Pura Suárez es la cabeza de la Central Indígena Chiquitana de Pailón (Cichipa). Como parte de la estructura de la Cidob Nacional, y «después de un análisis amplio de la coyuntura», ayer acordó, junto a las otras organizaciones que conforman la Cidob, dar un plazo de 72 horas al Gobierno nacional y sus oficinas correspondientes, para dar solución a la problemática de la tierra.

De no ser atendidas las demandas, las organizaciones que conforman la Cidob Nacional iniciarán este 4 de octubre lo que denominaron la undécima marcha nacional, hacia La Paz.

Uno de los casos más visibles que manejó la Cichipa fue el de Pailoncito, una comunidad chiquitana que disputa el mismo espacio que ya fue otorgado por el INRA a las bartolinas, mediante resolución de asentamiento.

-¿Cuáles son las demandas sobre la tierra?

En mayo, con el INRA se hizo un acuerdo interinstitucional para atender las demandas, y el INRA no ha cumplido, solo atendió algunos casos para mantenernos entretenidos, y las demandas importantes están sin resolver. Hay conflictos, hay territorios que están siendo avasallados, demandas con 10 años, sin titulación, otras sin solicitud ni censo, hay sobreposiciones. Las 14 regionales han determinado eso, plazo de 72 horas al INRA, o marchar hacia La Paz, los 34 pueblos de tierras bajas.

– ¿Qué pasó con Pailoncito?
Tiene una demanda formal de dotación en el censo comunal del año 2016, solicitaban 1.500 hectáreas, según el informe del INRA. El INRA les hace conocer en diciembre de 2017 que esas tierras fiscales ya estaban solicitadas. También les explicaron que en Pailón no hay disponible esa cantidad que ellos requieren y les sugieren un predio disponible en la autonomía indígena de Charagua.

En su proceso de solicitud ellos han obviado alguna documentación que el INRA sí o sí requiere para iniciar una solicitud formal de dotación, por ejemplo les observaron, por ejemplo, que no adjuntaron acta de fundación de su comunidad, estatutos, como exige el procedimiento, incluso no había lista de beneficiarios. Eso se notificó al señor Antonio Ríos, que debía complementar la documentación, y que entonces era el representante de la comunidad. Los de Pailoncito pidieron en 2016 y las Bartolinas en 2014.

–  Los de Pailoncito dicen que les perdieron su archivo en el INRA, ¿qué hay de eso?
Sí, yo pregunté y me dicen que por más que se hubiera perdido el documento, porque en el INRA todo puede pasar, sin embargo, cuando se mete alguna documentación para cualquier unidad, así sea para el mismo director, dan una hoja de ruta que obviamente tiene la fecha, la hora y le adjuntan un código, que me imagino que debe ir en orden consecutivo, según van a entrando las solicitudes. Ellos dijeron que presentaron en 2012, pero dijeron que no tenían la hoja de ruta.

La primera solicitud que consta en el sistema es de 2016 y eso sí sabía yo porque don Antonio Ríos desde un principio me lo dijo y también tenía esa información Ignacio Parapaino, que fue presidente de la Cichipa antes que yo. Los de Pailoncito se quedaron en ese predio solicitado por las bartolinas y ahí empieza el conflicto.

Cuando les dieron resolución de asentamiento a las compañeras Bartolinas es que Antonio Ríos solicitó ya con plano específico ese predio de 248 hectáreas, pero eso fue en  2018.

– ¿O sea que en 2016 la hicieron mal la solicitud y en 2018 ya la hicieron completa?

En términos sencillos así fue. En primera instancia ellos solicitaron poco más de 1.500 hectáreas y ese predio donde ellos estaban tiene 248. Pailoncito dice que viene trabajando antes de que les den la resolución de asentamiento a las bartolinas y no lo dudo, pero el procedimiento jurídico ya estaba corriendo por más que ellos hubieran estado asentados y para acceder a la dotación de tierras hay que seguir un procedimiento porque así la norma lo estipula. Desde un inicio ellos de repente omitieron algunos documentos que eran importantes para la solicitud, el INRA se los hizo notar, hay respuestas de eso con hoja de ruta y todo.

