El diputado Beto Astorga (CC) había presentado una Petición de Informe Oral en mayo de este año.
Fuente: El Deber
Las peticiones de los alcaldes para aprehender a personas que no acaten las restricciones emitidas por los gobiernos municipales no serán ejecutadas porque no tienen respaldo legal, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, quien acudió a la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados a responder cuatro preguntas de una Petición de Informe Oral (PIO).
“Corresponde a los gobiernos subnacionales ejercer sus competencias reglamentarias; lo que ocurre dentro de un local es competencia de los gobiernos municipales y los que salen del local no están cometiendo ningún delito, sería violentar su derecho de trasladarse de un lugar a otro, no voy a detener a nadie por temas sanitarios”, dijo Del Castillo y de ese modo descartó que la Policía intervenga en locales públicos o privados, tal como sucedía en el anterior Gobierno.
El diputado Beto Astorga (CC) había enviado su petición en mayo de este año para saber cómo pueden pedir apoyo los gobiernos municipales para hacer cumplir las restricciones que proponen, luego que la Policía se negara a controlar el tránsito de personas en las ciudades donde se dispuso la cuarentena rígida.
El ministro dijo que no se podía aprehender a las personas que buscan el sustento diario y que el comercio es su único ingreso; asimismo, recordó que no existe ninguna ley que prohíba a las personas trasladarse de un lugar a otro, incluso en estado de ebriedad.
Aseguró que los gobiernos locales y subnacionales no tienen tuición para disponer la detención de las personas y por tanto, la Policía no puede desplegar efectivos con ese fin.
Explicó que el único camino es el de persuadir a las personas que acaten las restricciones municipales sobre la cantidad de personas que se pueden concentrar en los locales.
El festejo de la CSUTCB
El diputado Astorga reclamó por la tardanza del informe, porque se produjo cuatro meses después de haber presentado su petición y recordó que la Policía no acude cuando se trata de festejos vinculados al Gobierno como fue el caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuando permitieron desmanes en su sede.
Castillo dijo que el alcalde de La Paz, Iván Arias, tiene su número de celular y que él nunca recibió ninguna llamada del burgomaestre para intervenir en ese festejo. Aseguró que cuando se enteró instruyó el despliegue policial para resguardar la seguridad de las personas, pero no para aprehender a los asistentes.
El 26 de junio, en el aniversario de esta Confederación, la dirigencia organizó un ruidoso festejo en su sede de la zona de Miraflores en La Paz, la Intendencia Municipal logró ingresar al edificio y desalojar a los ebrios asistentes. La Policía solo permaneció en las puertas de ingreso y no colaboró en el desalojo de algunos iracundos asistentes.