La falta de controles sanitarios constituye un riesgo para los consumidores
El contrabando es una actividad ilegal y un delito, que daña al Estado en su conjunto, al afectar sus recaudaciones tributarias, restar mercado a las empresas nacionales y mermando los puestos de trabajo para la población. Así lo explicó el economista y gerente general del instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, agregando que “el comercio exterior puede ser un gran instrumento para el desarrollo, entendido no solo como crecimiento económico, sino como progreso social”.
Rodríguez indicó que su institución promueve las exportaciones e importaciones formales, reiterando que el contrabando afecta los ingresos del país al eludir el gravamen arancelario, el impuesto al valor agregado de las importaciones y no paga tributos internos. Además, indicó que la pérdida de mercados provoca que las empresas reduzcan su personal.
A esto se suma el efecto negativo que puede tener sobre la salud. “Cuántas personas están hoy más enfermas que antes por haber comprado medicamentos adulterados o vencidos, lo mismo sucede con los alimentos”, especialmente en rubros como el de los aceites vegetales bolivianos, que son de alta calidad y hoy no solo proveen al mercado interno sino a los de exportación, “alimentando a millones de personas en el mundo”.
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Indicó que es preciso atender esta situación, ya que los aceites de contrabando ingresan sin ninguna certificación o respaldo sanitario de inocuidad alimentaria, mientras que los nacionales deben tener una adición de vitamina A para ayudar a la salud de la población, por lo cual, se están consumiendo aceites que no tienen este ingrediente ni respaldo sanitario.
Pidió a la población reflexionar sobre el efecto que esto puede tener en sus familias y “si queremos tenerla sana, consumamos el producto nacional. Esto será de gran beneficio para todos”.
El sector aceitero es uno de los más afectados por el creciente contrabando que ingresa al país, fundamentalmente desde Argentina. Las ventas de la producción legalmente establecida han caído drásticamente, en aproximadamente un 30%, porque es muy difícil competir con productos que llegan con costos de hasta un 60% menos, según datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).