En una respuesta a una Petición de Informe Escrito, el Ministerio de Economía confirmó que el expresidente del país recibe el denominado “reconocimiento pecuniario” establecido en la Ley 376.
Pablo Peralta M. / La Paz
Desde enero de este año, Evo Morales recibe una renta mensual de 21.640 bolivianos por haber sido presidente de Bolivia (2006-2019), según la respuesta del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a la Petición de Informe Escrito PIE N° 406/2020-2021.
“El ex-Presidente Juan Evo Morales Ayma, al presente recibe el Reconocimiento Pecuniario establecido por Ley N° 376, beneficio que es pagado a través de la Entidad Bancaria Pública, responsable de efectivizar el pago”, se lee en la respuesta que dio Montenegro a la petición elevada por la senadora Centa Rek, documento al que accedió Página Siete.
La Ley 376, puesta en vigencia el 15 de mayo de 2013, establece que los expresidentes son “beneficiarios” del denominado “reconocimiento pecuniario”, el cual consiste en una renta mensual de 10 salarios mínimos nacionales, lo que equivale a una renta de 21.640 bolivianos (el salario mínimo nacional es de 2.164 bolivianos).
En esa norma se establece que “el beneficiario percibirá de por vida el beneficio concedido”. Según las respuestas que da el Ministro de Economía, en el documento mencionado, Morales cobra el beneficio desde enero de este año.
“El pago del Reconocimiento Pecuniario al ex-Presidente Juan Evo Morales Ayma se hace efectivo desde el mes de enero de la presente gestión, de acuerdo al monto dispuesto en la normativa citada”, se lee en el documento.
La petición de informe fue formulada en marzo, y fue remitida al Ejecutivo, a través del presidente del Senado. Montenegro respondió en abril, y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores recibió el documento el 27 de julio, y a principios de agosto lo recibió la segunda secretaría.
En el caso de la expresidenta Jeanine Añez, su hija Carolina Ribera indicó a este rotativo que en agosto fue notificada del rechazo a su solicitud para acceder a una certificación del Ministerio de la Presidencia sobre su mandato.
una solicitud de Jeanine Añez.
“Mi madre presentó toda la documentación en febrero, pero ellos lo siguen negando y se la volvieron a rechazar (en agosto). Es decir que hasta ahora mi madre no ha recibido nada de su renta vitalicia y para el Ejecutivo nunca fue Presidenta”, indicó Ribera.
“Revisados los antecedentes que cursan en su file personal, la Unidad de Recursos Humanos y, después de efectuarse las consultas legales a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, su persona debe hacer llegar la documentación legal o administrativa que avale la posesión de su mandato presidencial”, señala en la carta de respuesta a Añez, remitida desde el Ministerio de la Presidencia, el 11 de febrero de este año.
El 22 de febrero, Añez envió otra nota, la cual fue respondida el 10 de mayo: “La Dirección General de Asuntos Administrativos de esta Cartera de Estado, luego de la revisión de la documentación adjunta, observa que la misma no acredita legal o administrativamente un nombramiento, posesión o sucesión presidencial en noviembre de 2019”. Ribera señala que esta nota le fue notificada en agosto.
En esa carta se agrega que “considerando que la documentación remitida no acredita lo señalado, su solicitud no puede ser atendida”.
Según la Ley 376, para acceder al beneficio, se debe presentar solicitud dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, acompañando certificación expedida por el Ministerio de la Presidencia o el secretario general de la Vicepresidencia, según corresponda, que certifique la época del ejercicio de su mandato constitucional.
En la primera legislatura de la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno de los planteamientos que llevó en ese momento el MAS a la campaña electoral fue dejar sin efecto precisamente las rentas vitalicias para los ex primeros mandatarios.
En consecuencia, algunos parlamentarios actuamos al interior de la bancada del MAS solicitando que se haga efectiva esta propuesta de campaña. Debo mencionar al entonces senador Ignacio Mendoza, de Chuquisaca. Él fue uno de los que planteó este tema, precisamente, junto con mi persona, en una reunión de bancada en Palacio Quemado.
Es decir, haciendo recuerdo a la bancada parlamentaria la necesidad de concretar este ofrecimiento, pero curiosamente hubo un viraje en la dirigencia política del MAS, y en dicha reunión lejos de secundar este nuestro planteamiento, prácticamente nos vimos marginados.
La posición mayoritaria, que la expuso Héctor Arce, entonces presidente de la Cámara de Diputados, que fue secundada por otros parlamentarios, fue de que no, que había que dejar sin efecto este tema, que no era el momento para evaluar aquello.
Ahora bien, seguramente Evo Morales tendrá que explicarlo, por qué en su momento era contrario a esto y por qué ahora efectiviza el cobro, y el mismo MAS tendría que explicarle por qué cambió su posición.
Finalmente, de lo que se trata es que una sociedad democrática en lo posible no consagre privilegios o prerrogativas que generen una situación de susceptibilidad cuando menos en la sociedad. Cómo puede ser que haya determinados cargos públicos que posteriormente ameriten un pago vitalicio, por qué para el resto del país no. Entonces no va a faltar quienes justifican el sentido de que bueno, por la investidura política que se ha tenido. Es un tema debatible.