Es de conocimiento general de la población que las ciudades fronterizas del país tienen como fuente principal de ingresos el comercio y los servicios asociados a la importación y exportación de bienes de consumo y alimentos; tampoco se desconoce que el grueso de ese comercio corresponde al contrabando.
La falta de control de las fronteras, la pandemia por el Covid-19 y las múltiples complicaciones que implica la emergencia sanitaria han empeorado esa situación, por no mencionar lo difícil que es hacer importaciones legales a Bolivia y además las cargas sociales e impositivas que las empresas formales tienen a la hora de competir.
Hoy por hoy y según un estudio realizado por CAINCO, estamos hablando de que han ingresado al país un aproximado de 1.200 millones de USD de forma ilegal.
Cuando se habla de contrabando ahora, ya no solo se habla de las extensas rutas en el Altiplano y los peligrosos caminos que recorren los contrabandistas que internan automóviles y electrodomésticos desde Chile, ahora tenemos casi todos los gremios afectados por este problema, con un sin número de alimentos y bebidas que ingresan por las fronteras de Argentina y Brasil, incluso afectando a la cadena productiva cuando vemos a instituciones como la CAO haciendo el reclamo por el ingreso de productos como la soya u otros granos. Esto habla de poner en serio riesgo a la cadena productiva e incluso la seguridad alimentaria del país.
La informalidad ayuda a comprender por qué es tan difícil disponer de un mayor control: mucha gente, ya golpeada por la crisis emergente de la pandemia, no aceptaría que le quiten su nueva fuente de ingreso, sin importar si es o no legal.
La situación es igual en el resto de las fronteras que une Bolivia con todos sus vecinos, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina. Bolivia pierde cada día la guerra contra el contrabando debido a múltiples factores y no solo a la debilidad estructural para resguardar las fronteras de este y otros comercios ilícitos, sino también por las cargas laborales, burocracia estatal, aranceles de importación y todo lo que impide que las empresas puedan ser más competitivas.
Lo peor de todo es que el gobierno y las instituciones como la Aduana Nacional, el COA y las oficinas de defensa al consumidor en lugar de mejorar los controles y establecer un mejor mecanismo que impida que esto siga afectando a los diferentes sectores, como empresarios vemos que se ven rebasados y sus acciones son insuficientes. En este sentido, la falta de capacidad de las autoridades nacionales está quedando en evidencia.
Bolivia necesita un ajuste urgente en cuanto a medidas de alivio tributario, creando un ambiente de negocios más propicio para los empresarios formales, pequeños, medianos y grandes. Las actuales condiciones tributarias y aduaneras no se ajustan a la realidad del país, ni a la profundización de la crisis que se vive desde inicios de la pandemia.
Si el Estado no defiende a sus contribuyentes, se genera un efecto dominó en el que las recaudaciones serán cada vez menores, la inversión pública será incipiente, con cada vez menos negocios y empresas formales, sin generación de nuevos empleos.
El contrabando no es una alternativa, es un delito.
Autor: Pedro Miguel Cruz Pereyra vicepresidente Juventud Empresa