Más de 10 sectores de Bolivia dicen que los artículos observados vulneran derechos de la CPE, dan un “suprapoder” a Economía y subordinan la Fiscalía al Ejecutivo
Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Al menos siete artículos del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas son los más cuestionados por diversos sectores. Desde su aprobación en Diputados, más de 10 sectores sociales rechazan su aprobación.
Los artículos objetados son el 5, que crea el Consejo contra la legitimación de ganancias ilícitas, entidad conformada por cinco ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía; el 6, que dispone que el Ministerio de Economía presidirá ese consejo; el 11, que prohíbe la invocación del secreto profesional, reserva o confidencialidad; el 17, que considera “sujeto obligado” a informar a toda persona natural o jurídica, pública o privada, de sistema financiero, de actividades comerciales, de entre otros ámbitos.
El 31, que dispone que la Fiscalía podrá, entre otras acciones, acceder a “toda” documentación e información física o informática, allanar lugares específicos, rastrear bienes sin previo aviso al titular; el 37, respecto a la aplicación de medidas cautelares de “carácter real”; y el 38, sobre confiscación o decomiso de bienes (más detalles al respeto en la infografía)
Entre los sectores que se oponen al proyecto están los gremiales, empresarios, transportistas, cívicos, activistas, evangélicos, comerciantes minoristas, carniceros y el gremio de la prensa.
Observan que el proyecto -y concretamente los artículos cuestionados-vulnera derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), da “suprapoder” al Ministerio de Economía, subordina la Fiscalía al Ejecutivo, atenta contra derechos individuales e implica un riesgo a la propiedad privada.
Otras disposiciones observadas son los artículos 18 (deberes de informar), 23 (conservación de la información), 24 (régimen sancionador), 33 (prosecución de juicio en rebeldía) y 35 (compensación económica al informante).
Empresarios
El sector privado del eje troncal del país, ayer expresó su preocupación por el contenido del proyecto 218. Entre los que alzaron la voz está la Cainco de Santa Cruz, que envió al Senado 10 observaciones y alertó que se atenta contra los derechos constitucionales y se da extrema atribución a la UIF, entre otros puntos.
“Esto puede ahuyentar inversiones, puede generar discrecionalidad por parte de autorías y mucha extorsión de funcionarios que hagan uso y abuso de norma. La norma es ambigua”, dijo el gerente de desarrollo empresarial de la Cainco, Luis Fernando Strauss.
La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba expresó su preocupación por el proyecto de ley antilegitimación y planteó cinco observaciones, referidas al consejo de antilegitimación y el incremento de las facultades del Ejecutivo, las atribuciones de la UIF, el secreto profesional, los sujetos obligados y la compensación económica a los “informantes”.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, afirmó que el proyecto de ley necesita “algunos ajustes y cambios”, para que cumpla lo que manda la CPE.