La Asamblea Nacional propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecería la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo, propuso una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito, informó este lunes el órgano legislativo.
Actualmente un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, haya sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena, según la Ley.
En la reforma propuesta por los legisladores sandinistas se establece que el diputado quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, “el diputado o diputada esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito”.
Este proyecto se suma a una serie de iniciativas del sandinismo para restringir el accionar de la oposición en Nicaragua. Tras apresar a 37 disidentes camino a las elecciones, ahora el régimen de Ortega, que controla a buena parte de los jueces y fiscales, busca un mecanismo para deshacerse de los legisladores que no respondan a Ortega.
El Parlamento de Nicaragua está integrado por 92 diputados (EFE/ Jorge Torres)
“Recibida la notificación correspondiente, la Junta Directiva (del Parlamento), en la próxima inmediata reunión, incorporará al suplente al trabajo parlamentario”, señala la propuesta. Si tras realizarse el juicio la sentencia es absolutoria, se le restituirán todos sus derechos, añade.
En la exposición de motivos, los propulsores de la reforma explicaron que esa reforma tiene como objetivo fundamental adecuar la Ley Orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional, “en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz con procesos y procedimientos más expeditos convirtiendo a la Asamblea Nacional en un Parlamento moderno”.
En ese sentido, indicaron, con la enmienda, pretenden adecuar algunas definiciones, ajustar algunos derechos de los diputados y agilizar el proceso de formación de la Ley.
El Parlamento de Nicaragua está integrado por 92 diputados: 90 que son elegidos, más el presidente de la República saliente, así como el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor cantidad de votos.
Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, celebrará elecciones generales el 7 de noviembre próximo. Ya inició oficialmente la campaña, con la vía libre para que Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo tras la detención de sus principales rivales.
Ortega, de 75 años, que está en el poder desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse, encabeza la alianza “Nicaragua Triunfa”, liderada por la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), e integrada por una decena de movimientos afines. Y como compañera de fórmula lo acompaña por segunda vez su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el rostro visible y operativo del régimen.
Contrario a la tradición electoral, este año solamente uno de los partidos políticos en contienda realizó una concentración, no hubo caravanas, ni caminadas, pues las siete organizaciones se comprometieron en la víspera a desarrollar sus campañas totalmente de forma digital, para evitar contagios de covid-19.
El 7 de noviembre unos 4,3 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los legisladores que resulten electos asumirán sus cargos el 9 de enero del 2022.
De momento las autoridades no han acreditado a ningún organismo de observación electoral. Sectores de la oposición, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, han tildado de “farsa” los próximos comicios y pedido a Occidente desconocer sus resultados.
Fuente: infobae.com