– ¿Eran las 20 familias las de Pailoncito?
Primero eran 30 y luego fueron mermando, la última lista son 20 y yo tengo información de eso, porque pedí la información al INRA para no hablar también por hablar. El conflicto empezó en 2018 en el momento cuando dieron resolución de asentamiento a las bartolinas. Ellas han hecho uso de sus derechos se han instalado en su predio; en su momento dijeron que les quemaron su sede. Ambos se acusan, las bartolinas no dejan cortar un palo a los de Pailoncito cuando escuchan una motosierra y lo mismo hacen los otros, ninguno deja trabajar al otro.

Ahora los de Pailoncito han quedado en una franja bien chica, creo que están en 17 o 18 de las 248 hectáreas, quedaron relegados, es como un filito, las bartolinas han hecho ocupación de prácticamente todo. A la fuerza ellas han hecho uso de su derecho ocupando su predio, están asentadas más o menos en el 90% del predio. A raíz de eso se suscitó el conflicto que ya venía avivándose, pero explotó el día en que una comisión del INRA fue y los compañeros de Pailoncito los tomaron de rehenes.

Hicimos acercamiento con el INRA, con el director departamental y a partir de entonces nos convocaron para mediar en el conflicto, nosotros como organizaciones, la Cidob Nacional, OICH, Cichipa, Bartolinas, obviamente los Pailoncito y el INRA. Hemos tenido dos reuniones, en la primera se agredieron, se dijeron de todo y se dio un cuarto intermedio. Con un informe del INRA nos sentamos nuevamente, y las compañeras Giseli y Graciela Cuéllar (autoridades de Pailoncito) no sabían de las irregularidades en las solicitudes iniciales. No creo que el señor Antonio Ríos hubiera actuado de mala fe, quizás no sabía todos los requisitos y así pasaron los años, pero el INRA lo ha notificado, diciendo que les faltaba complementar la información.

Se vio la posibilidad de la reubicación, nunca se los obligó, al final las comunidades son autónomas, pero les expliqué que ir a un proceso en el tribunal agroambiental puede tomar tres o cuatro años. Obviamente la reubicación debía ser en óptimas condiciones. Con el corazón en la mano, y Dios es testigo, no hubo presión, pero ellos están a un hilo de llegar a la violencia extrema y eso es lo que no quiero, ir a la instancia Agroambiental toma harto tiempo y la espera desespera, la violencia se puede avivar más y yo les dije eso.

–  Usted dijo antes que la propuesta de reubicación era buena, pero ellos aseguraron que eran menos hectáreas

Lo que correspondería son 87 hectáreas que es más cerca de donde ellos están ahorita peleando con las bartolinas, es un predio que está accesible y el INRA les prometió censo y resolución de asentamiento de manera inmediata para que  puedan acceder a los proyectos del municipio, y también de la Gobernación o a nivel nacional, o sea, les iban a dar seguridad jurídica.
El director del INRA siempre les dijo que no estaba en su poder anular la resolución, que no era su competencia, y que había sido aprobada en la anterior gestión, y que había que ir al Tribunal Agroambiental para impugnar. Les indicó que solo podía darles la opción de una reubicación en las mejores condiciones.

Yo entiendo a la gente de Pailoncito, pero la anterior gestión de ellos no ha cumplido los procedimientos, había que llegar a alguna conciliación. También es cierto que debió haber también preferencias legales para los originarios, pero se pueden buscar muchos mecanismos de cómo solucionar el conflicto, porque al final del día todos somos hermanos, y estas compañeras bartolinas viven en Pailón, algunas son de occidente, pero llegaron hace 20 años. Puedo contar de otras comunidades que también tienen dos solicitudes de campesinos y de indígenas, pero se ha podido conciliar y llegar a buen término, en algunas comunidades hay el 70% para indígenas y el 30% para los campesinos, en otros han dividido el predio, la mitad para los campesinos, que sale con una titulación individual, y la otra mitad para los compañeros indígenas.

– Hay mucha desconfianza con el tema del INRA y hay denuncias de que es una estrategia mezclar dos originarios y el resto personas de otras partes para acelerar la dotación 

Hay muchas salidas que se pueden dar. A veces hasta 4 o 5 solicitudes y obviamente ahí el INRA tiene que proceder de acuerdo a la normativa, hay preferencias legales, por ejemplo quiénes son los originarios del lugar, quién solicitó primero y si hay una situación como la de Pailoncito, lo correcto es llamar a ambas partes, ellos tienen la sabiduría para  deliberar, más allá de que el INRA quiera inclinar la balanza para un lado. Los compañeros indígenas saben, no somos de conflicto, somos de diálogo.

