Asamblea tratará la abrogación del decreto de amnistía observado por el GIEI

El Decreto Presidencial de amnistía e indulto 4461 aprobado por el gobierno de Luis Arce, llegó a beneficiar a más de 1.000 personas que fueron procesadas por diferentes delitos durante el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Añez.

 

Asamblea tratará la abrogación del decreto de amnistía observado por el GIEI

 



Fuente: Brújula Digital  / La Paz

La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada para este jueves con el fin de tratar la abrogación del Decreto Presidencial de amnistía e indulto 4461 que benefició a procesados durante el gobierno de Jeanine Añez, documento que fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La convocatoria, según el documento difundido desde la Asamblea Legislativa, señala que la sesión empezará a las 14.00 y que la agenda señala que se considerará el Decreto Presidencial 4571, que abroga el decreto 4461.

El decreto 4461 fue cuestionado porque establece en el punto 1 del artículo 5 que se concede el beneficio de amnistía a las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Además, en el numeral 3 del artículo 8 ordena que se concede indulto para las “personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Se informó que este beneficio llegó a beneficiar a más de 1.000 personas que fueron procesadas por diferentes delitos durante el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Añez.

No obstante, el GIEI, en su informe conclusivo sobre los hechos violentos de 2019, consideró que “la amnistía, aunque haya sido concebida para atender a un legítimo reclamo de personas víctimas de persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de graves hechos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños”.

En este caso, el GIEI advierte que la amnistía o el indulto puede interferir de manera negativa en la obtención de la verdad y la justicia, además que puede “reforzar” la precepción de injerencia política del Gobierno en la administración de justicia.

El GIEI agregó que “desde la perspectiva de los derechos humanos, la amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal”.