Fuente: Opinión
En una misma jornada, salieron a la luz dos documentos oficiales que tienen al alcalde Manfred Reyes Villa en el centro. Por un lado, se conoció sobre un amparo constitucional a su favor, en el entendido de que no se habría respetado su derecho al debido proceso en el caso de El Sillar Alternativo. La Sala Constitucional Segunda admitió el recurso presentado por la defensa del Alcalde en contra de los magistrados que declararon improcedente su recurso de casación. Por el otro, se confirmó la sentencia ejecutoriada que señala que la autoridad municipal debe ir a la cárcel de San Sebastián.
Esto, con respecto al caso del proyecto carretero, que data de 2008. Entonces, Reyes Villa era prefecto y fue procesado por el delito de presunta conducta antieconómica, en el entendido de que habría existido irregularidades en la consultoría de El Sillar Alternativo. En 2013 salió la sentencia en su contra, cuando el acusado fue declarado en rebeldía. Recientemente, la Gobernación informó sobre un Auto Supremo que ratificó dicha sentencia, apuntando a una reclusión de cinco años de cárcel. La defensa del ahora Alcalde presentó un recurso de casación, pero esta fue declarada improcedente.
A raíz del conflicto, se dan vigilias ciudadanas que toman fuerza en claro apoyo a Manfred y la expectativa en torno a qué podrá suceder, en una posible aprehensión. La plaza 14 de Septiembre concentra a las plataformas, que, incluso, acuden con velas y dedican oraciones para pedir que Reyes Villa siga al frente de la institución edil.
Con relación al documento que indica que el burgomaestre debe ser llevado a San Sebastián Varones, el constitucionalista Julio Veizaga le explicó a OPINIÓN que observa fallas claras.
«El Tribunal de Sentencia que dictó la sentencia contra Manfred y otra persona (Gustavo Navia) no tiene competencia para expedir mandamiento de condena. La Ley de Ejecución Penal dice: ‘el juez de ejecución penal es competente para conocer y controlar dos puntos: la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad’. No es el Tribunal de Sentencia el que debe expedir el cumplimiento de la sentencia, es el juez penal de ejecución».
En este sentido, considera que «puede haber usurpación de funciones y exceso de ese Tribunal al haber expedido el mandamiento de condena».
Agregó que, en caso de que ese mandamiento sea ejecutado, existe la chance de, mediante una acción de libertad, el Alcalde sea liberado de manera inmediata, pues «no es competencia del Tribunal de Sentencia».
Por su parte, el Concejo Municipal dio a conocer sus conclusiones, al respecto. En el escrito indica que, hasta que no exista un «conocimiento real y acreditado» emitido por una autoridad competente ni documentación verídica, pues no puede asumir acciones ni decisiones.