Y sobre lo de que se está utilizando a los indígenas, no lo sé, puede haber casos, porque el sector campesino tiene más peso porque apoya al Gobierno, de manera orgánica apoyan al instrumento político del MAS, entonces ese sector es el hijo predilecto, nosotros a veces lo vemos así, hay más preferencia con el sector campesino, incluso ni con las bartolinas por el hecho de ser mujeres. Lindo fuera que a todos nos acogiera por igual, son los campesinos los que le dan fuerza al Gobierno.

El INRA pues este como instancia competente y en representación del Estado es llamado el único responsable de dirigir procesos de manera transparente para que no hayan estos conflictos en lo posterior, yo digo que se puede cuando la gente actúa por un bien, y de acuerdo a lo que dice la normativa, no se generan los conflictos, pero hemos hablado con Eulogio Núñez y Adalberto Rojas, a veces hay instructiva de hacer las cosas bien de arriba, pero a veces también los técnicos juegan un rol importantes porque son ellos los que van al campo, hacen las inspecciones oculares, no va el director.

– ¿Puede haber corrupción en esas instancias?
Mire no lo sé, no me atrevería. Para hablar de corrupción yo tendría que haber vivido o ser testigo de una situación como esa, no me atrevo a decir.
Solo puedo decir que las cosas se pueden hacer bien sin la necesidad de plata, haciendo gestión, los trámites que la norma permite, incidiendo, porque también hay que hacer mucha incidencia política y debe haber mucha voluntad de las instituciones o de los que presiden las instituciones,  y yo veo ahora, sin el ánimo de ser afín a alguien, que por ejemplo en el director departamental del INRA, y en el director nacional, hay voluntad de ir cerrando procesos que llevan años sin resolver.

Hay apertura de ellos, y también les he dicho que hay mucha incredulidad sobre ellos, por todas las cosas que se han hecho, lo escucho de las bases.

– ¿Además del tiempo, ir a la instancia Agroambiental demanda bastante recurso económico?
Ese es el tema, por eso digo esto es lo que nos ocasiona el Estado, que nosotros los indígenas que no tenemos las posibilidades de costear un abogado tengamos que irnos a pelear con la justicia ordinaria y sabemos cómo es un proceso en la justicia ordinaria, la tardanza, un pésimo sistema, ir  a Sucre, donde está asentado el Tribunal Agroambiental, pagar a un abogado, costear sus viajes, presentar documentación, y acá la justicia lo que quiere es cansarlo a uno, mucha gente deja su proceso a medias por eso. Por eso es que se reconoce la justicia indígena, pero a medias.

El Estado emite una resolución administrativa que afecta a nuestro derecho porque tenemos que pelear con la justicia ordinaria y en desigualdad de condiciones, mientras que la justicia indígena no exige recursos. Tenemos los argumentos jurídicos para poder revocar esa resolución, pero son las condiciones y el tiempo que nos va a demorar.

–  No ayuda la desconfianza es los dirigentes, cada cual por su lado.
Claro que hay desconfianza en los líderes indígenas y hay líderes que van años en la dirigencia, también hay líderes buenos y no tan buenos, eso ha influido en la división de las organizaciones, no digo de los pueblos porque ellos siguen siendo uno solo. Habemos líderes nuevos, jóvenes, que queremos trabajar de manera diferente, sin recurrir a viejas mañas, se puede hacer gestión de una manera transparente, por el bien común de las comunidades, por la unidad que yo creo que es lo más importante ahorita. Antes era una sola causa y las luchas siempre han sido las mismas, sobre tierra y territorio.

– ¿Qué dice a quienes cuestionan las gestiones hechas con Pailoncito?

He trabajado en instituciones reconocidas, en ONG reconocidas, no he vivido nunca de la dirigencia nunca, siempre aporté al movimiento y ahora aporto desde mi trabajo con mi conocimiento, y lo hago sin interés personal alguno. Es más, esto de la dirigencia es un oficio ingrato, uno trata de hacer las cosas bien y hay gente que sin conocerlo a uno lo juzga, no da la oportunidad de mostrar el trabajo. Esto me ha traído más disgustos que satisfacciones, no los culpo, seguramente han vivido experiencias no muy gratas con sus anteriores dirigentes y no lo digo solamente por mi central, sino en general.