Estas zonas son vulnerables a las plantaciones de hoja de coca, narcotráfico, incendios, avasallamientos y explotación minera. El Gobierno anunció un riguroso control a las actividades en las áreas protegidas.
Ivan Alejandro Paredes 5/9/2021 04:00
Las áreas protegidas de Bolivia sufren constantes vulneraciones a sus territorios. Las plantaciones de la hoja de coca dañan los ecosistemas y ponen en riesgo las vertientes de agua en la zona. Además, estas zonas están invadidas por avasalladores, por el narcotráfico y la minería y de paso sufren por los incendios. El Gobierno anunció que se hará un mayor control a las reservas.
En seis de las 22 áreas protegidas del país se hallaron cultivos ilegales de la hoja de coca, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, por sus siglas en inglés). “El 46% (de los cultivos) lo alberga el Parque Nacional Carrasco con 177 ha (hectáreas), seguido por el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Nacional Cotapata con el 15% equivalente a 37 ha y el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure con el 13 % equivalente a 33 hectáreas”, detalla parte del documento del organismo.
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, que se encuentra en el departamento de Santa Cruz, es la zona protegida más afectada por los cultivos de la hoja de coca. En este parque nacional, donde está la reserva de Choré, se reportó un crecimiento del 118% en las dos últimas mediciones que hizo la ONU a través de fotografías captadas por satélite y drones que llegaron a zonas casi inaccesibles.
En 2019, se detectó en el Ámboró 40 hectáreas de cocales y esa cifra se disparó a 87 en 2020. Este crecimiento muestra una duplicación del cultivo, así como una tendencia ascendente. El parque está en la provincia Ichilo de Santa Cruz y tiene 636.000 hectáreas.
El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, explicó que se hicieron varios sobrevuelos por esa región para apoyar las tareas de detección de coca ilegal. “Hay un aumento de plantaciones por el sector de Yapacaní y en el reservorio Choré. En los sobrevuelos realizados hemos podido identificar más de 200 hectáreas que están en zonas ilegales”, afirmó la autoridad, quien adelantó que ahora se intensificarán las tareas de erradicación, especialmente en parques y reservas naturales.
Día de las áreas protegidas
Ayer, se celebró el Día Nacional de las Áreas Protegidas del país y no con buenas noticias. El biólogo Huáscar Azurduy, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), resaltó que cualquier producto que se vaya a sembrar en una reserva natural trae consigo la deforestación. El experto dijo que uno de los riesgos es que estas zonas se queden sin agua por las plantaciones de la hoja de coca.
“En el caso concreto del parque nacional Amboró, en ese parque está el futuro del agua para toda esta región. Su masa boscosa regula la humedad de Santa Cruz de la Sierra y del norte integrado. Si, con el tiempo se hace una afectación severa, estamos poniendo en riesgo el agua, independientemente de la rica flora y fauna icónica como el oso jucumari que allí existe”, explicó Azurduy.
El biólogo añadió que, gracias a la presencia de este parque nacional, en los períodos secos del año se mantiene la humedad con lluvias esporádicas de invierno. “Cualquier factor vinculado con la deforestación progresiva producto de la coca o de otra actividad, afectará el funcionamiento hidrológico de este sistema”, remarcó.
“No juguemos con el futuro del agua de la región. Eso implica asumir decisiones ahora”, advirtió el especialista sobre esta realidad.
Las otras reservas naturales afectadas por los cultivos de coca están en los departamentos de Cochabamba y La Paz. En el caso de la primera región está el Isiboro Sécure que presenta una leve reducción del -4%, le sigue el parque Carrasco donde existe un incremento del 87% de cocales. En el departamento de La Paz, el parque Madidi registra una reducción del -3%, mientras que el Cotapata se incrementan los plantíos un 17% y en Apolobamba el 3%.
En la parte sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el reporte señala que en el Polígono 7 hay 1.373 hectáreas de coca (26%), mientras que “en el área comprendida entre el límite del Parque Nacional Carrasco hasta la Línea Roja se evidenció 942 hectáreas, un 25% más que el registrado en 2019”.
Narcotráfico en áreas
Son ocho las áreas protegidas, de las 22 que tiene Bolivia, que están siendo penetradas por el narcotráfico. Pistas de aterrizaje clandestinas, megalaboratorios de producción de cocaína, plantaciones ilegales de hoja de coca y sobrevuelos de avionetas son la muestra de que en estas zonas las mafias operan. El Gobierno adelantó que la meta es erradicar 9.000 hectáreas de cultivos de coca en estas reservas y para ese fin se realizarán operativos y trabajo de inteligencia.
“No somos un gobierno de palabras, sino que somos un gobierno de hechos y estamos demostrando con grandes resultados que nos importan de sobremanera nuestros parques nacionales y nuestras reservas forestales. Es por eso que hemos instruido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que se traslade inmediatamente a todos los parques que están en nuestra patria”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Alex Villca es vocero de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). El dirigente indígena se centra en el caso del Madidi y reveló que existe el sobrevuelo de avionetas “todos los días” en diferentes comunidades en el norte de La Paz. Además, dijo que existen pistas clandestinas de aterrizaje que sirven al narcotráfico.
Otro factor que pone en riesgo las áreas protegidas es la incursión de la minería en estas zonas. En el norte de La Paz, concretamente en el parque Madidi, la explotación de oro por parte de las cooperativas daña los ríos del área protegida, pero también la vida de sus habitantes.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) accedió a dar autorizaciones a empresas y cooperativas mineras para que realicen trabajos de explotación en diferentes áreas protegidas del país, violando la Constitución con relación a la protección del medio ambiente, según denuncias presentadas ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El artículo 220 de la Ley Minera establece que “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la norma ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de la protección del área”. La senadora Silvia Salame anunció que observará la norma.