Según el vocero de la comuna cochabambina, el alcalde no tiene una sentencia ejecutoriada y aún quedan pasos procesales. El TSJ desestimó un recurso de casación por un sentencia de 2013 contra Reyes Villa
La permanencia de Manfred Reyes Villa como alcalde de Cochabamba está en peligro. Todo esto debido a una sentencia judicial de 2013, que según autoridades habría quedado ejecutoriada tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Según la alcaldía de Cochabamba, aún quedan recursos legales para evitar esta situación. Según las leyes, un alcalde debe abandonar su cargo si tiene una sentencia ejecutoriada por la justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó un recurso de casación sobre una sentencia a cinco años de cárcel que recibió Reyes Villa en 2013, debido a un proceso que el Estado le siguió en 2009, cuando era prefecto de Cochabamba.
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Se lo acusa por un proyecto fallido de vía alternativa a El Sillar, un sector inestable de la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba. Reyes Villa había apelado esa decisión en distintas instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación.
Desde la Gobernación de Cochabamba, espera que los documentos sean devueltos al juzgado de origen para analizar la situación.
Desde la Alcaldía de la Llajta, Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas del Municipio, asegura que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia no termina con los recursos a los que puede apelar Reyes Villa y que seguirán batallando en la vía judicial para revertir la sentencia contra el exprefecto y ahora alcalde de Cochabamba.
Para Muñoz, esto se trata de persecución judicial contra Reyes Villa y acusa al MAS de estar detrás de esta decisión judicial. Asegura que el oficialismo no quiere a una persona eficiente al mando de la comuna cochabambina, luego de 15 años de inestabilidad y gobiernos municipales criticados.
Según el artículo 12 de la ley de Gobiernos Municipales, los alcaldes y concejales pueden perder el mandato por una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Cuando la sentencia se ejecuta, se produce la pérdida de mandato de la autoridad elegida por voto directo.