El Gobierno retiró el proyecto de la ley Contra las Ganancias Ilícitas en medio de presiones populares y de sectores que cuestionaban el tratamiento de la norma
El Gobierno anunció el retiro de la ley Contra las Ganancias Ilícitas en medio de la presión popular de sectores como gremiales y transportistas que le exigen su anulación y no solo que se archive este proyecto que consideran atenta contra sus derechos.
La decisión generó diferentes reacciones, incluso de políticos de oposición que consideraban lo ocurrido como una derrota del partido de Gobierno, algo que para el analista Paul Coca no debería ser tomado como una victoria pues el MAS solo ha dado un paso atrás y «encontrará nuevas formas de establecer otros tipos de proyectos de normas similares, inclusive sectores o personas que le están haciendo sombras».
«El retiro (de la ley) que todavía no está formalizado, continúa legalmente el tratamiento se va a deber (principalmente) que cuando hay una movilización con un pliego petitorio, si el Gobierno no escucha ese pliego, siempre habrá mayores peticiones. El Gobierno, antes de que existen mayores peticiones y más sectores que pidan algo en las calles, es para evitar movilizaciones«, apuntó.
Considera que para el Gobierno significa un retroceso el no poder aprobar su normativa «teniendo mayoría legislativa, una capacidad de movilización y un control sobre los otros órganos del Estado; esto puede generar fisuras entre los que dicen que a la derecha no hay que darle nada y frente a los conciliadores«, apuntó.