La organización considera que la actual redacción de la norma, el artículo 11, abre las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente, lo que representaría una vulneración a la Carta Magna de Bolivia.
Fuente: Página Siete / La Paz
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que representa a los principales medios impresos del país, propone una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con la finalidad de preservar el secreto en materia de imprenta reconocido y refrendado en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución, y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia”, indica en su parte central el comunicado de la ANP difundido ayer.
La organización considera que la actual redacción de la norma, en el artículo referido, abre las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente, lo que representaría una vulneración a la Carta Magna y un atentado a la labor libre de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.
“La CPE, en su artículo 107, establece que la responsabilidad sobre la información difundida a través de los medios de comunicación social está sujeta al cumplimiento de normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.
La mañana de ayer la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró, mediante un comunicado, que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales no afecta la libertad de expresión, tampoco la labor periodística ni incurre en censura alguna.
La entidad del Estado realizó esta aclaración después de que la ANP y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieran un comunicado en el que alertaban que el Artículo 11 del proyecto de ley vulneraría sus derechos de reserva de información.
“El artículo 333 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley”.
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, también se pronunció por redes sociales sobre este tema.
“Las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública. La reserva de la fuente protege precisamente el debate público, mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo”, escribió en las últimas horas en su cuenta en Twitter.
La UIF, en su comunicado, asegura que “el proyecto de ley no contempla, en ninguno de sus artículos, que la UIF pueda solicitar que se levante la reserva de fuentes a periodistas, quienes no tienen el deber de informar, ni mucho menos son sujetos obligados”. “Sus actividades no están vinculadas a la intermediación financiera, mercado de valores, seguros, compra y venta de divisas y otros previstos en el proyecto de ley”, señala.
“Una legislación no puede contener términos sujetos a malas intepretaciones y por eso llamamos a incluir la excepción”.
Comunicado de la ANP
11 es el artículo
que pide la ANP ser cambiado para preservar el secreto en materia de imprenta.