La exmandataria ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le otorgue medidas cautelares de protección.
Fuente: Unitel
Era la madrugada del 13 de marzo de 2021. Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia entre 2019 y 2020, salía de su casa arrestada, acusada de sedición y terrorismo por el caso de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Seis meses después, la exmandataria sigue entre rejas.
«La persecución política ha comenzado», tuiteó la expresidenta horas antes de su arresto en el departamento de Beni, de donde es oriunda.
En prisión preventiva en La Paz, la abogada y expresentadora de televisión, de 54 años, es señalada por haber promovido un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019).
Enfrenta tres procesos en la justicia ordinaria por terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Además, podría ser sometida a cuatro juicios de responsabilidades, previa aprobación de dos tercios del parlamento.
Salud comprometida
La expresidenta se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel haciéndose cortes en un brazo. Días antes, un médico le había diagnosticado «hipertensión y síndrome ansioso depresivo».
Por ese motivo, su familia solicitó varias veces, sin éxito, que Áñez pueda defenderse en libertad o, al menos, en prisión domiciliaria.
Señalando «agresiones en contra de la vida (…) de la exmandataria», su defensa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección en favor de su cliente y aún aguarda el pronunciamiento del organismo.
«Evo Morales (…) la tiene como trofeo para dar un mensaje de miedo a todos los líderes de la oposición y a todos los bolivianos que piensen diferente», dijo a la AFP la hija de Áñez, Carolina Ribera.
Justicia bajo la lupa
Áñez era segunda vicepresidenta del Senado cuando se proclamó presidenta interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
En noviembre pasado, Áñez transfirió el poder a Luis Arce, delfín de Morales, elegido en nuevos comicios. En marzo, fue detenida.
Pero su hija asegura que no hay un hecho concreto para sostener las acusaciones en su contra.
«En Bolivia es una justicia completamente manipulada y servil al gobierno«, denunció Ribera, apuntando contra Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Morales.
Informe del GIEI
Añez fue señalada de genocidio a raíz de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cerca de Cochabamba, y el 19 de noviembre en Senkata, una zona de El Alto, vecina de La Paz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en diciembre de 2019 por un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la CIDH, totalizó en un reciente informe 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
Por otra parte, el mismo informe cuestiona la independencia del sistema judicial del país sudamericano.
El documento advierte de la necesidad de revisar la existencia de «tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes» -varios de los que se acusa a Áñez- para evitar su utilización «de manera arbitraria».