El Gobierno nacional ha hecho una paralización en el tratamiento de la norma que ha ingresado en un periodo de socialización.
Fuente: Unitel
El viceministro de Justicia, Cesar Siles, abrió la posibilidad de que se pueda dar «un test de constitucionalidad» para el proyecto de ley Contra las Ganancias Ilícitas «y no solo a nivel académico». Adelantó que sugerirá al ministro de Justicia, Iván Lima, que la norma pueda ser, previamente a su promulgación, elevada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
«No estoy afirmando que tenga normas vulneratorias de derechos fundamentales o ejercicios de derechos, pero ante la duda frente a estas movilizaciones, que para mí son políticas, sería buena alternativa el poder hacer ese test de constitucionalidad», apuntó.
La autoridad considera que se ha generado un conflicto social «innecesario» frente a los cuestionamientos de diversos sectores sobre el proyecto de ley, pues «Bolivia tiene problemas importantes y este no es un problema estructural«, además que ya se ha hecho una paralización en su tratamiento.
Apuntó que detrás de las movilizaciones hay un interés político de la oposición y de «la derecha radical» por lo que espera que durante el espacio de diálogo y socialización que se ha abierto se puedan disipar dudas y encontrar puntos de encuentro con los disconformes.
