Desde allanamientos sin orden judicial, vulneración del secreto profesional sin tomar en cuenta las leyes que lo protegen, confiscación de bienes, trabas para tener derecho a la defensa y a la privacidad, hasta violación del secreto de la comunicación privada, son algunas de las medidas que atentan contra los derechos de las personas y están contenidas en la “ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” que el Gobierno pretende imponer pese a las observaciones de los asambleístas de oposición, analistas, abogados y de varios sectores de la sociedad porque atenta contra la Constitución Política del Estado.

La norma fue aprobada en Diputados y se prevé que esta semana ingrese a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Comunidad Ciudadana plantea un control de constitucionalidad antes de ingresar al Senado.

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El Movimiento Al Socialismo no acepta las observaciones y sostiene que la oposición tergiversa su contenido.

La politóloga Patricia Velasco explicó que, de acuerdo con lo que señala el proyecto, se ve cómo el Gobierno arrincona a diferentes actores financieros, que a tan sólo denuncia o sospecha pueden ser investigados e incluso que sus bienes, recursos económicos sean confiscados.

Sostuvo que las garantías o derechos constitucionales que se vulnerarían con la vigencia de la futura norma serían: la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la defensa, el derecho a la privacidad, el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas y el derecho a la obtención lícita de la prueba.

El constitucionalista Williams Bascopé Laruta, a través de su cuenta de Facebook, sostiene que, luego de analizar el proyecto, logró identificar más de 20 artículos contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE).

“Puedo concluir que sus proyectistas no deben tener un mínimo de respeto a la Constitución y a la libertad de las personas”, señala que es una redacción general y ambigua de esa ley de manera intencional para “presionar, chantajear y hasta extorsionar a cualquier ciudadano, incluido al militante masista”.

Observaciones

Este proyecto de ley “sin necesidad de orden de juez permite que la UIF (Unidad de Investigación Financiera), a sólo denuncia de la Fiscalía o la Policía, levanta el secreto de todo profesional; nadie puede invocar secreto profesional, menos el secreto de fuente de los periodistas; incluido el secreto bancario se levanta; esto viola el Art. 106°, 21° de la Constitución”.

Esta ley cataloga como sujetos obligados a dar información no sólo a agentes o corredores de valores, sino a contadores y abogados; el secreto profesional no valdrá nada. Asimismo “toda persona natural o jurídica debe explicar su actividad y cómo obtuvo sus bienes”.

Añade, a manera de cuestionante, que “no sé si la burguesía aymara (comerciantes) está enterada de esto, pero ahora tendrán que explicar de dónde provienen sus bienes, sus fiestas y prestes que ostentan”.

Por otra parte, indica que, en caso de “simple sospecha a título de investigación, la Fiscalía y la Policía podrán allanar cualquier bien inmueble y, si ven por conveniente, podrán pedir a la UIF realizar la retención de fondos, embargo de bienes y la incautación”.

Agrega que no sólo la Fiscalía y la Policía podrán hacer la investigación, sino también el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, y podrán calificar qué bienes son sospechosos y pedir su retención, embargo o anotación preventiva a la UIF.

CC pide que el proyecto sea enviado al TCP

La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Corina Ferreira, demandó al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, el aplazamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas y que el documento se envíe al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para un control previo de constitucionalidad. “Este proyecto de ley es uno más de los tantos que ya fueron presentados y promulgados por el Gobierno del MAS que atentan (contra) los derechos fundamentales de los bolivianos y que además se convierten en mecanismos de persecución y hostigamiento para todos aquellos que no apoyan la línea política del Gobierno”, señaló Ferreira.

La asambleísta agregó que su bancada en el Senado realizó un análisis minucioso y, además de las observaciones de los Diputados, identificaron que este proyecto de ley “vulnera el artículo 25 de la CPE que establece la inviolabilidad de la correspondencia, papeles privados y manifestaciones privadas en cualquier soporte”.

Asimismo, cuestionó que el proyecto otorgue poderes casi ilimitados a la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF). “¿En qué parte de la Constitución se otorga semejante facultad a un órgano encargado de la Administración Económica, como es la función de investigar delitos y ejercer la persecución penal?”, cuestionó.

Sectores que deben informar a la UIF

El proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo prevé investigar y sancionar a los sectores formales e informales.

Tienen deber de informar: a) comercialización de inmuebles y muebles sujetos a registro; b) comercialización de obras de arte y objetos arqueológicos; c) comercialización de armas de fuego; d) actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje; e) construcción de carreteras e infraestructura vial; f) transporte aéreo nacional o internacional que operan en territorio nacional, y g) usuarios u operadores directos e indirectos de zonas francas, despachadores de aduanas y empresas.

Gremiales bloquearán vías si se aprueba ley

Toño Siñani, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, afirma que su sector se declaró en emergencia y anuncia bloqueos de caminos a nivel nacional a partir del 11 de octubre en caso de que se apruebe la ley contra las ganancias ilícitas, consideran que la norma, que ya fue aprobada en Diputados, es abusiva y vulnera a sus derechos y los de otros sectores.

“Ayer tuvimos un ampliado nacional, en el hotel Torino, en el que hubo un rechazo rotundo a la ley de ganancias ilícitas que afecta a toda la población en general, no sólo gremiales, porque nosotros no emitimos factura y, automáticamente, como bien claro dice el diputado Hernán Cabeza, a simple denuncia nos vendrán a investigar; y nosotros o la población en conjunto, como demuestra con una factura lo que se ‘saca la mugre’ desde las 5:00 hasta las 22:00, no se puede y todos entraremos en esa bolsa”, dijo Siñani, en contacto con Urgente.bo.

Agregó: “Algo que también nos preocupa es el rol que cumplirá el Ministerio de Defensa en la norma: ¿con militares van a venir a allanar nuestras viviendas y se entrarán como lo que hizo la Policía con Adepcoca?”, cuestionó.

Afirmó que los gremiales tienen respaldo de otros sectores y sostendrán reuniones con la Iglesia, magisterio y transportistas, que se sumarán a las marchas y huelgas de hambre que iniciarán desde el 5 de octubre, como medida de presión para protestar en contra del tratamiento de esta norma.

“En caso de no ser escuchados el 5 de octubre nos declararemos en emergencia, para el 9 de octubre está previsto que compañeros gremiales de La Paz y El Alto entren en huelga de hambre y para el 11 de octubre un bloqueo nacional de carreteras”, dijo.