Empresarios, gremiales, la Iglesia evangélica y los periodistas rechazan la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lucha Contra el Terrorismo, por considerar que contravienen disposiciones constitucionales. En tanto, el Senado Nacional se prepara para considerar el documento aprobado en Diputados.
Luego de diferentes análisis, los sectores sostienen que el proyecto, que a nombre de luchar contra el lavado de dinero u otros, atenta contra libertades democráticas y se constituye un grave riesgo para las actividades financieras, civiles, comerciales.
Los empresarios privados demandan que se realice un control de constitucionalidad al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas por atentar contra las actividades financieras.
Los gremiales están en emergencia por la futura norma, porque contempla la sanción directa a comerciantes. A nombre de luchar contra el contrabando podrán intervenir en los negocios u otros.
Carlos Aruquipa, representante de las iglesias evangélicas de Bolivia, dijo que rechazan el proyecto de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas porque consideran que afectará al secreto de confesión y al diezmo.
El consejo nacional cristiano señala que el proyecto de ley vulnera los derechos de las instituciones religiosas.
El artículo 18 establece que tienen el deber de remitir información a sólo requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, curas, partidos políticos y ONG.
El gremio de los periodistas también cuestiona el proyecto de ley, toda vez que se busca eliminar el secreto de confidencialidad.
El artículo 11, relativo a la exención de secreto de confidencialidad, señala que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras pida información que será obtenida “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”.
Por otra parte, también se objeta el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, porque involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.
El analista Jaime Funn califica la norma que se considera en el Legislativo como “instrumento de persecución” .
Explicó que se da atribuciones para que entidades del Estado puedan escuchar vía telefónica e investigar sobre los estados financieros, sobrepasando las atribuciones que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga.
Mencionó que el artículo 9 de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga superpoderes a la UIF para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.
“Bajo este precepto todos los bolivianos que realicen transacciones financieras será objeto de sospecha”, sostuvo.
GOBIERNO DICE QUE SANCIONARÁ LO ILÍCITO
El Gobierno a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, defienden el proyecto y sostienen que lo único que busca es sancionar las actividades ilícitas.
Montenegro señaló que el proyecto busca unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La viceministra de Pensiones refiere que “la ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios”.
El presidente de la Cámara de Diputados indicó que “es para aquellas personas que no pueden justificar la ganancia que tienen”.
Fuente: lostiempos.com