El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (MAS), afirmó este jueves que la “campaña de desinformación”, supuestamente emprendida por la oposición, generó susceptibilidades de distintos sectores contra el proyecto de ley de ganancias ilícitas.

“No hubiese ocurrido este tipo de susceptibilidades sino hubiese existido esa campaña de desinformación, que se ha empeñado en hacer la oposición; de todas maneras nosotros estamos informando y aclarando, y es importante que la gente no caiga en esa desinformación y se informe de fuentes oficiales”, dijo Yujra en una entrevista con La Razón Radio.

El legislador oficialista agregó que esa “campaña de desinformación de la oposición” está fuera del verdadero “espíritu del proyecto de ley”, que lo único que hace es, según su versión, “ordenar, unificar y estandarizar a niveles internacionales” la normativa de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

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Solo estamos “colocando en una sola ley la normativa dispersa, por ejemplo, la Ley 004, la Ley 393, la Ley 262, la Ley 4072, en fin, varias leyes, porque al final de este año tendremos una evaluación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)” y no queremos volver a entrar como país en su “lista gris o negra”, insistió.

Por tanto, según el diputado, no se está “incorporando nuevos tipos penales” y tampoco se está vulnerando la Constitución Política del Estado, “ni mucho menos se está entrando a temas particulares como el secreto bancario, la libre expresión o la censura previa, la persecución a sectores gremiales y otros”.

“Por eso lamentamos la desinformación que está haciendo circular la oposición en un ámbito netamente político. Por lo menos la bancada del MAS entiende los alcances y el espíritu de este proyecto de ley, pero la bancada de oposición, tanto de Comunidad Ciudadana (CC) como de Creemos, solamente está utilizando algunos argumentos como si fuesen nuevos cuando esta normativa ya estaba vigente desde 1997”, reiteró.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, y lo remitió al Senado.

El 20 de septiembre, Carlos Mesa, líder de CC, dijo que este proyecto de ley vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales, y “es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”.

El miércoles, Mesa volvió a referirse al tema y consideró que este proyecto de “ley contra enriquecimiento ilícito, que es inconstitucional, busca dotar al MAS de otro instrumento de persecución y chantaje” amenazando a los derechos de los gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, organizaciones no gubernamentales y otros sectores, por lo que, en su criterio, “no puede aprobarse ni permitirse”.

Creemos también está en contra de la iniciativa. Mientras, varios sectores ya expresaron su preocupación y algunos incluso advirtieron con asumir medidas de presión.