El Gobierno ha reactivado la producción en la planta de urea, pero todavía no da respuestas claras sobre la petroquímica de Yacuiba, cuyos rendimientos y rentabilidad del propileno es mayor al del GLP
La petroquímica de Yacuiba seguirá esperando. De hecho, no hay planes al respecto ni en el Ministerio de Hidrocarburos ni en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que en la jornada del miércoles festejaban (casi un año más tarde de recuperar el poder) el reinicio de actividades en la planta petroquímica de Bulo Bulo, dedicada a la urea y el amoniaco.
La planta que se proyectaba en Yacuiba está destinada al “plástico” semirrígido, al derivado del propano en forma de pets de propileno y polipropileno que tiene miles de aplicaciones en la industria de consumo, y que más allá de los matices ecológicos que se plantean como debate en el mundo, siguen creciendo.
El proyecto se complementaba con otra planta de polietileno, destinado a productos “plásticos” más duros y pesados, y que, de acuerdo a expertos, como Saul Escalera, serían más apropiados para Bolivia y Yacuiba, sin embargo, este proyecto no llegó nunca a pasar de un estudio.
Mientras tanto, la materia prima que se genera en la Planta Separadora de Líquidos de Yacuiba y que debía alimentar las plantas de etileno y propileno se destina a la elaboración de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para abastecer íntegramente al país y dedicar a la exportación a los mercados vecinos, sin embargo, los recursos obtenidos son mínimos para la potencialidad. Por ejemplo, en julio de 2021 se obtuvieron 7,2 millones de dólares por la venta de este combustible.
Las dudas
Tanto la tercera nacionalización como la industrialización del gas eran banderas de la Agenda de Octubre de 2003 que acabó por aupar al MAS al poder, por lo que su primer Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, elaboró una nítida hoja de ruta que incluía diferentes movimientos estratégicos, como la renegociación de contratos con Brasil – que liberó una sexta parte del gas rico en licuables para utilizar en Río Grande – y con Argentina – que debía financiar la Separadora de Yacuiba y aceptó no incrementar volúmenes de exportación hasta que la misma no estuviera construida, ya que su contrato establecía gas seco y no rico en licuables – que finalmente debían desembocar en la instalación de las plantas industriales: En Cochabamba lo destinado a la agricultura, con la urea y el amoniaco, y en el corredor Yacuiba – Santa Cruz lo destinado a la materia prima para instalar fábricas.
La instalación de las Separadoras ya fue un desafío mayor en el que entraron en juego múltiples intereses extra nacionales que perjudicaron al país. El escándalo Catler acabó frenando no solo la planta de Río Grande, que fue la primera en licitarse, sino también la de Yacuiba, que era cinco veces más grande y que no empezó a avanzar hasta 2010, siendo entregada – a media máquina – para las elecciones de 2014.
Ambas plantas Separadoras, así como los posteriores proyectos de industrialización fueron desde siempre combatidos por un sector de la política boliviana que consideraba que no era rentable la industrialización en base a gas (algo ya despejado científicamente), y que Bolivia solo se debía dedicar a exportar el gas en bruto, mientras al otro lado de la frontera, tanto en Brasil como en Argentina, hacen negocio con los licuables del país.
A partir de la planta de Río Grande se implementó en Bulo Bulo la planta petroquímica de urea, el fertilizante más demandado en el país y que en el poco tiempo que ha funcionado ha cerrado las importaciones, con todo, las críticas se centran en que su ubicación está lejos de los mercados – como si la urea china no tuviera que pagar transportes – y la hace menos competitiva. Por otro lado, la línea férrea que debía contribuir a sacar la producción acarrea demoras intolerables.
El caos
A partir de la Separadora de Yacuiba se debía implementar la planta petroquímica de propileno. En 2016 se garantizó el crédito de 2.000 millones de dólares por parte del Banco Central de Bolivia para afrontar esa inversión y se lanzó la licitación para que la adjudicación coincidiera con el 200 aniversario de la independencia de Tarija en 2017, pero no funcionó.
El entonces presidente de YPFB, Guillermo Achá, fue detenido involucrado en una compra fraudulenta de tres taladros a una empresa italiana, y eso generó dudas en el resto de licitaciones. Cuando el Ministerio se acercó a la de la petroquímica vio que la propuesta de adjudicación era para una asociación accidental que unía a Técnicas Reunidas, constructora de la Separadora, y Tecnimont, que había hecho todos los estudios previos. El escándalo estaba asegurado y el Ministerio decidió no correr riesgos, por lo que tumbó la licitación.
Desde entonces el Ministerio comprometió revisar las licencias y los rendimientos del proyecto, así como sus características de mercado para una nueva licitación, ya que se desconfiaba de que Tecnimont no hubiera direccionado sus propios estudios para su propio interés. Hasta el momento, sin embargo, no hay nada.
El Chaco aguarda proyectos con empleo
La expectativa de la construcción de la planta petroquímica era mayor en Yacuiba, donde los niveles de desempleo se habían elevado en 2015, luego de que concluyera la construcción de la Separadora y a causa también del frenazo de la inversión pública por la caída de regalías.
Por otro lado, diferentes proyectos como la construcción del parque industrial adecuado a los requerimientos de las potenciales empresas transformadoras de los pets de propileno, así como otras iniciativas en el campo educativo y formativo para garantizar mano de obra técnica mínimamente cualificada están paralizados a falta de una mayor claridad en la propuesta.