Andrés Gómez: La gente puede interpretar que la libertad de Zapata es legal, pero es injusta

El periodista y analista comparó que la justicia otorgó libertad condicional a una persona incurrió en graves delitos contra el Estado; pero que hay otros en la cárcel como Antonio Aramayo que no se beneficia de una medida similar pese a que los delitos son menores.

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El periodista y analista político Andrés Gómez manifestó que la decisión judicial de otorgar libertad condicional a Gabriela Zapata “puede ser legal”, pero que la interpretación que es muy probable que la gente dé es que “no hay justicia”.



Comparó el caso Zapata que fue sentenciada por los delitos de falsedad ideológica, uso instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa; con la situación legal del exdirector del Fondo Indígena, Antonio Aramayo, condeado a cinco años y acusado de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, está detenido desde 2015.

“Puede que sea legal la libertad condicional de Gabriela Zapata, pero la interpretación que es muy probable que haga la gente es que no hay justicia”, declaró el también abogado, después que en las últimas horas se conoció que la justicia dictó la “libertad inmediata” de la mujer.

Señalo que, sobre Zapata, la expareja del expresidente Evo Morales, pesa la acumulación de 50 millones de dólares, según las informaciones, en poco tiempo y sin sustentar ¿cómo acumuló tanto dinero?, un tema que quedó sin esclarecer.

Recordó que se incrustó en el poder, ejerció una función que no le correspondía, además de ejercer influencias para beneficiar a una empresa china CAMC con siete contratos millonarios, de la que formó parte como gerente.

Se “puede pensar que esta es la justicia boliviana que una persona que roba al Estado, que hace tráfico de influencias, que es parte de una asociación delictuosa y de legitimación de ganancias ilícitas” cumple parte de su condena y se beneficia de libertad condicional, dijo en la red Unitel.

Sin embargo, hay otra gente que está en la cárcel por cargos menores, pero no se beneficia de una libertad para defenderse en libertad, como es el caso de Antonio Aramayo, el exdirector ejecutivo del Fondo Indígena.

“Que está preso desde hace cinco años o seis años por delitos menores como incumplimiento de deberes que no es lo mismo que robarle al Estado (…).  Está en la cárcel por haber denunciado corrupción”, detalló.

En mayo de 2017, Zapata fue condenada a 10 años de prisión por los delitos antes citados. En este caso fue acusada de sostener reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social, que dependía del Ministerio de la Presidencia sin ser funcionaria pública.

La mujer hacía uso de los bienes del Estado alegando tener influencias en altas esferas del gobierno de Evo Morales; el caso fue un escándalo pues utilizando su exrelación con el exmandatario y otros ministros de ese entonces.

Por su parte, Eduardo León que fue abogado de Zapata en toda la primera etapa del escándalo que involucró incluso a un niño al que se le hizo pasar como hijo del expresidente Evo Morales y que posteriormente la justicia determinó su “inexistencia”, sostuvo que Zapata no fue procesada por muchos otros delitos.

“Existía una verdad material que ha sido medianamente sopesada por la justicia en estos procesos”, sostuvo, al señalar que debieron estar involucradas otras personas vinculadas al poder, pero que “desordenaron el proceso” de manera deliberada.

“La verdad material que muchos sabemos, pero lamentablemente la justicia, los fiscales de manera deliberada se encogieron de hombros y dejaron pasar muchos temas”, detalló.

Observó que el Estado no ha tenido el cuidado de juzgarla por todos los delitos que involucraban a otras personas y que tampoco hubo el cuidado de que de estas personas se hagan anotaciones preventivas de sus bienes.

“De los cerca de 500 millones de dólares que ha involucrado el tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito, Bolivia no va a recuperar ni el 1%, porque ese proceso de estos dineros mal habidos desviados a cuentas privadas no existió en el proceso”, cuestionó.

Asimismo, dijo que “ni el dinero con el que se compró la casa en la Rinconada, ni la casa ha sido incautada, ni el dinero ha sido tocado y es cerca de unos 800.000 dólares”, precisó.

Fuente: ANF

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