Las marchas indígenas fueron repelidas por el MAS con desinformación, descalificación y represión

Como ocurre al presente, en 2011 también hubo asedio permanente de los ahora llamados «interculturales» leales al gobernante MAS que también fueron conocidos como «colonizadores» por los asentamientos en territorios de los pueblos indígenas del oriente boliviano.

 

Las marchas indígenas fueron repelidas por el MAS con desinformación, descalificación y represión

Fuente: Brújula Digital



Las marchas indígenas de tierras bajas que le tocó enfrentar al MAS fueron repelidas con desinformación, descalificación y represión policial como ocurrió en Chaparina en 2011. El gobierno de Luis Arce no ha variado la ruta sobre la gestión de conflictos con estos sectores.

En 2011, los indígenas de tierras bajas tuvieron que caminar desde la ciudad de Trinidad (Beni) hasta la ciudad de La Paz (La Paz), sede de Gobierno, para demandar que se paralice la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos  por el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el respeto al territorio indígena y la dignidad.

Los 600 kilómetros recorridos logró paralizar el proyecto caminero para el que el gobierno de Evo Morales se prestó 332. millones de dólares del banco brasileño BNDES y contrató a la empresa OAS para la construcción.

El proyecto había sido trazado y aprobado por el órgano Ejecutivo sin la consulta previa a los pueblos indígenas como demanda la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo la marcha llegó a La Paz después de sortear una represión policial y una arremetida política de los gobernantes como ocurre ahora con la marcha indígena que se dirige a Santa Cruz.

Entonces fueron calificados de «derechistas», de «salvajes» y de ser guiados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de tener vínculos con la «derecha internacional» y poíticos tradicionales en Bolivia.

Como ocurre ahora, en 2011 también hubo asedio permanente de los ahora llamados «interculturales» leales al MAS que también fueron conocidos como «colonizadores» por los asentamientos en territorios de los pueblos indígenas.

En septiembre de 2011, policías e interculturales bloquearon el paso de la columna de marchistas y negaron el acceso al agua por lo que las mujeres marchistas tuvieron que recorrer para recoger el agua indispensable para preparar los alimentos hasta un arroyo.

El 25 de septiembre, la Policía invertino la marcha con gases lacrimógenos, patadas y palos en un intento de frenar su avance. Los marchistas fueron amordazados con cintas maskin y un avión fue enviado para llevarlos de retorno a Trinidad. Entonces, el ministro de Gobierno era Sacha Llorenti.

La violenta represión no logró su cometido, los indígenas se rearticularon, salieron de los montes o se libraron de sus captores y reanudaron la marcha con dirección a la sede del Gobierno.

La IX arrancó el 27 de abril de 2012 desde Trinidad y siguió la misma ruta de la VIII Marcha con demandas como el respeto a la Ley 180 que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, la abrogación de la ley 222 de consulta previa aprobada por la Asamblea Legislativa en un intento por revertir la anulación de la ley 180, también exigieron el retiro de las fuerzas navales, militares y funcionarios gubernamentales del TIPNIS que regalaban motores de borda, celulares, herramientas y alimentos a los indígenas en un intento por cambiar la opinión respecto a la construcción de la vía Villa Tunari-San Igancio de Moxos por el medio de un territorio indígena.

Después de 70 días de caminata, la columna de marchistas llegó a La Paz para hacer escuchar su protesta pero a diferencia de la octava marcha, el gobierno de Morales cerró las puertas al diálogo, cercó plaza Murillo y repelió a los marchistas con los tanques Neptuno de la Policía.

En su reconocida estrategia de desinformación acusó a la vocera de la marcha, Bertha Bejarano, de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Los indígenas decidieron retornar al TIPNIS para resistir la consulta previa en la «Casa Grande» o el mismo territorio. El Gobierno hizo la consulta previa y proclamó su victoria.

El entonces vicepresidente Álvaro García Linera escribió la tesis del Gobierno: «El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo (o cómo la ‘reconducción’ del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal)».

En el texto responde a los críticos al llamado «proceso de cambio» dirigido por un «presidente indígena» (Evo Morales) se enfrenta a indígenas, y cómo estos son utilizados por ONG, fundaciones y organismos internacionales del «imperio».

En 2012, el Gobierno auspició una marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que demandó la construcción de la carretera por el TIPNIS  y el entonces presidente Evo Morales concedió la petición.

Esas fueron las «estrategias de lucha» del gobierno de Morales cuando le tocó enfrentar las marchas indígenas que interpelaron al gobierno autodefinido como indígena.

El gobierno de Luis Arce recorre la misma ruta de la descalificación y desinformación contra los marchistas de tierras bajas que caminan desde Trinidad hasta Santa Cruz de la Sierra y demanda que paren los avasallamientos a sus territorios.

Al viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, le llama la atención que los indígenas no caminen hacia La Paz sino a la capital cruceña y que la demanda de territorio no tiene asidero porque la Constitución Política del Estado garantiza el acceso.

Sin embargo, las nueve marchas indígenas realizadas desde 1990 incluyeron en sus agendas el respeto al territorio porque en la visión indígena este forma parte de la vida de sus habitantes.

Como Ruiz, asambleístas del MAS y dirigentes indígenas del partido calificaron la movilización como «política» y vinculó la misma al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al Comité Pro Santa Cruz y a Carlos Mesa.

BD/JCV