernador porque no se cumplen las formalidades (…) Por otro lado, dejé muy claro -y mantengo esa posición- que mientras ese espacio sea utilizado para confrontar organizaciones en la Chiquitania o polarizar políticamente, no vamos participar”, declaró el director del INRA, Elogio Núñez.
Fuente: paginasiete.bo