Antes, durante y después de los conflictos, la Defensoría del Pueblo “demostró que su trabajo carece de legitimidad requerida para ser considerada como un órgano de protección de derechos humanos”.
Fuente: paginasiete.bo
Durante 2020, en Bolivia se cometieron 201 vulneraciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y derecho a la protesta. En medio de los conflictos sociales y la crisis sanitaria por la Covid-19, el Observatorio de Defensores de Derechos de la Red Unitas, detectó una parcialización de la Defensoría del pueblo y señales parecidas desde los organismos internacionales.
El informe, de 84 páginas, fue presentado ayer en una Consulta Nacional con organizaciones de la sociedad civil, la Academia, organizaciones sociales y medios de comunicación por el observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
El documento es producto de una “recopilación de información y un análisis sobre el estado de libertades y derechos fundamentales en Bolivia durante el 2020”, destacó Hernán Ávila, responsable del programa Sumando Voces de Unitas.
En la cuarta sección del informe, que hace referencia a la Institucionalidad democrática, se evidencian varias irregularidades que se generaron en 2020. Éstas hablan sobre la independencia de poderes, el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Antes, durante y después de los conflictos del 2020, la Defensoría del Pueblo “demostró que su trabajo carece de legitimidad requerida para ser considerada como un órgano de protección de derechos humanos, atentando contra su función constitucional de defensa de la sociedad”, establece el informe.
Además se evidencia que la Defensoría, dirigida por Nadia Cruz, tuvo un papel parcializado después de los conflictos electorales de 2019. Como antecedente, el informe recuerda que Cruz fue elegida por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, que pertenecían al Movimiento Al Socialismo (MAS).
También se cuestiona la presencia de la Defensora en las concentraciones del MAS. “Su participación pública y abierta como oradora en una concentración masiva del Movimiento al Socialismo en el trópico de Cochabamba, que, en lugar de contribuir a la pacificación y la clarificación de los hechos en la crisis política que vivió el país, lo que hizo fue incrementar la polarización social y la violencia. ‘Hermanas y hermanos: ni olvido ni perdón, justicia’”, se puede leer.
El informe de Unitas también hace referencia al papel de los organismos internacionales durante los conflictos sociales. “Uno de los aspectos más preocupantes observados durante el 2020 refiere al accionar de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que dieron señales de parcialización al momento de recibir, atender denuncias y elaborar informes”, destaca el documento.
Los reportes elaborados por estos organismos internacionales, no reflejaron a cabalidad los hechos ni establecieron las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, en la crisis poselectoral del 2019, “enfatizando principalmente su atención en los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba”.
Como ejemplo, se recuerda que dichos organismos no contemplaron las violaciones previas a la renuncia del expresidente Evo Morales y tampoco contemplaron las declaraciones de la exautoridad, quien incitó a cercar ciudades.
“Lo ocurrido mientras Morales detentaba el poder no fue considerado por las instituciones internacionales, referentes para la protección de derechos humanos ante cualquier situación de indefensión o acto violatorio de derechos humanos realizado por cualquier gobierno de turno”..
Unitas señala que con el cambio de gobierno se estableció una nueva dinámica y se marcó una separación entre Órgano Ejecutivo y Legislativo. El informe indica que aunque el gobierno de transición fue legalmente constituido, se registraron al menos 32 casos de corrupción durante la gestión de Jeanine Añez.
Sobre el Órgano Legislativo, se destacó las interpelaciones a ministros y las denuncias contra el Ejecutivo, que llegaron desde asambleístas de diferentes partidos.
El documento evidencia, por otra parte, la politización del sistema judicial, que “mostró su afinidad con quien esté en el poder. Durante el Gobierno transitorio, se instauraron procesos judiciales contra autoridades del anterior gobierno, personas afines al Movimiento al Socialismo, e incluso contra personas particulares que no tenían afinidad política”.
Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe de situación Unitas
Libertad de prensa
El monitoreo indica que se registraron 85 violaciones a la libertad de prensa en el 2020, siendo la “agresión” el tipo más común contra los trabajadores de los medios de comunicación, que fue uno de los pocos sectores que se mantuvo activo durante la cuarentena.
De estas 85 vulneraciones a la libertad de prensa, 59 fueron agresiones; 11, amenazas; 6, estigmatizaciones; 5, libertad del ejercicio de la prensa y 4, criminalización. Entre los casos más llamativos están las agresiones a 15 periodistas en Cochabamba en las protestas generadas por los resultados de las elecciones de octubre.
Institucionalidad democrática
El observatorio de Unitas también destacó 70 vulneraciones contra la institucionalidad democrática el año pasado. Éstas son concebidas como los arreglos eficaces que garantizan que la sociedad y el Estado convivan sin desconocer los conflictos, los desacuerdos y las tensiones que son propios de la pluralidad política y cultural, así como la independencia de poderes, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
De las 70, 34 se refieren a la realización de procedimientos contrarios a la norma, 31 a la independencia personal (ejercer la función pública sin presiones ni influencias particulares), cuatro a la independencia institucional (separación de funciones de órganos e instituciones) y un caso de designación de autoridades.
En este punto se hace énfasis en el sistema judicial y el Ministerio Público que, ante el cambio de gobierno, “ambas demostraron una actitud servil ante quien detenta el poder e incumplieron el deber de investigar, a profundidad, lo ocurrido durante la crisis política de 2019”.
Libertad de expresión
En 2020 se registraron 43 vulneraciones a la libertad de expresión: 18 tienen que ver con estigmatización, 14 con amenazas, seis con criminalización, dos con acceso a la información y uno con censura. Entre las amenazas se encuentra las vertidas por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien advirtió con detener e iniciar procesos penales a quienes desinformen por redes sociales o a quien haga política con la pandemia.
“Esperamos que el informe país, basado en el monitoreo realizado por el Observatorio de Defensores, contribuya a una lectura amplia del contexto nacional para seguir promoviendo, desde todos los ámbitos públicos y privados, un entorno propicio para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos de toda la población boliviana”, destacó la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui.
El informe se presentó ante más de 80 representantes de diferentes instituciones y organizaciones que participaron de una Consulta Nacional sobre entorno propicio y habilitante para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Según Unitas, el objetivo de la consulta fue integrar los problemas relacionados con el entorno para las OSC en un espacio abierto para el análisis y la reflexión de distintos actores. Analizar la situación política, social, jurídica e institucional son parte de este análisis, al igual que la implementación y monitoreo de planes de desarrollo nacionales e internacionales (Agenda 2030 y ODS).